Jaqueline Sagaón

27 de abril de 2026

La revelación publicada el fin de semana por el corresponsal Steve Fisher en Los Angeles Times, replicada por Aristegui Noticias, Latinus, Vanguardia e Infobae, confirma lo que Washington había mantenido en reserva desde 2025: el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con visa para ingresar a Estados Unidos. La cancelación, ejecutada en silencio el año pasado, se inscribe en una operación diplomática que apunta directamente al partido en el poder y que ya ha alcanzado, según el conteo de Reuters, a más de 50 cuadros mexicanos, en su mayoría afiliados o cercanos a Morena.

Fisher, colaborador del Puente News Collaborative, contextualizó el dato con la reciente visita del embajador Ronald Johnson a Los Mochis, donde el diplomático condicionó la inversión estadounidense en México al combate frontal a la corrupción en términos inéditos para un mensaje consular. Rocha Moya ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con el Cártel de Sinaloa, pero la cancelación de su visa se ampara en la Sección 7031(c) del Departamento de Estado, un mecanismo administrativo que permite inhabilitar el ingreso de funcionarios extranjeros señalados por presunta corrupción o presuntas violaciones a derechos humanos sin acusación penal formal y sin notificación pública.

La concentración de los castigos en el partido oficialista no es accidental. Reuters reportó en octubre de 2025, con base en testimonios de tres exembajadores estadounidenses, que el universo de los más de 50 funcionarios sancionados está compuesto en su mayoría por legisladores y figuras de Morena, y que la cancelación de visas se ha convertido en la herramienta principal de presión política que Washington ejerce sobre la cúpula del partido. La administración Trump, articulada operativamente por Stephen Miller, subjefe de Gabinete de Políticas, y por Anthony Salisbury, exdirectivo de Seguridad Nacional, descartó los procesos de extradición tradicionales a favor de castigos administrativos rápidos, sin estándar probatorio penal y sin recurso público de defensa.

Antes de Rocha Moya, el caso más visible había sido el de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el de su esposo y operador político, Carlos Torres Torres, exdiputado y encargado de proyectos estratégicos en el estado. Ambos perdieron sus visas en mayo de 2025 en una operación documentada por la organización ProPublica, en un reportaje firmado por Tim Golden y replicado por Associated Press y Reuters. ProPublica reportó, citando fuentes internas estadounidenses, que el Departamento de Seguridad Nacional investiga presuntas operaciones transfronterizas de huachicol desde Texas hacia México en las que habría participado Torres junto con su hermano. La visa SENTRI del esposo de la gobernadora fue retirada físicamente por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en la garita de San Ysidro.

El listado de cuadros morenistas con visa cancelada no termina ahí. El rastreo documenta también al diputado morenista Mario Alberto López Hernández, retenido por agentes migratorios en el puente internacional de Brownsville; al alcalde morenista de Puerto Peñasco, Óscar Castro Castro; a la subsecretaria de Gobierno de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez; al esposo de la alcaldesa morenista de Mexicali, Luis Samuel Guerrero; y al exdelegado del Instituto Nacional de Migración Hernán José Vega Burgos, cuyo visado fue cancelado el 5 de febrero de 2025 tras señalamientos por una presunta red de explotación sexual, y quien pese a ello resultó electo como magistrado del Poder Judicial federal con el respaldo del oficialismo. A ellos se suma el alcalde de Nogales, Sonora, Juan Gim, también afín al oficialismo. La ofensiva ha alcanzado, en menor proporción, a figuras de la oposición —el exgobernador priista de Guerrero Héctor Astudillo Flores, quien confirmó el 15 de octubre en entrevista con Ciro Gómez Leyva que su visa fue cancelada el 31 de julio, y el precedente vitalicio del también priista Mario Plutarco Marín Torres, designado en diciembre de 2021 bajo la Sección 7031(c) por su papel en el secuestro y tortura de la periodista Lydia Cacho—, pero la dimensión estadística y la jerarquía política del castigo apuntan, sin ambigüedad, hacia Morena.

Sobre el listado documentado pesa además una operación paralela de filtraciones que ha revelado el alcance real del cerco. ProPublica destapó la existencia de un expediente de la DEA fechado en 2019 con aproximadamente 35 altos funcionarios mexicanos bajo escrutinio, y Reuters expuso después la circulación de las llamadas “narco-listas” asociadas al secretario de Estado Marco Rubio. En esas listas figuran los nombres del gobernador morenista de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presuntamente vinculado a redes de financiamiento ilícito de campañas desde 2018; del exgobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señalado en los informes oficiales de Derechos Humanos del propio Departamento de Estado por presunto hostigamiento al poder judicial federal; de la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román; del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila; del exgobernador de Morelos por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señalado por presuntas reuniones informales con miembros del crimen organizado; y del exdirector de la CFE en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Díaz, figura históricamente bajo desconfianza de la DEA por el caso del agente Enrique “Kiki” Camarena. La pieza más sensible políticamente aparece al final de esa cadena: Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena e hijo del expresidente, presuntamente mencionado en la “Lista de Levy” por contrabando de combustible y asignación opaca de contratos públicos. Su sola inclusión, al margen de que se traduzca en sanción formal, marca una frontera que la diplomacia estadounidense no había cruzado en seis años de presión sobre el oficialismo: tocar al núcleo familiar del fundador del movimiento.

La defensa institucional de Morena se ha sostenido sobre la negativa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado en sus conferencias matutinas que el gobierno mexicano carece oficialmente de información sobre las revocaciones, dado que se trata de medidas individuales que Washington sólo notifica al afectado. La fórmula es procedimentalmente correcta, pero deja al partido en el poder sin una respuesta institucional sobre el patrón de fondo: por qué la abrumadora mayoría de los sancionados —gobernadores en funciones, exgobernadores, legisladores en activo, alcaldes y operadores territoriales— pertenece a Morena, y por qué la línea de filtraciones avanza hacia el círculo familiar de quien sigue siendo el liderazgo moral del movimiento. La pregunta, hasta ahora, no ha sido contestada desde Palacio Nacional.

Lo que viene es la segunda fase. El propio Steve Fisher reveló en Los Angeles Times que la administración Trump prepararía el paso de la cancelación de visas a la presentación de acusaciones formales contra funcionarios mexicanos en cortes federales estadounidenses. La advertencia coincide con la renegociación del T-MEC prevista para 2026 y con el mensaje que el embajador Johnson dejó en Sinaloa al señalar que la inversión estadounidense fluye sólo cuando las condiciones son adecuadas. Para la cúpula de Morena, la línea entre la sanción migratoria y la imputación penal en cortes extranjeras quedó marcada esta semana en Los Mochis. El siguiente nombre en hacerse público, y sobre todo su lugar exacto dentro del organigrama del partido en el poder, depende ahora menos de la diplomacia mexicana que de la siguiente filtración en Washington.