La fortuna que amasó ilegalmente Genaro García Luna en México y el extranjero podría superar los 1 mil millones de dólares, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó que el exsecretario de Seguridad Pública federal orquestó una trama financiera para perder el rastro del dinero, similar a la que utilizan los grupos del crimen organizado.
Para ello, la red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, este último país donde se encuentra refugiado su subordinado Tomás Zerón de Lucio.
La investigación de la UIF arrojó que esa red de corrupción usó sobre todo a la empresa Nunvav, Inc, para obtener la mayoría de los contratos con el gobierno federal y posteriormente enviar los recursos a Tel Aviv; Curacao; Letonia; Panamá; China; Estados Unidos; y Bridgetown, Barbados. El destino favorito para ese dinero desviado del erario nacional era ese último paraíso fiscal.
De conformidad con las investigaciones, el dinero terminaba concentrándose en el sistema financiero estadunidense, en especial en Florida. En esa entidad, García Luna, su familia y sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida: caso 2021-021562-CA-01.
De esta forma, el fraude a la Hacienda Pública ocurrió con 30 contratos ilegales asignados desde los sexenios de Fox y Calderón en la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que dependían del propio secretario de Seguridad Pública; y en el sexenio de Peña, desde el Cisen y el OADPRS que dependían del ex secretario de gobernación Osorio Chong.
Además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones favorecieron a cuatro empresas: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.
Entre las pruebas que ha presentado la UIF, en nombre del Estado mexicano, se encuentra un rastreo pormenorizado de los movimientos financieros de García Luna y de otras siete personas como Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro, así como 44 empresas. Todos, identificados como parte de la red de corrupción del exfuncionario y aliado del Cártel de Sinaloa.
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