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Alonso Quijano.
El Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han iniciado una investigación formal contra el exministro y expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, así como otros funcionarios y exfuncionarios cercanos, por presuntos actos de corrupción, extorsión, enriquecimiento ilícito y otras conductas ilícitas.
La investigación, que ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y político, involucra a figuras prominentes como Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector general del Instituto de la Defensoría Pública Federal; Carlos Alpízar Salazar, exsecretario General de la presidencia de la Corte; y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, extitular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, entre otros.
Entre las irregularidades reportadas se encuentra la presunta vulneración de la autonomía e independencia de operadores del sistema de justicia con el fin de satisfacer intereses personales o de terceros. Se menciona que Zaldívar habría ejercido presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, prometiendo beneficios políticos, económicos o incluso amenazando con cambios de adscripción o procedimientos de responsabilidad administrativa.
Se señala una lista de más de 50 jueces y magistrados que, bajo supuesta extorsión o complicidad, habrían aceptado resolver asuntos en los sentidos indicados por Zaldívar y su grupo. Además, se menciona el presunto uso indebido de recursos del Poder Judicial, así como casos de violencia sexual y de género, y acoso laboral reportados en la denuncia.
Estas acusaciones han sacudido los cimientos del Poder Judicial mexicano y plantean serias interrogantes sobre la integridad y transparencia de sus instituciones. La investigación, que sigue en curso, promete revelar detalles adicionales sobre estas supuestas prácticas corruptas y sus implicaciones en el sistema judicial del país.
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