La quiebra del IMSS exhibe el fracaso de las asociaciones público-privadas

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Ciudad de México, 10 de octubre de 2026 — La quiebra del IMSS y de IMSS-Bienestar ya no se mide sólo en medicinas que no llegan ni en trabajadores que bloquean calles. Ahora también se mide en la Bolsa. El 11 de septiembre, Fitch Ratings bajó a "AA+(mex)vra" y colocó en Observación Negativa la deuda con la que se financió el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Ese hospital lo construyó y lo mantiene un particular bajo un esquema de asociación público-privada. La baja llegó después de dos años de pagos tardíos documentados por otra calificadora. El contrato obliga al gobierno a pagar en diez días hábiles, pero desde que el hospital pasó a IMSS-Bienestar tarda en promedio 33.7 días.

El IMSS no usa la palabra quiebra. En su Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2025-2026, asegura tener "suficiencia financiera para operar durante los siguientes 10 años". La Jornada reseñó el documento el 10 de julio en una nota cuyo titular arranca así: "El IMSS, grave". Según esa nota, el mismo informe reconoce que sus ingresos "serán suficientes únicamente hasta 2031" y que a partir de entonces "prevé utilizar sus reservas". También admite que "desde 2036, se presentará un déficit actuarial". Traducido a la economía de cualquier hogar: la despensa alcanza para diez años, siempre y cuando a partir del quinto uno se coma los ahorros.

El hoyo más grande está en casa. Es el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los propios trabajadores del Instituto, cuyo pasivo asciende a 2.36 billones de pesos en valor presente. Según el mismo informe, la nómina de ese régimen crecerá 11.2 por ciento sólo este año, y los egresos totales del IMSS aumentarán 8.4 por ciento respecto de 2025.

La cuenta también la pagan los proveedores. Según publicó El Financiero el 30 de septiembre, Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), cifró la deuda del gobierno con el sector en "cerca de 14 mil millones de pesos actualmente", "sobre todo de IMSS-Bienestar, pero de otras entidades también". Resumió el efecto con una frase que cualquier derechohabiente entiende: "hay problemas en las entregas porque hay problemas de pago". Aun así, el 25 de septiembre la empresa estatal Birmex adjudicó el 85 por ciento de las claves de la compra consolidada de medicamentos para 2027 y 2028. El gobierno vuelve a pedir fiado en la tienda donde todavía no liquida la cuenta anterior.

De esta forma, IMSS-Bienestar, el organismo que atiende a la población sin seguridad social, "acumula pasivos con proveedores de medicamentos y de servicios integrados de 112 mil millones de pesos", y que su deuda "apunta a otro Pemex", ya que la petrolera debía 375 mil 120 millones de pesos a sus proveedores al cierre del primer trimestre de 2026. La comparación pesa: el 25 de agosto, Bloomberg publicó que los bonos de México ya cotizan como bonos basura tras el rescate de 130 mil millones de dólares a Pemex.

Ixtapaluca es la radiografía completa del modelo. El hospital funciona con un contrato de prestación de servicios: un particular lo construyó y lo mantiene disponible, y el Estado le paga una mensualidad. Para financiar el proyecto se colocaron en la Bolsa Mexicana de Valores certificados con clave DOIHICB 13 por mil 845 millones de pesos. Se emitieron en junio de 2013 y vencen en mayo de 2034. De acuerdo con HR Ratings, el contrato representa 646 millones de pesos anuales a precios de enero de 2026, es decir, más de 53 millones al mes.

El contrato obliga a pagar "dentro de los diez días hábiles siguientes" a la entrega de cada factura. El hospital se fusionó a IMSS-Bienestar por un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2023. Desde entonces el pago tarda en promedio 33.7 días naturales, según el reporte de HR Ratings del 30 de abril de 2026, que revisó el periodo de enero de 2024 a diciembre de 2025. Entre marzo de 2025 y febrero de 2026 llegaron once pagos de los trece esperados. En ese periodo, los ingresos del proyecto cayeron 13.1 por ciento, a 570.9 millones de pesos.

El indicador que vigilan los inversionistas es la razón de cobertura del servicio de la deuda. En 2025 bajó a 1.59 veces en mayo y a 1.56 veces en noviembre, cuando se habían proyectado 1.74 y 1.94. En su escenario de estrés, HR calcula que podría caer a 1.07 veces en noviembre de este año, por debajo del 1.10 que obliga a amortizar anticipadamente la deuda. HR ratificó en abril su calificación HR AAA (E); Fitch, en cambio, ya la bajó.

Es la paradoja de las asociaciones público-privadas a la mexicana: los contratos se firman a la medida de décadas y se pagan al ritmo de la tesorería. En los hechos, las APP se convirtieron en Asociaciones Para Posponer.

Nada de esto debería sorprender. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el IMSS abrazó el modelo como quien compra una sala en abonos: estrene hoy, pague después. Firmó contratos de asociación público-privada a 25 años para cuatro hospitales: García, Nuevo León; Tepotzotlán, Estado de México; Bahía de Banderas, Nayarit, y Tapachula, Chiapas. La promesa era ampliar su capacidad sin grandes desembolsos inmediatos.

Las letras chiquitas llegaron después. La empresa Prodemex levantó entre 2017 y 2020 los hospitales de Bahía de Banderas y Tapachula, que costaron 3 mil 372 millones de pesos. Según documentó El Universal en diciembre de 2023, el esquema preveía que el IMSS pagara por sus servicios un total de 21 mil 19 millones de pesos hasta 2043. Es más de seis veces lo que costó construirlos. Ninguna mueblería de abonos se atrevería a tanto.

Los otros dos ni siquiera se construyeron bajo ese esquema. En noviembre de 2019, La Jornada informó que el Presupuesto de Egresos de 2020 confirmaba la cancelación de los contratos de García y Tepotzotlán, de 260 camas cada uno. Estaban adjudicados a un consorcio integrado, entre otras empresas, por Grupo Constructor Marhnos. Por cada inmueble, el IMSS habría pagado rentas de cerca de 600 millones de pesos al año. Las empresas impugnaron la cancelación.

Luego vino la segunda fase del modelo: pagar para salirse. El 4 de octubre de 2023, Andrés Manuel López Obrador anunció que los dueños de los hospitales de Nayarit y Chiapas estaban "de acuerdo en que nos vendan las instalaciones". La Cuenta Pública 2025 del IMSS registra el desenlace. Un convenio modificatorio firmado el 27 de noviembre de 2024 fijó la terminación anticipada al 31 de diciembre de ese año, y en 2025 el Instituto sólo pagó pasivos, entre ellos el 15 por ciento restante de esa terminación. Saldo del experimento: de cuatro hospitales APP, dos se cancelaron con litigio de por medio y por los otros dos hubo que pagar para terminar el contrato antes de tiempo.

El sexenio pasado convirtió el desencanto en discurso. López Obrador llamó "leoninos" a los contratos de prestación de servicios de los penales federales, y en 2021 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que los había renegociado con una reducción de 15 por ciento.

El actual sexenio lo convirtió en paradoja. El 3 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. Ahí ofreció a la iniciativa privada un esquema distinto al de las antiguas APP, que a su juicio eran "muy abusivas del recurso público". En abril, el Congreso terminó de aprobar la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que abre la puerta a la "inversión mixta" con particulares. La Ley de Asociaciones Público Privadas de 2012 sigue vigente. Las APP no se fueron: ahora tienen un primo con nombre más presentable.

La pregunta para los inversionistas que hoy corteja Palacio Nacional es sencilla: ¿por qué confiar en un socio que firma a décadas y paga a 33.7 días lo que se comprometió a liquidar en diez días hábiles? La deuda de Ixtapaluca perdió la máxima calificación de Fitch cinco meses después de que el Congreso aprobó la nueva ley.

Mientras tanto, la crisis ya tomó la calle. Esta semana, trabajadores del IMSS protestaron en al menos 13 estados, entre ellos Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, Yucatán, Chiapas y Chihuahua. Exigen medicamentos, insumos y un aumento salarial de 10 por ciento. La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social pactó 2.9 por ciento directo al salario, y los trabajadores también piden destituir a su líder, Rafael Olivos Hernández. "Dos punto nueve, equivale a 80 pesos, para otras categorías 50 pesos y para categorías más abajo, son 30 pesos", explicó la enfermera Miroslava Vargas a diversos medios de comunicación. La reunión en la Secretaría de Gobernación terminó sin acuerdos. La dependencia alegó que no puede intervenir por el "principio de autodeterminación de los sindicatos".

En Pachuca, el viernes 9 de octubre, trabajadores de la Clínica 36 del IMSS bloquearon desde temprano el bulevar Felipe Ángeles, una de las vialidades más transitadas de la capital. Gritaban: "No te vayas a enfermar, no tenemos material". Al caer la tarde, la Policía Estatal intervino para retirar el bloqueo. El delegado del IMSS en Hidalgo, Jorge Luis Zendejas Villanueva, aseguró que la clínica tiene 95 por ciento de abasto y que la situación se regularizaría en una o dos semanas. Este sábado, los trabajadores sostuvieron un segundo día de protestas.

Ese mismo viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum arrancó en el hospital de Metztitlán, Hidalgo, una gira por las unidades de IMSS-Bienestar. Según anunció en la mañanera, la gira la llevará a los 24 estados donde opera el organismo: "Vamos a hacer una gira de aquí a diciembre". La protesta es del IMSS; la gira, de IMSS-Bienestar. Pero al organismo que tarda en promedio más de un mes en pagar las facturas de Ixtapaluca, la presidenta le ofreció algo que sí llegará puntual: su visita.

Lo que sigue tiene fecha. El 14 de octubre, según han anunciado el sindicato y el IMSS, los trabajadores serán consultados sobre el aumento salarial. En noviembre, el fideicomiso de Ixtapaluca hará el siguiente cálculo de cobertura, el mismo que HR Ratings, en su escenario de estrés, ubica por debajo del umbral de amortización anticipada. En 2031, según el propio IMSS, sus ingresos dejarán de alcanzar. La quiebra no se anuncia en una mañanera: se acumula en facturas vencidas, cupones bursátiles y bloqueos. Las asociaciones público-privadas llegaron como la fórmula para construir hospitales sin dinero. Terminaron como el mejor termómetro de un Estado que firma a 25 años y paga cuando puede.