Julio Gálvez.
Una grave crisis en el sistema de justicia de Hidalgo ha salido a la luz después de que la jueza Ivón Ruiz Cerón, con 23 años de experiencia en el sistema de justicia para adolescentes, presentara su renuncia y un amparo contra el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), alegando violación de sus derechos y los de su hija de ocho años.
El drama comenzó el 15 de marzo pasado cuando la Secretaría General del TSJH notificó a la jueza Ruiz que debía dejar su cargo como jueza de justicia para adolescentes y asumir inmediatamente el rol de jueza de ejecución para adultos en Ixmiquilpan, una ciudad ubicada a 90 kilómetros de distancia de donde se encontraba laborando.
La situación se tornó aún más alarmante dado que Ruiz no tenía experiencia ni conocimientos para desempeñar esta nueva función. Como explicó, "es muy diferente el sistema de justicia para adolescentes al de ejecución para adultos", y el TSJH le brindó escasamente once horas y media para "cambiar su vida" y familiarizarse con su nuevo cargo.
El temor de Ruiz a cometer omisiones debido a la falta de conocimiento en los procesos para adultos era palpable. Su amparo reflejó un patrón preocupante en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, en el que por cuestiones políticas jueces son asignados a áreas en las que carecen de experiencia, poniendo en peligro el acceso adecuado a la justicia para los ciudadanos.
Agravando la situación, al llegar a Ixmiquilpan, Ruiz se enteró de que no solo tendría que manejar casos penales de ese municipio, sino también de otras ciudades distantes en el circuito judicial, como Jacala y Huichapan.
La magistrada presidenta del TSJH, Rebeca Stella Aladro Echeverría, presumía de una "política de puertas abiertas" en el Poder Judicial de la entidad, pero según Ruiz, esto solo se trata de demagogia política. A pesar de la solicitud de una audiencia para abordar su situación, la magistrada nunca aceptó reunirse con ella.
La negativa de Aladro a escuchar a Ruiz la llevó a presentar un amparo ante la justicia federal, tras lo cual Ruiz tomó la drástica decisión de renunciar a su cargo el 2 de octubre. Según sus palabras, "tal parecía que por haber interpuesto el amparo, me convertí en enemiga del Poder Judicial".
El temor de Ruiz a cometer omisiones debido a la falta de conocimiento en los procesos para adultos era palpable. Su amparo reflejó un patrón preocupante en el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, en el que por cuestiones políticas jueces son asignados a áreas en las que carecen de experiencia, poniendo en peligro el acceso adecuado a la justicia para los ciudadanos.
Agravando la situación, al llegar a Ixmiquilpan, Ruiz se enteró de que no solo tendría que manejar casos penales de ese municipio, sino también de otras ciudades distantes en el circuito judicial, como Jacala y Huichapan.
La magistrada presidenta del TSJH, Rebeca Stella Aladro Echeverría, presumía de una "política de puertas abiertas" en el Poder Judicial de la entidad, pero según Ruiz, esto solo se trata de demagogia política. A pesar de la solicitud de una audiencia para abordar su situación, la magistrada nunca aceptó reunirse con ella.
La negativa de Aladro a escuchar a Ruiz la llevó a presentar un amparo ante la justicia federal, tras lo cual Ruiz tomó la drástica decisión de renunciar a su cargo el 2 de octubre. Según sus palabras, "tal parecía que por haber interpuesto el amparo, me convertí en enemiga del Poder Judicial".
En medio de este escándalo, surgen preocupaciones más profundas sobre la independencia del sistema de justicia en Hidalgo, ya que la Constitución establece textualmente que el gobernador nombra a los magistrados, lo que plantea serias dudas sobre su imparcialidad en asuntos políticos y judiciales. El artículo 94 de la norma fundamental hidalguense confiere al gobernador la facultad de designar a los magistrados, lo que plantea una clara preocupación en términos de separación de poderes. Esta situación crea un escenario propicio para la influencia política en la selección de los jueces, lo que debilita su imparcialidad y compromete la integridad del poder judicial.
Asimismo, otro de los problemas que han politizado la justicia en Hidalgo es la falta de autonomía presupuestaria del poder judicial con respecto al poder ejecutivo, ya que en la actualidad los salarios de los jueces y diversas acciones del Tribunal Superior de Justicia, dependen del ejecutivo, por lo que es de vital importancia para la independencia y la imparcialidad del sistema judicial este tema, toda vez que está autonomía garantizaría que los órganos jurisdiccionales de Hidalgo puedan funcionar de manera efectiva, sin estar sujetos a presiones políticas o influencias indebidas.
Estos eventos también han arrojado luz sobre la velocidad y la falta de transparencia en las decisiones judiciales, incluyendo casos como el del diputado del Partido del Trabajo, Edgar Dañu, el cual fue juzgado de la noche a la mañana, así como la falta de vinculación a proceso de un violador de niñas en Zimapán, un asunto que ha suscitado controversia debido a presuntas conexiones políticas en el actual gobierno, toda vez que la presidenta del tribunal antes era priista (con registro en el PRI) y ahora es morenista.
En este orden de ideas, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 establece que una sociedad sin garantía de derechos y sin separación de poderes carece de una verdadera Constitución. La separación de poderes es esencial para preservar el equilibrio y la imparcialidad en un sistema democrático.
En el caso de Hidalgo, la falta de independencia judicial y el sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo amenazan la vigencia de los derechos ciudadanos y debilitan el funcionamiento democrático.
