El 20 de septiembre de 2017, venció la fecha para que el Congreso del Estado de Hidalgo, enviara la lista de 10 candidatos para ocupar el cargo de Fiscal especializado en delitos de Corrupción al Gobernador Omar Fayad Meneses, quién posteriormente tendrá que elegir una terna para que el Poder Legislativo designe al vencedor.
Entre la lista de los 10 candidatos carnales que fue filtrada a este semanario destacan en su mayoría funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y del Tribunal Electoral, los cuales fueron palomeados por la Junta de Gobierno del Congreso, para que después PRI, PRD y PANAL avalaran a los candidatos, despreciando totalmente a la ciudadanía, ya que ni un sólo perfil ciudadano pudo aparecer en el listado.
Sin embargo, es importante mencionar que la Junta de Gobierno del Congreso, es quien menos calidad moral tiene para intervenir en el proceso de selección del fiscal carnal hidalguense, ya que de acuerdo con el portal de acceso a la información pública, la Diputada María Luisa Pérez Perusquía, a parte de estar cobrando como Presidenta, continua dada de alta en la Secretaria de Educación Pública como docente de educación secundaria, posiblemente percibiendo la humilde cantidad de 25 mil 728 pesos al mes como comisionada, según lo indica la nómina magisterial de la SEP.
Así mismo, no debe pasar desapercibido que Pérez Perusquía se encontraba impedida para ser diputada, ya que el artículo 32, Fracción III de la Constitución de Hidalgo, establece que no pueden ser electos diputados: "los servidores públicos de la federación", y la actual Presidenta del Congreso, al tener plaza federal de docente debió no aceptar el cargo, por lo que si no existió ética al respecto, pues seguramente no existirá para que funcione correctamente el sistema estatal anticorrupción.
Así mismo, no debe pasar desapercibido que Pérez Perusquía se encontraba impedida para ser diputada, ya que el artículo 32, Fracción III de la Constitución de Hidalgo, establece que no pueden ser electos diputados: "los servidores públicos de la federación", y la actual Presidenta del Congreso, al tener plaza federal de docente debió no aceptar el cargo, por lo que si no existió ética al respecto, pues seguramente no existirá para que funcione correctamente el sistema estatal anticorrupción.
Ante esta situación, resultará interesante la postura del Gobernador Omar Fayad respecto a la lista de los 10 fiscales carnales del Congreso y como dejaron completamente fuera a todos los perfiles ciudadanos que buscaban participar en el proceso para privilegiar únicamente a funcionarios y ex funcionarios del gobierno.
________________________________
________________________________
De acuerdo al derecho constitucional de réplica, los interesados pueden manifestar lo que a su derecho convenga a este semanario para que sea publicado.
.png)
.jpg)