El exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, junto al abogado Gustavo García, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) en contra de la Senadora Xóchitl Gálvez, quien busca ser candidata del Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales de 2024. La denuncia incluye cargos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias.
Según Romo, durante el periodo en que Gálvez fue Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo (2015-2018), al menos dos inmobiliarias, Distrito Polanco y One Marina Park de Simetric Grupo Inmobiliario, recibieron permisos de construcción y posteriormente contrataron a las empresas de la Senadora, High Tech Services y Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), por un monto de 70 millones de pesos.
El exfuncionario morenista asegura que existe un conflicto de interés ya que Gálvez otorgó los permisos y luego sus empresas fueron contratadas, señalando hasta 14 desarrollos inmobiliarios implicados en la trama.
El abogado García Arias explica que Gálvez, siendo Jefa Delegacional, estaba obligada a verificar que los desarrollos inmobiliarios cumplieran con la ley y pudo haber declarado su conflicto de interés, pero no existe registro de que lo haya hecho, lo que acredita su ocultamiento del conflicto.
El exalcalde mencionó que entre cuatro y cinco exfuncionarios de la demarcación podrían ser citados a declarar por su implicación en los hechos.
Por su parte, Gálvez ha sido señalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas, quien ha asegurado que empresas vinculadas a la Senadora obtuvieron ingresos de contratos con el Gobierno federal.
Por su parte, Gálvez ha sido señalada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas, quien ha asegurado que empresas vinculadas a la Senadora obtuvieron ingresos de contratos con el Gobierno federal.
Una investigación publicada por SinEmbargo indica que en sus declaraciones patrimoniales, Gálvez no declaró que su hija y su empresa OMEI fueran contratistas del Gobierno federal, lo que ha generado más controversia en torno a las acusaciones de corrupción.
La denuncia presentada por Romo y García busca esclarecer los hechos y se basa en pruebas de los depósitos hechos por Simetric Group, lo que podría implicar un cierre de círculo en los contratos y conflictos de interés señalados. El caso sigue en curso y se espera que otros funcionarios sean llamados a declarar para aportar información relevante a la investigación.
