Se trata del decreto 86 emitido el 7 de mayo de 1993 por el entonces gobernador del Estado de México, Ignacio Pichardo Pagaza, cuando solo le quedaban 120 días para dejar el cargo, lo cual le garantizó tener a él y a los exgobernadores subsecuentes, una pensión en especie que reporta varios millones de pesos anuales, con cargo al erario público. El problema fue que desde entonces, este decreto se había operado en secreto.
Este decreto señala en su artículo primero que quienes hayan ocupado el cargo de gobernador en el Estado de México, tienen derecho a la adscripción de un “jefe de ayudantes” con categoría de subdirector; un “chofer ayudante”, con categoría de chofer del Secretario General de Gobierno; así como “tres ayudantes” con categoría de oficiales de seguridad pública.
El mismo artículo indica que también podrán recibir la asignación de “una secretaria”, con categoría de secretario particular de un secretario de gabinete.
El pago de esta nómina, es con cargo al gobierno del Estado de México, a través de la secretaria de finanzas. En la actualidad el estado de México cuenta con siete exgobernadores sin contar en esta lista a Enrique Peña, todavía presidente de la República: Alfredo Baranda García, Ignacio Pichardo Pagaza, Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y Eruviel Avila.
De estos solo seis reciben actualmente el beneficio del decreto 86, pues de acuerdo a una solicitud de información 00543/SF/IP/2022 presentada a la Secretaria de Finanzas del gobierno mexiquense, “son seis los exgobernadores acreedores por derecho a los beneficios del Decreto”, señala la contestación proporcionada por la dependencia.
Por otra parte fuentes de la actual Legislatura, confirmaron que el decreto emitido por Pichardo Pagaza en 1993, sigue vigente.
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