Alonso Quijano
1 de octubre de 2025
En el discurso oficial, el gobierno de la 4T presumió haber acabado con los factureros, igual que con el huachicol. Pero la realidad demuestra otra cosa: tan existen que, ahora, los jueces surgidos de la elección judicial de Morena ya hasta los protegen. El caso de Raúl Beyruti Sánchez, conocido como el “Rey Facturero”, es la muestra más descarada de cómo la narrativa anticorrupción se estrella contra la práctica de la impunidad selectiva.
Beyruti, prófugo de la justicia desde 2021 por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, había operado a través de su empresa GINgroup un entramado de factureras que dispersó más de 328 millones de pesos. La Fiscalía General de la República lo acusa de haber recibido en cuentas bancarias más de 4 millones de pesos de empresas fachada entre 2014 y 2017. Se trata de un caso emblemático de las operaciones ilegales que el propio presidente López Obrador juró erradicar de raíz.
Pero mientras la retórica prometía cárcel para los evasores, en Zacatecas el juez Rodolfo García Camacho —quien resultó electo nuevamente en el reciente proceso judicial organizado por Morena— concedió a Beyruti facilidades que parecen privilegios de otro mundo. En lugar de enfrentar el proceso tras las rejas, el empresario pudo comparecer por videoconferencia, esquivando la prisión preventiva oficiosa que por ley le corresponde. Para rematar, el juez bloqueó a su colega del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Nancy Selene Hidalgo, quien había ordenado encarcelarlo en el Penal del Altiplano.
El espectáculo judicial quedó en evidencia al día siguiente, cuando la jueza Hidalgo lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva, aunque reconoció estar imposibilitada de ejecutar la medida debido a la suspensión concedida por García Camacho. Es decir, el mismo sistema que juraba terminar con los privilegios hoy fabrica trajes a la medida para personajes acusados de desfalcar al fisco.
Las empresas implicadas en el caso, constituidas entre 2008 y 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y Ciudad de México, resultaron ser simples “empresas de papel”. Pero lejos de desmantelar de raíz estas redes criminales, el poder judicial en manos de Morena parece convertido en un escudo para quienes deberían estar tras las rejas.
El “Rey Facturero” no solo exhibe la hipocresía de un gobierno que se llena la boca con discursos de moralidad, sino también el verdadero rostro de la reforma judicial impulsada desde Palacio Nacional: jueces electos que ya empezaron a pagar favores, blindando a los personajes que dicen combatir. Otra mentira más, como el huachicol que nunca desapareció.
