#FueMentiraHistórica.
Por Jorge Montejo.
A 20 días del aniversario de la masacre de Ayotzinapa, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado un informe en el que se cuestiona la versión oficial del gobierno mexicano. Lo anterior en base a un peritaje el cual sostiene, que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Es importante mencionarse que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido durante este tiempo una "versión histórica" sobre el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero; sin embargo, el grupo de expertos aseguró que "No hay evidencias de que un fuego de esa magnitud haya ocurrido".
La CIDH teme pérdida de pruebas sobre desaparecidos en México.
En sus cerca de 550 páginas, el grupo independiente de expertos critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un "elemento clave" que no ha sido considerado por la PGR: un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.
Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen, ya que la PGR concluyó que, la noche del 26 de septiembre pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala mientras tomaban cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas.
Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes -conocidos por su beligerante ideología de izquierda- a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival.
Siempre según la PGR, los cadáveres fueron incinerados en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.
Golpe al Gobierno.
El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.
El denominado “Informe Ayotzinapa” documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidos.
Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.
¿Deben renunciar funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano?
Parece que con el regreso del PRI a los pinos el panorama de México continua siendo el mismo que hace 50 años. En todos los rincones del país continuamos observando episodios donde la represión de estudiantes, las matanzas, la corrupción política, la impunidad, el hambre, la pobreza, las crisis económicas y el control de los medios de comunicación se hacen presentes; a decir verdad, estamos peor que antes, poco hemos cambiado.
Independientemente del partido político que se encuentre en el poder, en los últimos años en nuestro país se han incrementado de forma alarmante el numero de homicidios, secuestros y desapariciones forzadas de personas a consecuencia de violentas pugnas entre poderosas organizaciones delictivas que compiten por el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas lucrativas, como la trata de personas.
Sin embargo, ante la crisis de inseguridad que se vive, el gobierno mexicano ha tomado medidas precipitadas que sólo han generado un clima de caos y temor que predomina en varias regiones del país. En pocas palabras, el combate contra la delincuencia organizada ha provocando un fuerte incremento del número de homicidios, torturas y otros abusos por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Gracias al clima de violencia que ha ocasionado nuestra clase política, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, han alzado sus voces en contra de la inseguridad, convirtiéndose de esta forma en blancos del Estado mexicano y de organizaciones delictivas que se han apoderado del gobierno.
En términos generales, gracias a la incapacidad de nuestros gobernantes, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el negocio de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder, es decir, apoderarse del Estado imponiendo políticos dentro del gobierno como sucede en Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca y otras entidades federativas.
Parece irreal, pero la masacre de Ayotzinapa destapo la cloaca, evidenció que el gobierno mexicano y el crimen organizado operan conjuntamente, de hecho la ONU e infinidad de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos han emitido diversas recomendaciones en contra del gobierno mexicano, ya que ante la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el caso Tlatlaya, la masacre de Apatzingán y las decenas de fosas que se han descubierto a lo largo del país, resulta preguntarnos: ¿Cuantas personas desaparecidas yacerán en los suelos de México?
Según el informe de Human Rights Watch, titulado: “Ni Seguridad, Ni Derechos", México ocupa el segundo lugar mundial en desapariciones forzadas de personas. En nuestro país, cientos de ciudadanos en su mayoría periodistas y activistas políticos, han desaparecido de forma inexplicable en los últimos 15 años, y en ninguno de los casos el Estado mexicano ha encontrado a los culpables. Este organismo internacional asegura tener información concreta, detallada y verosímil sobre la participación de funcionarios públicos en este tipo de conductas delictivas.
Conforme a lo anterior y ante el fracaso del sistema de justicia, México se ha convertido en el segundo país con el mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de Colombia, evidenciándose de esta forma que el gobierno mexicano esta coludido con los criminales, toda vez que nuestros políticos han obstaculizado cualquier tipo de reforma “que regule en su totalidad todos los aspectos de la desaparición forzada de personas”, ya que aunque el Senado aprobó la enmienda al artículo 73 constitucional, para que los legisladores tengan la facultad de aprobar leyes sobre la materia, la realidad es que esa medida no solucionará la problemática cuando a través de la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le impide a los jueces del fuero común desaplicar normas cuando hay violaciones a derechos humanos.
¿Entonces que hace el gobierno para remediar la situación? Sobrecargar la opinión pública de información, gobernar por medio de apariencias mientras cientos de mexicanos se convierten en víctimas de la represión y los balazos. Como dice Al Gore en su libro “El Ataque Contra la Razón”, para desviar la atención de las matanzas, nuestros políticos se encuentran generando distractores, difundiendo el miedo, empantanando las investigaciones y fabricando soluciones mediáticas.
En efecto estimado lector, mientras los mexicanos somos víctimas de la delincuencia que se apodera de las instituciones, nuestros políticos se encuentran haciendo uso de la doctrina del shock, es decir, tratan de causarle un impacto psicológico a la población a través del miedo con el fin de distraerla de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en México.
Sin embargo, la sorpresa ha sido que el pueblo ya no cree en los distractores del gobierno, el PRI quiso regresar al poder utilizando las mismas practicas setenteras de manipulación mental que se ejercen a través de la televisión. Los dinosaurios anunciaron con bombo y platillos que habían cambiado, pero los problemas que vivimos son el resultado del gobierno de apariencias que se le ha recetado al pueblo, ya que lamentablemente detrás de las imágenes falsas del México oficial se asoma un país en ruinas ante los ojos del mundo.
México, vive una profunda crisis social, la incapacidad de nuestros políticos ha sido tan grande que los grupos delincuenciales han logrado filtrarse hasta las más altas esferas del poder. Como alguna vez se dijo en esta columna, los políticos ligados a la delincuencia organizada terminarán arrastrando a Enrique Peña Nieto, a un abismo del que no podrá salir, los cadáveres encontrados en fosas a lo largo de todo el territorio mexicano, son la evidencia más clara de que en México se cometen crímenes contra la humanidad, por lo que la clase política que actualmente nos gobierna en algún momento deberá responder por sus acciones y omisiones ante tribunales internacionales, ya que estas conductas delictivas son imprescriptibles.
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