La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión unánime al desestimar por improcedente el amparo presentado por el gobierno de Chihuahua en la gestión de Javier Corral. Este amparo buscaba mantener vigente una acusación de peculado relacionada con el presunto desvío de 250 millones de pesos en el caso conocido como Operación Safiro, imputado a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI.
La votación unánime de los cuatro ministros presentes, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar y Juan Luis González Alcántara, respaldó el sobreseimiento del juicio de amparo impulsado por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo de Chihuahua. Este juicio se había interpuesto en contra de una sentencia emitida en mayo de 2018 que favoreció al exmiembro del Comité Ejecutivo del PRI.
El caso, resuelto bajo el expediente 921/2019, fue motivo de discusión en la Primera Sala, ya que la ministra Alana Margarita Ríos Farjat no participó en la sesión. La propuesta de revocar la sentencia que benefició a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se basó en el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la acusación de peculado, ya que Gutiérrez no era un servidor público, lo que imposibilitaba atribuirle dicho delito.
El caso tiene raíces en el gobierno de Javier Corral, que gobernó Chihuahua de 2016 a 2021. Durante su mandato, se descubrió la participación de miembros del PRI en desvíos de fondos destinados a salud y educación, a través de empresas ficticias y su presunto uso en actividades proselitistas durante 2015.
La desestimación del amparo también se vio influida por el hecho de que el Ministerio Público Federal se retiró de la acusación, argumentando que el gobierno de Chihuahua no proporcionó pruebas suficientes para sostener la acusación y que los testimonios presentados tenían contradicciones.
La resolución de la SCJN marca un punto culminante en un caso de alto perfil que ha estado plagado de controversias políticas y jurídicas, dejando en claro la necesidad de un escrutinio exhaustivo y una sólida base de pruebas en los casos de corrupción y peculado en el país.
