Editorial.
Siempre los derechos humanos han sido un tema importante en nuestro país, sin embargo hoy en día la ciudadanía se encuentra inconforme por el papel que ha realizado Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por ello mas de 90 organizaciones civiles, activistas y académicos, agrupados en el Comité Ciudadano para el Rescate de la CNDH, solicitaron a la Cámara de Diputados el inicio de un juicio político contra el ombudsman Raúl Plascencia, a quien acusan de omisiones y de usar al organismo para desprestigiar políticamente a personajes e instituciones.
Por su parte voceros de diferentes agrupaciones como Eduardo Gallo, Alberto Athié y Valentina Peralta, anunciaron la campaña #NoMasConPlascencia, con la que pretenden evitar que Plascencia Villanueva se reelija como titular de la CNDH en el proceso de renovación previsto para octubre próximo.
También se unió la presidenta de alto al secuestro, Isabel Miranda de Wallace, quien ha declarado que en México existen innumerables violaciones a los derechos humanos y que el actual presidente de la CNDH ha actuado con tibieza o guardado silencio de los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país en materia de derechos humanos.
Los activistas han exteriorizado en diversos foros que no solo se han violado los derechos humanos de las víctimas, sino también de sus familiares porque los han dejado en estado de indefensión.
De igual forma, se debe mencionar que los temas que aquejan a la ciudadanía no han sido solucionados, por ejemplo están los cerca de 70 mil asesinatos cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando anunció su “guerra contra el narcotráfico”; los miles de migrantes víctimas de secuestro, desaparición, extorsión, trata y reclutamiento del crimen organizado, así como los desplazamientos obligados por la violencia, con saldo de “1.6 millones de víctimas”.
A eso se le suma la masacre de los 72 migrantes en san Fernando, Tamaulipas; las reformas constitucionales que atacan los derechos reproductivos de las mujeres sobre todo en la red de corrupción y trata de blancas, las 22 ejecuciones en Tlatlaya que es una de las mas serias masacres de la historia de México.
El utilizar a la CNDH “para la satisfacción de intereses personales”, apuntaron los demandantes, “ha generado un desprestigio, desconfianza y grave incertidumbre hacia una de las instituciones más importantes en la promoción y defensa de los derechos humanos de las víctimas y en general de todos los que habitamos este país”.
Entre los firmantes del documento destacan los académicos Sergio Aguayo, Denise Dresser, los defensores Rocío Culebro, Edgar Cortez, Mario Patrón, Alejandro Solalinde y Consuelo Morales, así como decenas de organizaciones sociales del Distrito Federal, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Morelos, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Puebla, Colima, Querétaro, Sinaloa y San Luis Potosí, así como la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad.
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