#Investigación 🔬 | Julio Gálvez
09 de abril de 2026
México rompió el 8 de abril de 2026 su moratoria de facto contra el fracking. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la “Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética”, que contempla explotar gas no convencional mediante fracturación hidráulica en tres cuencas del país, contradiciendo su compromiso 75 de campaña y las promesas de su predecesor. El viraje responde a una dependencia estructural: México importa el 75% del gas natural que consume (6,800 millones de pies cúbicos diarios), casi en su totalidad desde Texas. El anuncio desató una crisis política con comunidades indígenas tének y nahua de la Huasteca, que enfrentan la amenaza directa de los polígonos petroleros Castaña y Maguey sobre 444,469 hectáreas de sistemas kársticos, bosque mesófilo y más de 1,500 cuerpos de agua. Un comité científico, que será presentado el 15 de abril, dispondrá de dos meses para dictaminar si existe algo como el “fracking sustentable”, un concepto que la comunidad científica, las ONG ambientalistas y las propias comunidades rechazan como greenwashing.
De “no va a haber fracking” a la apertura formal: cronología de un giro de 180 grados
La promesa era inequívoca. El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante 160,000 personas en el Zócalo a no usar “métodos de extracción que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”. Claudia Sheinbaum heredó esa postura: su plataforma de campaña incluyó como compromiso 75 la prohibición del fracking, y el 6 de diciembre de 2024 declaró textualmente: “No va a haber fracking y eso así se va a quedar.”
Sin embargo, ese mismo día, de forma hipócrita se presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que bajo eufemismos como “yacimientos de geología compleja” y “plays no convencionales” ya contemplaba la fracturación hidráulica. A lo largo de 2025, los mensajes del gabinete fueron contradictorios: el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, defendió la tecnología para nuevas reservas, mientras la secretaria de Energía, Luz Elena González, negaba recurrir al fracking en entrevistas con diversos medios.
La primera señal pública del viraje ocurrió el 19 de febrero de 2026, cuando Sheinbaum mencionó en la conferencia mañanera un “grupo de expertos” que evaluaría la producción de gas no convencional. La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) reaccionó de inmediato, calificándolo de “traición a lo que prometió durante su campaña”. Mientras tanto, un equipo de especialistas mexicanos llevaba cuatro meses viajando a Texas, California y Canadá para investigar tecnologías de extracción.
El anuncio formal llegó el 8 de abril de 2026, un día después de una reunión con el CEO de BlackRock. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum planteó la disyuntiva con claridad retórica: “¿Explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Porque tiene impactos ambientales.” Evitó deliberadamente pronunciar la palabra “fracking”, hablando de “explotación sustentable” y “tecnologías que no causen los daños de las primeras fracturas hidráulicas.” Las cifras presentadas por Pemex fueron ambiciosas: elevar la producción de 2,300 MMpcd actuales a 8,600 MMpcd para 2035, un incremento del 261%, con el gas no convencional aportando hasta 3,000 MMpcd adicionales.
El contexto legal es revelador: no existe prohibición legal del fracking en México. La iniciativa de AMLO para inscribir la prohibición en el artículo 27 constitucional fue desechada por la Cámara de Diputados en febrero de 2025 con un tecnicismo procesal. La moratoria que operó durante la 4T fue política, no jurídica.
La Huasteca como zona de sacrificio: kárstica, biodiversa y amenazada
La cuenca Tampico-Misantla, que abarca porciones de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, es una de las tres cuencas identificadas por Pemex para la extracción de gas no convencional. En su corazón se encuentra la Huasteca —hidalguense, potosina y veracruzana—, una región de extraordinaria riqueza natural asentada sobre formaciones kársticas de la Sierra Madre Oriental.
El geólogo Luis Eduardo Álvarez describe el subsuelo huasteco como “un queso gruyere”: roca caliza altamente porosa donde los líquidos se infiltran con facilidad extrema. Los acuíferos kársticos presentan tasas de flujo subterráneo de 0.5 a 7 millas por día, haciéndolos hipersensibles a la contaminación. Las formaciones geológicas de la región —el Sótano de las Golondrinas (512 metros de profundidad), las Cuevas de Mantetzulel, la Hoya de las Guaguas— evidencian un complejo sistema subterráneo interconectado que funciona como arteria hídrica de toda la zona.
Los polígonos Castaña y Maguey, asignados a Pemex dentro del Plan Estratégico, se extienden sobre 444,469 hectáreas en municipios de las tres Huastecas. Según el Estudio de Impacto Social de la propia SENER, dentro de estos polígonos existen 200 cuerpos de agua perennes y 1,306 intermitentes —un total de 1,506 cuerpos de agua amenazados. Ríos como el Valles, Tampaón, Huichihuayán, Axtla, Moctezuma y Pánuco quedarían en zona de riesgo directo. Cada pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua mezclados con más de 600 sustancias químicas tóxicas; en la cuenca Pérmica de Texas, los “monster fracs” actuales consumen hasta 151 millones de litros por pozo.
La región alberga extensiones de “bosque mesófilo de montaña”, uno de los ecosistemas más amenazados de México. Aunque cubre menos del 1% del territorio nacional, contiene 231 especies de anfibios (118 endémicas), 310 de reptiles (146 endémicas), 547 de aves (72 endémicas) y 257 de mamíferos (85 endémicas). Muchos endemismos son microendémicos, con distribuciones geográficas reducidísimas. Este bosque cumple además una función hidrológica crítica: capta agua de lluvia y niebla, regulando los flujos hídricos de toda la Huasteca.
Dentro de los polígonos habitan 1,834 localidades rurales y 18 urbanas con población predominantemente tének (huasteca) y náhua. Solo en la Huasteca Potosina, 367 comunidades indígenas se encuentran en áreas de afectación directa. Ninguna ha sido consultada.
924 pozos sin regulación: el fracking que México niega pero practica
La fracturación hidráulica no es nueva en México. Según datos obtenidos por “CartoCrítica” mediante solicitudes de transparencia (folio 1857500000714 a Pemex Exploración y Producción), al menos 924 pozos fueron fracturados entre 2003 y 2014 sin regulación específica ni estudios de impacto ambiental publicados. La distribución geográfica revela la concentración del problema: 349 pozos en Veracruz (172 en el municipio de Papantla, zona de la cultura totonaca), 233 en Puebla, 182 en Nuevo León, 100 en Tamaulipas, 47 en Coahuila y 13 en Tabasco.
La cifra, sin embargo, es conservadora. Un dato posterior de CartoCrítica (2019) elevó el conteo a 7,879 pozos fracturados, mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó 35,979 fracturas hidráulicas en 7,840 pozos de 68 municipios en 7 estados hasta 2019. Un documento de la propia SENER/CNH menciona 1,323 pozos fracturados solo en el Paleocanal de Chicontepec para 2010, contradiciendo la cifra de 924 para todo el país y evidenciando la opacidad gubernamental sistemática.
Los pozos fueron operados por Pemex con servicios subcontratados a Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes. En Papantla, la CORASON (Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan) documenta 2,055 pozos, de los cuales el 56.8% fueron fracturados, con dos décadas de afectaciones: enfermedades cutáneas, respiratorias y cáncer. El 4 de junio de 2022, un ducto de Pemex explotó en la zona y provocó un incendio de cuatro días.
En 2026, Pemex incrementó 66% su inversión en el programa “Aceite Terciario del Golfo” (de 2,423 a 4,016 millones de pesos) y adjudicó primeros contratos mixtos a empresas privadas: C5M, Geolis, CESIGSA y Petrolera Miahuapan. La AMCF identificó al menos 8 programas vinculados al fracking en el Presupuesto de Egresos 2026, con asignaciones que suman aproximadamente 245,000 millones de pesos.
La resistencia se organiza: foros, asambleas y el Convenio 169
El 28 de febrero de 2026, cientos de personas se reunieron en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, para el Tercer Foro Regional “No al Fracking”, convocado por la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina con apoyo de la COCIHP y el Observatorio Indígena Mesoamericano. Precedido por una ceremonia por el agua a orillas del Río Axtla y una marcha al Casino Municipal, el foro reunió a autoridades comunitarias y ejidales, académicos como el Dr. Luca Ferrari (geofísica, UNAM) y el Dr. Andrés Barreda (RENACER), junto a Beatriz Olivera de la Alianza Mexicana contra el Fracking y Elena Burns de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Los acuerdos adoptados configuran una estrategia de resistencia multinivel: formación de Asociaciones de Comunidades Indígenas a nivel municipal, levantamiento de actas de asamblea comunitaria de rechazo con sellos oficiales, gestión de actas de cabildo que impidan el cambio de uso de suelo, creación de comités de vigilancia ambiental, y presión al Congreso de San Luis Potosí para exhortar al federal a prohibir el fracking mediante reforma al artículo 27 constitucional. Más de 200 núcleos agrarios ya han manifestado rechazo formal, y municipios como Xilitla y Tanlajás se declararon “territorios libres de fracking”.
La COCIHP (Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina) lidera la resistencia desde 2013. Con figuras como Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña Soto, ha logrado que al menos 110 comunidades realicen asambleas de rechazo y unas 200 se declaren libres de fracking. El Observatorio Indígena Mesoamericano, encabezado por Juan Felipe Cisneros Sánchez, ha sido categórico: “La Huasteca no es una zona de sacrificio; es un ecosistema vivo y una cultura milenaria que requiere protección, no explotación.” El 8 de marzo de 2026, el OIM convocó un encuentro “¡No al fracking, sí a la vida!” en San José Pequetzén, Tancanhuitz, con énfasis en derechos de mujeres indígenas. También denunció una campaña de hostigamiento gubernamental: “servidores de la nación” recorriendo comunidades para coartar asambleas indígenas.
La ruta legal se articula sobre el Convenio 169 de la OIT (ratificado por México en 1990), cuyos artículos 6 y 7 exigen consulta previa, libre, informada y de buena fe. No hay otro camino legalmente válido… hay que ir al amparo. Un precedente reciente fortalece esta vía: en marzo de 2026, un juez de San Luis Potosí invalidó 44 concesiones mineras al pueblo wixárika por ausencia de consulta, basándose exactamente en el Convenio 169. También se invoca el Acuerdo de Escazú sobre justicia socioambiental.
La trampa del gas texano: 75% de dependencia y una tormenta que lo reveló todo
La dependencia energética de México es la piedra angular del argumento gubernamental. El país consume 9,000 MMpcd de gas natural, produce apenas 2,300 (el 25%), e importa los restantes 6,800, de los cuales el 80% proviene de Texas y el 20% de California. Las importaciones alcanzaron récord histórico en 2025 con un promedio de 6,758 MMpcd, un crecimiento del 3.4% interanual y el tercer año consecutivo al alza. En agosto de 2025 se registró un pico de 7,518 MMpcd, el nivel más alto desde que existen registros (1973). La producción doméstica de Pemex, mientras tanto, cayó 51% entre 2010 y 2024.
La vulnerabilidad de esta arquitectura quedó expuesta brutalmente en febrero de 2021 con la tormenta invernal Uri. El congelamiento de la infraestructura texana dejó a 4.8 millones de usuarios mexicanos sin electricidad en 26 de 32 estados. El precio del gas se disparó de $2-4 a $200 por millón de BTU. La CFE desembolsó 65,000 millones de pesos en compras de emergencia de GNL. Las pérdidas superaron los 20,000 millones de pesos. Sheinbaum citó explícitamente este episodio el 8 de abril, junto con la crisis europea por la dependencia del gas ruso y la actual guerra en Irán.
La dimensión financiera es masiva. De 2000 a 2024, México pagó a Estados Unidos casi $89,000 millones de dólares por importaciones de gas. BloombergNEF proyecta que, sin cambios, las importaciones representarán el 85% de la demanda hacia finales de la década. El riesgo geopolítico se acentúa bajo la administración Trump: Eduardo Prud’homme, de Natural Gas Intelligence, advierte que un impuesto estadounidense a la exportación de gas sería más efectivo que los aranceles convencionales, dada la demanda inelástica de México. México compra el 70% del gas seco que exporta EE.UU. por gasoducto.
El IEEFA documentó en su reporte de abril 2025 (“LNG Build-Out in Mexico Based on U.S. Gas”) que la construcción de terminales de GNL en México podría aumentar precios y volatilidad para consumidores mexicanos, y que para 2030 más del 20% del gas estadounidense irá a exportación, presionando precios al alza en toda Norteamérica.
“Fracking sustentable”: el comité científico y las voces que lo llaman greenwashing
El comité científico anunciado por Sheinbaum será presentado el 15 de abril de 2026 con especialistas de la UNAM, el IPN y centros de investigación, en áreas de manejo de agua, geología, medio ambiente y cambio climático. Tendrá dos meses para dictaminar si tecnologías como el reciclaje de agua, el uso de fluidos orgánicos, agua salada no potable y perforaciones a más de 4,000 metros de profundidad hacen viable una fracturación hidráulica con impactos mínimos.
La comunidad científica y las ONG son escépticas. El Instituto de Ingeniería de la UNAM concluyó que la región norte de México presenta escasez física de agua insuficiente para satisfacer las demandas ecosistémicas junto con las humanas. El Dr. Luca Ferrari (UNAM) señala que la relación costo-beneficio del fracking en México “no es nada prometedora” y que el país es uno de los tres con mayor estrés hídrico del planeta. El Centro de Investigaciones Químicas de la UAEH documentó que la calidad ambiental en la Huasteca Hidalguense “no es admisible para agua y suelo” según la normatividad vigente, antes siquiera de iniciar la fracturación.
Greenpeace México calificó el Plan Estratégico como una “traición al pueblo” con lenguaje “cuidadosamente diseñado para evitar la palabra prohibida: fracking”. Documenta que entre 600 y 750 químicos se usan en el proceso, de los cuales al menos el 25% son cancerígenos y más del 50% dañan el sistema nervioso. El CEMDA, a través de Anaid Velasco, recuerda que los impactos “se han documentado desde hace dos décadas”, incluyendo efectos cancerígenos verificados en Estados Unidos.
Los críticos del “fracking sustentable” presentan argumentos técnicos concretos:
-Inviabilidad económica del reciclaje: en EE.UU. el tratamiento de agua residual duplicó los costos y las empresas regresaron al uso de agua dulce.
-Fugas de metano inevitables: el metano es 86 veces más potente que el CO₂ como gas de efecto invernadero en 20 años. Las fugas en fracking superan en 30% las del gas convencional.
-Escalamiento incompatible: entre 2010 y 2017 en Eagle Ford, Texas, el consumo de agua por pozo se duplicó; los “monster fracs” actuales consumen hasta 151 millones de litros.
-Dependencia tecnológica intacta: como señala el Observatorio Indígena Mesoamericano, “solo se desplaza la dependencia del producto a la tecnología”, pues Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes son las únicas empresas con capacidad operativa.
Manuel Llano de CartoCrítica sintetiza la objeción: “Una cosa es que pueda existir alguna tecnología experimental que pudiera tener algún beneficio mínimo, y otra cosa es que se pueda poner en marcha a escala comercial.”
La paradoja energética que México no puede evadir
En este orden de ideas es cuestionable la viabilidad económica: entre 2010 y 2013, Pemex perforó 6 pozos en Eagle Ford (Coahuila) con resultados pobres y costos de $11-12 millones de dólares por pozo, muy superiores a los texanos. Con precios de Henry Hub en torno a $4.30/MMBTU y Pemex arrastrando $99,000 millones de dólares en deuda más $23,000 millones a proveedores, el escenario financiero es precario. Circle of Blue recuerda que la revolución del shale en Estados Unidos fue protagonizada por miles de empresas privadas compitiendo; México ha ido en dirección opuesta.
La tormenta Uri de 2021, la tormenta Fern de enero 2026 (que elevó precios 75% en tres días), la guerra en Irán y la volatilidad bajo la administración Trump conforman un argumento legítimo de seguridad energética. Pero la pregunta que las comunidades de la Huasteca, los científicos de la UNAM y las 40 organizaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking formulan es distinta: ¿es aceptable convertir una de las regiones más biodiversas y culturalmente ricas de Mesoamérica en zona de sacrificio para reducir parcialmente una dependencia que las propias proyecciones muestran como irreductible?
La respuesta del gobierno llegará formalmente en junio de 2026, cuando el comité científico emita su dictamen. Pero la decisión, como sugiere la reunión con BlackRock, los contratos ya adjudicados a empresas privadas y los 245,000 millones de pesos presupuestados, parece tomada. Las comunidades tének y nahua, por su parte, ya tienen la suya: más de 200 se han declarado territorios libres de fracking, y la ruta del amparo bajo el Convenio 169 de la OIT está en preparación. Lo que se dirime en la Huasteca no es solo una política energética: es el significado mismo de la soberanía —si incluye a los pueblos indígenas o se construye sobre ellos.
De “no va a haber fracking” a la apertura formal: cronología de un giro de 180 grados
La promesa era inequívoca. El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante 160,000 personas en el Zócalo a no usar “métodos de extracción que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking”. Claudia Sheinbaum heredó esa postura: su plataforma de campaña incluyó como compromiso 75 la prohibición del fracking, y el 6 de diciembre de 2024 declaró textualmente: “No va a haber fracking y eso así se va a quedar.”
Sin embargo, ese mismo día, de forma hipócrita se presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que bajo eufemismos como “yacimientos de geología compleja” y “plays no convencionales” ya contemplaba la fracturación hidráulica. A lo largo de 2025, los mensajes del gabinete fueron contradictorios: el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, defendió la tecnología para nuevas reservas, mientras la secretaria de Energía, Luz Elena González, negaba recurrir al fracking en entrevistas con diversos medios.
La primera señal pública del viraje ocurrió el 19 de febrero de 2026, cuando Sheinbaum mencionó en la conferencia mañanera un “grupo de expertos” que evaluaría la producción de gas no convencional. La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) reaccionó de inmediato, calificándolo de “traición a lo que prometió durante su campaña”. Mientras tanto, un equipo de especialistas mexicanos llevaba cuatro meses viajando a Texas, California y Canadá para investigar tecnologías de extracción.
El anuncio formal llegó el 8 de abril de 2026, un día después de una reunión con el CEO de BlackRock. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum planteó la disyuntiva con claridad retórica: “¿Explotamos el gas no convencional, sí o no? ¿Por qué sí? Porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Porque tiene impactos ambientales.” Evitó deliberadamente pronunciar la palabra “fracking”, hablando de “explotación sustentable” y “tecnologías que no causen los daños de las primeras fracturas hidráulicas.” Las cifras presentadas por Pemex fueron ambiciosas: elevar la producción de 2,300 MMpcd actuales a 8,600 MMpcd para 2035, un incremento del 261%, con el gas no convencional aportando hasta 3,000 MMpcd adicionales.
El contexto legal es revelador: no existe prohibición legal del fracking en México. La iniciativa de AMLO para inscribir la prohibición en el artículo 27 constitucional fue desechada por la Cámara de Diputados en febrero de 2025 con un tecnicismo procesal. La moratoria que operó durante la 4T fue política, no jurídica.
La Huasteca como zona de sacrificio: kárstica, biodiversa y amenazada
La cuenca Tampico-Misantla, que abarca porciones de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, es una de las tres cuencas identificadas por Pemex para la extracción de gas no convencional. En su corazón se encuentra la Huasteca —hidalguense, potosina y veracruzana—, una región de extraordinaria riqueza natural asentada sobre formaciones kársticas de la Sierra Madre Oriental.
El geólogo Luis Eduardo Álvarez describe el subsuelo huasteco como “un queso gruyere”: roca caliza altamente porosa donde los líquidos se infiltran con facilidad extrema. Los acuíferos kársticos presentan tasas de flujo subterráneo de 0.5 a 7 millas por día, haciéndolos hipersensibles a la contaminación. Las formaciones geológicas de la región —el Sótano de las Golondrinas (512 metros de profundidad), las Cuevas de Mantetzulel, la Hoya de las Guaguas— evidencian un complejo sistema subterráneo interconectado que funciona como arteria hídrica de toda la zona.
Los polígonos Castaña y Maguey, asignados a Pemex dentro del Plan Estratégico, se extienden sobre 444,469 hectáreas en municipios de las tres Huastecas. Según el Estudio de Impacto Social de la propia SENER, dentro de estos polígonos existen 200 cuerpos de agua perennes y 1,306 intermitentes —un total de 1,506 cuerpos de agua amenazados. Ríos como el Valles, Tampaón, Huichihuayán, Axtla, Moctezuma y Pánuco quedarían en zona de riesgo directo. Cada pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua mezclados con más de 600 sustancias químicas tóxicas; en la cuenca Pérmica de Texas, los “monster fracs” actuales consumen hasta 151 millones de litros por pozo.
La región alberga extensiones de “bosque mesófilo de montaña”, uno de los ecosistemas más amenazados de México. Aunque cubre menos del 1% del territorio nacional, contiene 231 especies de anfibios (118 endémicas), 310 de reptiles (146 endémicas), 547 de aves (72 endémicas) y 257 de mamíferos (85 endémicas). Muchos endemismos son microendémicos, con distribuciones geográficas reducidísimas. Este bosque cumple además una función hidrológica crítica: capta agua de lluvia y niebla, regulando los flujos hídricos de toda la Huasteca.
Dentro de los polígonos habitan 1,834 localidades rurales y 18 urbanas con población predominantemente tének (huasteca) y náhua. Solo en la Huasteca Potosina, 367 comunidades indígenas se encuentran en áreas de afectación directa. Ninguna ha sido consultada.
924 pozos sin regulación: el fracking que México niega pero practica
La fracturación hidráulica no es nueva en México. Según datos obtenidos por “CartoCrítica” mediante solicitudes de transparencia (folio 1857500000714 a Pemex Exploración y Producción), al menos 924 pozos fueron fracturados entre 2003 y 2014 sin regulación específica ni estudios de impacto ambiental publicados. La distribución geográfica revela la concentración del problema: 349 pozos en Veracruz (172 en el municipio de Papantla, zona de la cultura totonaca), 233 en Puebla, 182 en Nuevo León, 100 en Tamaulipas, 47 en Coahuila y 13 en Tabasco.
La cifra, sin embargo, es conservadora. Un dato posterior de CartoCrítica (2019) elevó el conteo a 7,879 pozos fracturados, mientras que la Comisión Nacional de Hidrocarburos reportó 35,979 fracturas hidráulicas en 7,840 pozos de 68 municipios en 7 estados hasta 2019. Un documento de la propia SENER/CNH menciona 1,323 pozos fracturados solo en el Paleocanal de Chicontepec para 2010, contradiciendo la cifra de 924 para todo el país y evidenciando la opacidad gubernamental sistemática.
Los pozos fueron operados por Pemex con servicios subcontratados a Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes. En Papantla, la CORASON (Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan) documenta 2,055 pozos, de los cuales el 56.8% fueron fracturados, con dos décadas de afectaciones: enfermedades cutáneas, respiratorias y cáncer. El 4 de junio de 2022, un ducto de Pemex explotó en la zona y provocó un incendio de cuatro días.
En 2026, Pemex incrementó 66% su inversión en el programa “Aceite Terciario del Golfo” (de 2,423 a 4,016 millones de pesos) y adjudicó primeros contratos mixtos a empresas privadas: C5M, Geolis, CESIGSA y Petrolera Miahuapan. La AMCF identificó al menos 8 programas vinculados al fracking en el Presupuesto de Egresos 2026, con asignaciones que suman aproximadamente 245,000 millones de pesos.
La resistencia se organiza: foros, asambleas y el Convenio 169
El 28 de febrero de 2026, cientos de personas se reunieron en Axtla de Terrazas, San Luis Potosí, para el Tercer Foro Regional “No al Fracking”, convocado por la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina con apoyo de la COCIHP y el Observatorio Indígena Mesoamericano. Precedido por una ceremonia por el agua a orillas del Río Axtla y una marcha al Casino Municipal, el foro reunió a autoridades comunitarias y ejidales, académicos como el Dr. Luca Ferrari (geofísica, UNAM) y el Dr. Andrés Barreda (RENACER), junto a Beatriz Olivera de la Alianza Mexicana contra el Fracking y Elena Burns de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Los acuerdos adoptados configuran una estrategia de resistencia multinivel: formación de Asociaciones de Comunidades Indígenas a nivel municipal, levantamiento de actas de asamblea comunitaria de rechazo con sellos oficiales, gestión de actas de cabildo que impidan el cambio de uso de suelo, creación de comités de vigilancia ambiental, y presión al Congreso de San Luis Potosí para exhortar al federal a prohibir el fracking mediante reforma al artículo 27 constitucional. Más de 200 núcleos agrarios ya han manifestado rechazo formal, y municipios como Xilitla y Tanlajás se declararon “territorios libres de fracking”.
La COCIHP (Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina) lidera la resistencia desde 2013. Con figuras como Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña Soto, ha logrado que al menos 110 comunidades realicen asambleas de rechazo y unas 200 se declaren libres de fracking. El Observatorio Indígena Mesoamericano, encabezado por Juan Felipe Cisneros Sánchez, ha sido categórico: “La Huasteca no es una zona de sacrificio; es un ecosistema vivo y una cultura milenaria que requiere protección, no explotación.” El 8 de marzo de 2026, el OIM convocó un encuentro “¡No al fracking, sí a la vida!” en San José Pequetzén, Tancanhuitz, con énfasis en derechos de mujeres indígenas. También denunció una campaña de hostigamiento gubernamental: “servidores de la nación” recorriendo comunidades para coartar asambleas indígenas.
La ruta legal se articula sobre el Convenio 169 de la OIT (ratificado por México en 1990), cuyos artículos 6 y 7 exigen consulta previa, libre, informada y de buena fe. No hay otro camino legalmente válido… hay que ir al amparo. Un precedente reciente fortalece esta vía: en marzo de 2026, un juez de San Luis Potosí invalidó 44 concesiones mineras al pueblo wixárika por ausencia de consulta, basándose exactamente en el Convenio 169. También se invoca el Acuerdo de Escazú sobre justicia socioambiental.
La trampa del gas texano: 75% de dependencia y una tormenta que lo reveló todo
La dependencia energética de México es la piedra angular del argumento gubernamental. El país consume 9,000 MMpcd de gas natural, produce apenas 2,300 (el 25%), e importa los restantes 6,800, de los cuales el 80% proviene de Texas y el 20% de California. Las importaciones alcanzaron récord histórico en 2025 con un promedio de 6,758 MMpcd, un crecimiento del 3.4% interanual y el tercer año consecutivo al alza. En agosto de 2025 se registró un pico de 7,518 MMpcd, el nivel más alto desde que existen registros (1973). La producción doméstica de Pemex, mientras tanto, cayó 51% entre 2010 y 2024.
La vulnerabilidad de esta arquitectura quedó expuesta brutalmente en febrero de 2021 con la tormenta invernal Uri. El congelamiento de la infraestructura texana dejó a 4.8 millones de usuarios mexicanos sin electricidad en 26 de 32 estados. El precio del gas se disparó de $2-4 a $200 por millón de BTU. La CFE desembolsó 65,000 millones de pesos en compras de emergencia de GNL. Las pérdidas superaron los 20,000 millones de pesos. Sheinbaum citó explícitamente este episodio el 8 de abril, junto con la crisis europea por la dependencia del gas ruso y la actual guerra en Irán.
La dimensión financiera es masiva. De 2000 a 2024, México pagó a Estados Unidos casi $89,000 millones de dólares por importaciones de gas. BloombergNEF proyecta que, sin cambios, las importaciones representarán el 85% de la demanda hacia finales de la década. El riesgo geopolítico se acentúa bajo la administración Trump: Eduardo Prud’homme, de Natural Gas Intelligence, advierte que un impuesto estadounidense a la exportación de gas sería más efectivo que los aranceles convencionales, dada la demanda inelástica de México. México compra el 70% del gas seco que exporta EE.UU. por gasoducto.
El IEEFA documentó en su reporte de abril 2025 (“LNG Build-Out in Mexico Based on U.S. Gas”) que la construcción de terminales de GNL en México podría aumentar precios y volatilidad para consumidores mexicanos, y que para 2030 más del 20% del gas estadounidense irá a exportación, presionando precios al alza en toda Norteamérica.
“Fracking sustentable”: el comité científico y las voces que lo llaman greenwashing
El comité científico anunciado por Sheinbaum será presentado el 15 de abril de 2026 con especialistas de la UNAM, el IPN y centros de investigación, en áreas de manejo de agua, geología, medio ambiente y cambio climático. Tendrá dos meses para dictaminar si tecnologías como el reciclaje de agua, el uso de fluidos orgánicos, agua salada no potable y perforaciones a más de 4,000 metros de profundidad hacen viable una fracturación hidráulica con impactos mínimos.
La comunidad científica y las ONG son escépticas. El Instituto de Ingeniería de la UNAM concluyó que la región norte de México presenta escasez física de agua insuficiente para satisfacer las demandas ecosistémicas junto con las humanas. El Dr. Luca Ferrari (UNAM) señala que la relación costo-beneficio del fracking en México “no es nada prometedora” y que el país es uno de los tres con mayor estrés hídrico del planeta. El Centro de Investigaciones Químicas de la UAEH documentó que la calidad ambiental en la Huasteca Hidalguense “no es admisible para agua y suelo” según la normatividad vigente, antes siquiera de iniciar la fracturación.
Greenpeace México calificó el Plan Estratégico como una “traición al pueblo” con lenguaje “cuidadosamente diseñado para evitar la palabra prohibida: fracking”. Documenta que entre 600 y 750 químicos se usan en el proceso, de los cuales al menos el 25% son cancerígenos y más del 50% dañan el sistema nervioso. El CEMDA, a través de Anaid Velasco, recuerda que los impactos “se han documentado desde hace dos décadas”, incluyendo efectos cancerígenos verificados en Estados Unidos.
Los críticos del “fracking sustentable” presentan argumentos técnicos concretos:
-Inviabilidad económica del reciclaje: en EE.UU. el tratamiento de agua residual duplicó los costos y las empresas regresaron al uso de agua dulce.
-Fugas de metano inevitables: el metano es 86 veces más potente que el CO₂ como gas de efecto invernadero en 20 años. Las fugas en fracking superan en 30% las del gas convencional.
-Escalamiento incompatible: entre 2010 y 2017 en Eagle Ford, Texas, el consumo de agua por pozo se duplicó; los “monster fracs” actuales consumen hasta 151 millones de litros.
-Dependencia tecnológica intacta: como señala el Observatorio Indígena Mesoamericano, “solo se desplaza la dependencia del producto a la tecnología”, pues Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes son las únicas empresas con capacidad operativa.
Manuel Llano de CartoCrítica sintetiza la objeción: “Una cosa es que pueda existir alguna tecnología experimental que pudiera tener algún beneficio mínimo, y otra cosa es que se pueda poner en marcha a escala comercial.”
La paradoja energética que México no puede evadir
El debate sobre fracking en México revela una contradicción irresoluble dentro de los parámetros actuales. La AMCF y Conexiones Climáticas señalan que “incluso desde las proyecciones más optimistas, el retorno posible de gas no alcanza para hacer un contrapeso a esta dependencia”: Pemex aspira a producir 5,800 MMpcd para 2030, pero la demanda crecerá 30% y los no convencionales no producirán volúmenes significativos antes de 2027-2028. Mientras tanto, la meta de renovables se redujo del 45% al 38% de la generación eléctrica para 2030.
En este orden de ideas es cuestionable la viabilidad económica: entre 2010 y 2013, Pemex perforó 6 pozos en Eagle Ford (Coahuila) con resultados pobres y costos de $11-12 millones de dólares por pozo, muy superiores a los texanos. Con precios de Henry Hub en torno a $4.30/MMBTU y Pemex arrastrando $99,000 millones de dólares en deuda más $23,000 millones a proveedores, el escenario financiero es precario. Circle of Blue recuerda que la revolución del shale en Estados Unidos fue protagonizada por miles de empresas privadas compitiendo; México ha ido en dirección opuesta.
La tormenta Uri de 2021, la tormenta Fern de enero 2026 (que elevó precios 75% en tres días), la guerra en Irán y la volatilidad bajo la administración Trump conforman un argumento legítimo de seguridad energética. Pero la pregunta que las comunidades de la Huasteca, los científicos de la UNAM y las 40 organizaciones de la Alianza Mexicana contra el Fracking formulan es distinta: ¿es aceptable convertir una de las regiones más biodiversas y culturalmente ricas de Mesoamérica en zona de sacrificio para reducir parcialmente una dependencia que las propias proyecciones muestran como irreductible?
La respuesta del gobierno llegará formalmente en junio de 2026, cuando el comité científico emita su dictamen. Pero la decisión, como sugiere la reunión con BlackRock, los contratos ya adjudicados a empresas privadas y los 245,000 millones de pesos presupuestados, parece tomada. Las comunidades tének y nahua, por su parte, ya tienen la suya: más de 200 se han declarado territorios libres de fracking, y la ruta del amparo bajo el Convenio 169 de la OIT está en preparación. Lo que se dirime en la Huasteca no es solo una política energética: es el significado mismo de la soberanía —si incluye a los pueblos indígenas o se construye sobre ellos.
