Julio Gálvez
01 de julio de 2026
Washington descartó extender el T-MEC hasta 2042 y dejó el tratado en revisión anual hasta 2036. Mientras el gobierno insiste en que “no pasa nada”, el peso se deprecia y la industria automotriz ya perdió 107 mil empleos en dos años.
Estados Unidos confirmó el 1 de julio que no renovará el T-MEC en su forma actual. La Oficina del Representante Comercial (USTR) descartó la extensión hasta 2042 que México había solicitado por escrito —la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno firmó una carta pidiendo ampliar el tratado 16 años, y que Canadá hizo lo mismo— y en su lugar dejó el acuerdo sujeto a revisiones anuales hasta 2036. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, difundió un video esa misma tarde asegurando que el acuerdo se mantiene sin cambios. La diferencia entre pedir 16 años de certeza y obtener diez de revisión constante no es un matiz: es el resultado que México buscaba evitar.
El costo no es abstracto. El mismo miércoles del anuncio, el peso se depreció hasta 0.42%, cerrando en 17.55 unidades por dólar, según Bloomberg. Analistas de Banco Base y Banorte atribuyeron el movimiento directamente a la incertidumbre que abre el nuevo esquema de revisión. Un peso más débil encarece todo lo que México importa en dólares: combustibles, medicamentos, insumos agrícolas, electrónicos. Eso se traduce en precios más altos en la tienda, no en una gráfica de un banco de inversión.
El otro costo ya es medible en empleos. La industria automotriz —la principal generadora de divisas del país, con 59 mil millones de dólares exportados entre enero y abril, el triple que las remesas— empleaba 742 mil personas en abril, 50 mil menos que un año antes y 107 mil menos que hace dos años, de acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi. Banco Base atribuyó esos recortes a la falta de inversión ante el deterioro del Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre sobre el futuro comercial con Estados Unidos. Es decir: no todo es Trump. Parte de la explicación está en decisiones y condiciones que corresponden al propio gobierno mexicano, no a Washington.
Ese es el punto que el discurso oficial evita. Ebrard puede presumir un arancel promedio de 3.6% y que más del 80% de las exportaciones siguen libres de gravamen, pero esos datos no explican por qué la planta armadora recorta turnos, por qué el peso pierde valor cada vez que Washington habla del tratado, ni por qué la confianza empresarial se deteriora antes de que arranque siquiera el primer ciclo de revisión anual. Llamar “certidumbre” a un mecanismo que ya generó pérdida de empleos y presión cambiaria, sin haber comenzado formalmente, no es optimismo: es omitir la parte de la historia que sí les toca el bolsillo a los ciudadanos.
La siguiente ronda de negociación bilateral está fijada para la semana del 20 de julio. México llevó 13 temas a la mesa; Estados Unidos, 14. Ninguno de esos puntos se ha hecho público con el detalle suficiente para que un trabajador de Ramos Arizpe o Silao sepa si su empleo está entre lo que se negocia. Mientras el gobierno siga comunicando por video en lugar de con cifras, la pregunta de quién paga el costo de esta década de revisiones anuales seguirá sin respuesta oficial.
Washington descartó extender el T-MEC hasta 2042 y dejó el tratado en revisión anual hasta 2036. Mientras el gobierno insiste en que “no pasa nada”, el peso se deprecia y la industria automotriz ya perdió 107 mil empleos en dos años.
Estados Unidos confirmó el 1 de julio que no renovará el T-MEC en su forma actual. La Oficina del Representante Comercial (USTR) descartó la extensión hasta 2042 que México había solicitado por escrito —la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno firmó una carta pidiendo ampliar el tratado 16 años, y que Canadá hizo lo mismo— y en su lugar dejó el acuerdo sujeto a revisiones anuales hasta 2036. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, difundió un video esa misma tarde asegurando que el acuerdo se mantiene sin cambios. La diferencia entre pedir 16 años de certeza y obtener diez de revisión constante no es un matiz: es el resultado que México buscaba evitar.
El costo no es abstracto. El mismo miércoles del anuncio, el peso se depreció hasta 0.42%, cerrando en 17.55 unidades por dólar, según Bloomberg. Analistas de Banco Base y Banorte atribuyeron el movimiento directamente a la incertidumbre que abre el nuevo esquema de revisión. Un peso más débil encarece todo lo que México importa en dólares: combustibles, medicamentos, insumos agrícolas, electrónicos. Eso se traduce en precios más altos en la tienda, no en una gráfica de un banco de inversión.
El otro costo ya es medible en empleos. La industria automotriz —la principal generadora de divisas del país, con 59 mil millones de dólares exportados entre enero y abril, el triple que las remesas— empleaba 742 mil personas en abril, 50 mil menos que un año antes y 107 mil menos que hace dos años, de acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi. Banco Base atribuyó esos recortes a la falta de inversión ante el deterioro del Estado de derecho, la baja confianza empresarial y la incertidumbre sobre el futuro comercial con Estados Unidos. Es decir: no todo es Trump. Parte de la explicación está en decisiones y condiciones que corresponden al propio gobierno mexicano, no a Washington.
Ese es el punto que el discurso oficial evita. Ebrard puede presumir un arancel promedio de 3.6% y que más del 80% de las exportaciones siguen libres de gravamen, pero esos datos no explican por qué la planta armadora recorta turnos, por qué el peso pierde valor cada vez que Washington habla del tratado, ni por qué la confianza empresarial se deteriora antes de que arranque siquiera el primer ciclo de revisión anual. Llamar “certidumbre” a un mecanismo que ya generó pérdida de empleos y presión cambiaria, sin haber comenzado formalmente, no es optimismo: es omitir la parte de la historia que sí les toca el bolsillo a los ciudadanos.
La siguiente ronda de negociación bilateral está fijada para la semana del 20 de julio. México llevó 13 temas a la mesa; Estados Unidos, 14. Ninguno de esos puntos se ha hecho público con el detalle suficiente para que un trabajador de Ramos Arizpe o Silao sepa si su empleo está entre lo que se negocia. Mientras el gobierno siga comunicando por video en lugar de con cifras, la pregunta de quién paga el costo de esta década de revisiones anuales seguirá sin respuesta oficial.
