#Investigación 🔬 | 04 de abril de 2026
El nuevo reglamento interior de la Auditoría Superior de la Federación no moderniza la fiscalización: la desarma. Lo que se publicó en el DOF el 1 de abril de 2026 es el plano arquitectónico de una institución capturada.
El 1 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el nuevo Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Bajo la firma de Aureliano Hernández Palacios Cardel, recién nombrado auditor superior, el documento abrogó la normativa que regía desde 2017 y rediseñó de raíz la estructura del órgano encargado de vigilar cada peso del erario federal. La narrativa oficial lo vendió como modernización. Lo que revela el análisis cruzado del reglamento, el presupuesto, los nombramientos y las denuncias internas es otra cosa: una reorganización silenciosa que elimina los controles técnicos que impedían que la fiscalización se convirtiera en un trámite político.
El mecanismo es preciso y tiene varias piezas. La primera es jurídica. Antes de este reglamento, un hallazgo de auditoría recorría una cadena obligatoria: del auditor de campo pasaba por direcciones de área, direcciones generales y auditorías especiales, antes de llegar a las áreas jurídicas para promover responsabilidades. Cada eslabón funcionaba como filtro de calidad, blindaje contra impugnaciones y barrera contra la cooptación. El nuevo reglamento eliminó esas capas intermedias. Ahora las unidades sectoriales pueden emitir dictámenes directamente, sin pasar por la validación jerárquica que exigía el esquema anterior. La consecuencia es predecible: cualquier gobernador, secretario de Estado o contratista señalado por corrupción podrá impugnar ante tribunales alegando incompetencia de la autoridad emisora, porque la facultad de dictaminar no está respaldada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, sino por un reglamento secundario que el propio auditor se expidió a sí mismo. El resultado será la caída masiva de expedientes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Impunidad de diseño.
La segunda pieza es presupuestal. La ASF opera en 2026 con 2,822 millones de pesos. Simultáneamente al recorte del 10 por ciento en las percepciones de mandos medios y superiores —auditores forenses, analistas de inteligencia financiera, especialistas en rastreo de lavado de dinero que perciben más de 117 mil pesos—, la administración de Hernández Palacios compactó dos de las cinco direcciones generales fundamentales y tiene el mandato de crear seis nuevas auditorías especializadas en cien días. Exigir expansión operativa mientras se recortan sueldos y se eliminan puestos directivos solo tiene una lectura coherente: no se busca eficiencia, se busca forzar la renuncia de los cuadros técnicos que no están alineados con la nueva gestión. La fuga de cerebros no es un efecto colateral; es la herramienta.
La tercera pieza es política y tiene nombre propio. Aureliano Hernández Palacios Cardel es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando esta encabezó el gobierno de la Ciudad de México. Antes de ingresar a la ASF, el propio Aureliano fue director general de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios capitalina, bajo la misma administración. Su carrera dentro de la Auditoría comenzó en 2018, de la mano de David Colmenares, en la Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado “D”, y en octubre de 2025 Colmenares lo ascendió a auditor especial, colocándolo en la línea directa de sucesión. El 10 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados lo designó con 472 votos a favor, contra 6 y 1 de sus competidores. Analistas como Marco Fernández calificaron ese consenso no como reconocimiento técnico, sino como un pacto transversal de no agresión: legisladores de todos los partidos votando por un perfil que históricamente no ha incomodado a sus gobernadores.
Lo que esa confluencia produce es un conflicto de interés de dimensiones sistémicas. El encargado de auditar al Poder Ejecutivo federal es pariente directo de uno de los colaboradores de máxima confianza de la titular de ese mismo poder. La distancia crítica entre fiscalizador y fiscalizado, principio fundacional de la ASF, quedó eliminada desde el nombramiento.
La cuarta pieza es la más cínica. La ASF documentó en sus propias auditorías forenses al INAI —Cuentas Públicas 2023 y 2024— redes familiares completas enquistadas en la nómina, extorsiones de entre el 10 y el 60 por ciento de los sueldos para conservar el empleo, aviadores y despidos fulminantes contra quienes se atrevieron a denunciar. Esas mismas patologías son las que exfuncionarias como Dora Buchahín y denuncias anónimas filtradas a periodistas atribuyen hoy a la propia Auditoría Superior. La institución que sancionó el nepotismo y el terrorismo laboral en el INAI lo reproduce internamente sin consecuencia alguna. Y la flamante Unidad de Atención Ciudadana, presentada como el gran logro democratizador del nuevo reglamento, reporta exclusivamente al auditor superior. Quien denuncie irregularidades internas a través del Buzón Digital estará entregando su información directamente a la cúpula que opera esas irregularidades.
La quinta pieza cierra el círculo. El nuevo esquema contempla la firma de convenios con las entidades de fiscalización superior de los estados para delegarles la revisión de los recursos federalizados en municipios menores. Esas auditorías estatales dependen financieramente de los presupuestos que les aprueban las legislaturas locales —controladas por los gobernadores— y sus titulares son cuotas de partido. Al encomendar a órganos capturados la tarea de revisar cómo se gastan los billones de pesos transferidos a los estados, la ASF garantiza que los expedientes lleguen a la Ciudad de México previamente depurados de hallazgos incómodos. Las nuevas unidades sectoriales, ya sin la cadena de revisión metodológica que imponía el reglamento anterior, solo tendrán que validar y sellar. Impunidad descentralizada, rápida e indetectable.
Lo que se publicó el 1 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación no es un reglamento interior. Es el acta constitutiva de una Auditoría Superior domesticada, diseñada para simular fiscalización mientras garantiza que la ruta del dinero público termine donde siempre ha terminado cuando el poder controla al que lo vigila: en la impunidad.
