Alonso Quijano
Tarija, Bolivia. El juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes en Bolivia después de que un tribunal en Tarija lo declaró en rebeldía al no presentarse al inicio del proceso judicial. El tribunal renovó la orden de captura y arraigo contra el exmandatario.
La audiencia, programada en el departamento de Tarija, tuvo que ser suspendida debido a la inasistencia del exmandatario. Horas antes, su equipo de defensa había anunciado que Morales no acudiría al proceso porque, según alegan, no fue notificado conforme a los procedimientos legales establecidos. Sin embargo, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, aseguró que sí se realizaron las notificaciones correspondientes.
La Fiscalía de Tarija sostiene que Morales tuvo una relación con una menor de 15 años y habría tenido una hija con ella en 2016, mientras ejercía la Presidencia boliviana. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó que el Ministerio Público reunió más de 170 elementos probatorios para sustentar la acusación durante el juicio oral, entre ellos 39 declaraciones de testigos. La investigación sostiene además que los padres de la presunta víctima habrían consentido la relación a cambio de supuestas prebendas y beneficios políticos otorgados por el entonces presidente.
Morales ya había sido convocado en oportunidades anteriores y había evitado presentarse ante la justicia. En enero de 2025, un juez de Tarija había dispuesto su aprehensión, arraigo y anotación preventiva de bienes, luego de que el exmandatario tampoco acudiera a declarar.
A pesar de la orden de detención, la captura de Morales representa un desafío para las fuerzas de seguridad. Según información disponible, el exmandatario se encuentra refugiado en la región del Chapare, una zona cocalera donde cuenta con el respaldo de seguidores que dificulta cualquier intento de detención.
Wilfredo Chávez, uno de los abogados del exmandatario, calificó el juicio como una “persecución política” y sostuvo que el proceso busca desviar la atención de la crisis económica y de las protestas sociales que enfrenta actualmente el país.
El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, declaró que el juicio queda suspendido mientras Morales no comparezca o sea presentado por la fuerza pública ante el tribunal. La Policía Nacional es, a partir de ahora, la instancia responsable de ejecutar la orden de captura.
La audiencia, programada en el departamento de Tarija, tuvo que ser suspendida debido a la inasistencia del exmandatario. Horas antes, su equipo de defensa había anunciado que Morales no acudiría al proceso porque, según alegan, no fue notificado conforme a los procedimientos legales establecidos. Sin embargo, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, aseguró que sí se realizaron las notificaciones correspondientes.
La Fiscalía de Tarija sostiene que Morales tuvo una relación con una menor de 15 años y habría tenido una hija con ella en 2016, mientras ejercía la Presidencia boliviana. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, confirmó que el Ministerio Público reunió más de 170 elementos probatorios para sustentar la acusación durante el juicio oral, entre ellos 39 declaraciones de testigos. La investigación sostiene además que los padres de la presunta víctima habrían consentido la relación a cambio de supuestas prebendas y beneficios políticos otorgados por el entonces presidente.
Morales ya había sido convocado en oportunidades anteriores y había evitado presentarse ante la justicia. En enero de 2025, un juez de Tarija había dispuesto su aprehensión, arraigo y anotación preventiva de bienes, luego de que el exmandatario tampoco acudiera a declarar.
A pesar de la orden de detención, la captura de Morales representa un desafío para las fuerzas de seguridad. Según información disponible, el exmandatario se encuentra refugiado en la región del Chapare, una zona cocalera donde cuenta con el respaldo de seguidores que dificulta cualquier intento de detención.
Wilfredo Chávez, uno de los abogados del exmandatario, calificó el juicio como una “persecución política” y sostuvo que el proceso busca desviar la atención de la crisis económica y de las protestas sociales que enfrenta actualmente el país.
El fiscal del caso, Luis Gutiérrez, declaró que el juicio queda suspendido mientras Morales no comparezca o sea presentado por la fuerza pública ante el tribunal. La Policía Nacional es, a partir de ahora, la instancia responsable de ejecutar la orden de captura.
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