Jaqueline Sagaón
22 de septiembre de 2026
No fue uno. Fueron cinco. Cinco recién nacidos murieron en apenas cinco días dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango. Tres fallecieron el 15 de septiembre, otro el día 18 y el quinto el 19. En la misma área hospitalaria fue detectada una bacteria. Y alrededor de lo ocurrido comenzaron a acumularse preguntas que, hasta este momento, nadie ha podido responder completamente.
Pero quizá el dato que más alarma no está solamente dentro de un laboratorio.
Está en el tiempo.
Según el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, el primer fallecimiento ocurrió el 15 de septiembre y él se enteró del caso hasta el domingo 20. Cinco días después.
Cinco días tratándose de una unidad de cuidados intensivos neonatales pueden ser una eternidad.
Villegas asegura que cuando el Gobierno estatal pretendió intervenir mediante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), personal del IMSS no entregó los expedientes clínicos de los recién nacidos. El mandatario calificó el manejo de la información como “muy hermético” y consideró grave que las autoridades estatales no hubieran podido revisar desde el comienzo lo que estaba ocurriendo.
La acusación es delicada.
Porque una cosa es que una investigación médica requiera prudencia y otra muy distinta sería impedir que una autoridad sanitaria conozca oportunamente un posible evento epidemiológico. Precisamente eso deberá aclararse ahora: quién sabía qué estaba sucediendo, desde cuándo lo sabía, qué protocolos fueron activados y por qué Coprised no tuvo acceso inmediato a los expedientes, como sostiene el gobernador.
Mientras tanto, hay cinco cunas vacías.
El IMSS ha confirmado los fallecimientos y también el hallazgo de una bacteria sensible a los antibióticos que normalmente se utilizan en el hospital. Sin embargo, existe un dato fundamental que no debe perderse entre titulares y versiones: hasta ahora no se ha demostrado que esa bacteria haya provocado las cinco muertes.
El propio Instituto ha señalado que la presencia del microorganismo, con la información disponible, no explica por sí sola los fallecimientos. Tampoco ha informado públicamente qué bacteria fue identificada ni ha establecido una relación causal entre el microorganismo y las cinco defunciones.
Por eso, hablar desde ahora de “los bebés que murieron por una bacteria” sería adelantarse a la investigación.
Lo que sí existe es una coincidencia suficientemente grave para encender todas las alarmas sanitarias: cinco recién nacidos fallecieron dentro de la misma UCIN en un periodo extraordinariamente corto y durante la vigilancia epidemiológica fue localizado un microorganismo.
La reacción posterior confirma la dimensión del problema.
El IMSS cerró temporalmente la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales a nuevos ingresos, puso en marcha aislamiento preventivo, limpieza y desinfección exhaustiva, vigilancia de contactos y nuevos cultivos. Según la institución, los cultivos posteriores han resultado negativos y desde que se aplicaron las medidas de contención no se ha identificado una nueva exposición. El Seguro Social también sostiene que sus verificaciones no han encontrado carencias de insumos que impidan realizar adecuadamente las labores de limpieza y desinfección.
Cofepris y autoridades sanitarias federales entraron entonces al escenario.
Personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la Dirección General de Epidemiología y otras instancias federales se trasladó a Durango para revisar expedientes, protocolos de atención, vigilancia epidemiológica y las medidas implementadas dentro del hospital.
Pero para las familias, una inspección administrativa no devuelve lo perdido.
Padres de los recién nacidos han denunciado falta de información y han reclamado explicaciones precisas sobre las causas de los fallecimientos. Algunos familiares dijeron públicamente que inicialmente recibieron explicaciones relacionadas con paros cardiacos sin que quedaran satisfechas sus dudas sobre lo que realmente ocurrió. El IMSS asegura que ya sostuvo reuniones con familias afectadas y que mantendrá comunicación con ellas mientras avancen las investigaciones.
Este martes 22 de septiembre el caso llegó hasta Palacio Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló desde temprano con el director general del IMSS, Zoé Robledo, y señaló que el funcionario se trasladaría a Durango para atender directamente el asunto. La mandataria aseguró que los fallecimientos ya son investigados y que las familias están recibiendo acompañamiento.
La intervención del director general del Seguro Social y de autoridades sanitarias federales puede ayudar a esclarecer lo ocurrido. Pero también confirma que esto dejó de ser un asunto exclusivamente hospitalario.
Hay preguntas demasiado importantes como para esconderlas detrás de tecnicismos.
¿Por qué murieron cinco recién nacidos en cinco días?
¿Existe un factor común entre los fallecimientos?
¿Qué bacteria fue localizada?
¿En qué lugar exactamente fue encontrada?
¿Estuvo presente en alguno de los bebés?
¿Se cumplieron los protocolos de control de infecciones?
¿Cuándo conocieron los directivos del hospital la existencia de un posible problema epidemiológico?
¿Por qué, según el gobernador, Coprised no recibió los expedientes cuando intentó intervenir?
Y quizá la pregunta más incómoda de todas: si el primer fallecimiento ocurrió el 15 de septiembre, ¿se pudo hacer algo antes para evitar que la historia terminara con cinco familias esperando explicaciones?
Todavía no existen elementos para señalar responsables ni para afirmar que una infección hospitalaria provocó las muertes. Hacerlo sería irresponsable.
Pero tampoco puede normalizarse que cinco recién nacidos fallezcan en una misma unidad durante cinco días y que una autoridad estatal asegure haberse enterado del problema cuando prácticamente todo había ocurrido.
La responsabilidad de Cofepris, del IMSS y de las autoridades investigadoras ahora es reconstruir cada hora de esos cinco días.
No basta con identificar una bacteria.
No basta con decir que se están revisando protocolos.
No basta con limpiar una unidad y cerrar temporalmente sus puertas.
Las familias tienen derecho a conocer qué pasó con sus hijos, y la sociedad tiene derecho a saber si hubo una contingencia inevitable, una infección hospitalaria, una falla en los procedimientos o alguna omisión que pudo haber cambiado el desenlace.
Porque detrás de los comunicados no existen cinco números dentro de una estadística sanitaria.
Existieron cinco bebés.
Y hoy existen cinco familias que entraron a un hospital buscando que sus hijos sobrevivieran y salieron de él esperando una respuesta que el Estado todavía les debe.
