Julio Gálvez
01 de julio de 2026
Sanciones del Departamento del Tesoro exhiben una red de contrabando de combustible ligada al crimen organizado que, según Washington, financió partidos y medios en México. El hallazgo cae sobre un terreno que ya venía marcado: aduanas, la cúpula naval y el partido en el poder arrastran sus propias sombras de huachicol.
Washington lo dijo sin rodeos la noche del 30 de junio: el dinero del huachicol financia campañas políticas en México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a dos empresarios mexicanos y nueve empresas por operar una red de contrabando de combustible ligada al
Sanciones del Departamento del Tesoro exhiben una red de contrabando de combustible ligada al crimen organizado que, según Washington, financió partidos y medios en México. El hallazgo cae sobre un terreno que ya venía marcado: aduanas, la cúpula naval y el partido en el poder arrastran sus propias sombras de huachicol.
Washington lo dijo sin rodeos la noche del 30 de junio: el dinero del huachicol financia campañas políticas en México. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a dos empresarios mexicanos y nueve empresas por operar una red de contrabando de combustible ligada al
CJNG que, de acuerdo con el comunicado oficial SB0545, genera decenas de millones de dólares anuales para el cártel.
El mecanismo, según la dependencia estadounidense, corre en dos direcciones. Hacia el sur, brókeres compran combustible legalmente en Estados Unidos y lo cruzan a México con documentación aduanera falsificada, reclasificándolo como aceites residuales o lubricantes para evadir impuestos mexicanos. Hacia el norte, el crudo robado de los ductos de Pemex se etiqueta como “aceite de desecho” y se vende con descuento a compradores estadounidenses. El cierre del ciclo es financiero: transferencias bancarias y depósitos estructurados que terminan blanqueados en bienes raíces y vehículos de lujo.
Al frente de la red, según OFAC, está Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, a quien el Tesoro describe como contador y estratega financiero del CJNG, encargado de crear empresas fachada y falsificar documentos aduaneros. El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65 años, señalado por introducir combustible de contrabando sin permisos y pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.
Las nueve empresas sancionadas por la OFAC son:
El mecanismo, según la dependencia estadounidense, corre en dos direcciones. Hacia el sur, brókeres compran combustible legalmente en Estados Unidos y lo cruzan a México con documentación aduanera falsificada, reclasificándolo como aceites residuales o lubricantes para evadir impuestos mexicanos. Hacia el norte, el crudo robado de los ductos de Pemex se etiqueta como “aceite de desecho” y se vende con descuento a compradores estadounidenses. El cierre del ciclo es financiero: transferencias bancarias y depósitos estructurados que terminan blanqueados en bienes raíces y vehículos de lujo.
Al frente de la red, según OFAC, está Óscar Guillermo Juraidini Silva, de 41 años, a quien el Tesoro describe como contador y estratega financiero del CJNG, encargado de crear empresas fachada y falsificar documentos aduaneros. El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, de 65 años, señalado por introducir combustible de contrabando sin permisos y pagar cuotas a organizaciones criminales que controlan cruces fronterizos.
Las nueve empresas sancionadas por la OFAC son:
Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V. — servicios financieros y divisas (México)
OJ Living Trust, S.A.P.I. de C.V. — bienes raíces e inversión (México)
RK Real King, S.A. de C.V. — sector inmobiliario (México)
Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V. — logística terrestre (México)
Ogui Fletes — transporte de carga (México)
OF Transportes — transporte de hidrocarburos (México)
Cucumber Sweet Waves Ltd. — empresa fachada transnacional (Londres, Reino Unido)
Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. — operaciones aduaneras (México)
Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V. — logística de comercio exterior (México)
Lo que distingue a este comunicado de sanciones anteriores no es la lista de empresas, sino una frase que el propio FinCEN incluyó en su alerta: los cárteles usan las ganancias del mercado negro de combustible para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave.
Washington no puso nombres a esa acusación. Pero en México, el señalamiento aterriza sobre terreno que ya venía erosionado. En julio de 2025, la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) adjudicó de forma directa —sin licitación— un contrato de hasta 551 millones de pesos a Umami Ingeniería Especializada para el mantenimiento de los escáneres de rayos X en las aduanas del país: la única barrera tecnológica capaz de distinguir un autotanque de gasolina de uno de aceite residual. La investigación de El CEO documentó que el dueño de Umami, Jesús Daniel Pérez González, fue director de Tecnología del C5 capitalino durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que su contraparte en la firma del contrato, Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, fue su excompañero en esa misma dependencia, hoy coordinada a nivel federal por José Antonio “Pepe” Merino. La empresa, señalan los documentos revisados, no cumplía con los dos años de experiencia exigidos ni con el capital social mínimo al momento de la firma.
Meses después, en septiembre de 2025, el gobierno federal ejecutó 14 órdenes de aprehensión contra una red conocida como “Los Primos”, presuntamente liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos navales sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Se les acusa de facilitar el contrabando de millones de litros de combustible por los puertos de Tampico, Altamira y Manzanillo. Fernando permaneció prófugo hasta el 23 de abril de 2026, cuando fue capturado en Buenos Aires portando documentos falsos, con fines de extradición; su hermano permanece preso en el Altiplano.
En paralelo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo la dirigencia de Mario Delgado, usó la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252,901 pagos de “apoyos sociales” mediante un contrato que se mantuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial — una operación que, según los documentos obtenidos por MCCI, nunca fue reportada al Instituto Nacional Electoral.
Y en el origen físico de toda esta cadena está Hidalgo. Según el Observatorio Ciudadano IGAVIM, con datos de Pemex, el estado concentró 731 tomas clandestinas, el 28.52% del total nacional, con el municipio de Cuautepec de Hinojosa a la cabeza.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles en su conferencia matutina. Pidió a Estados Unidos presentar pruebas sobre el señalamiento electoral y afirmó que México no fue informado sobre esa parte del comunicado antes de su publicación. Hasta ahora, ni el Tesoro ni FinCEN han identificado campañas, partidos o candidatos específicos. Con la solicitud de extradición de Fernando Farías Laguna en trámite ante la justicia argentina y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana revisando a los sancionados, el caso apenas comienza.
Lo que distingue a este comunicado de sanciones anteriores no es la lista de empresas, sino una frase que el propio FinCEN incluyó en su alerta: los cárteles usan las ganancias del mercado negro de combustible para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave.
Washington no puso nombres a esa acusación. Pero en México, el señalamiento aterriza sobre terreno que ya venía erosionado. En julio de 2025, la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) adjudicó de forma directa —sin licitación— un contrato de hasta 551 millones de pesos a Umami Ingeniería Especializada para el mantenimiento de los escáneres de rayos X en las aduanas del país: la única barrera tecnológica capaz de distinguir un autotanque de gasolina de uno de aceite residual. La investigación de El CEO documentó que el dueño de Umami, Jesús Daniel Pérez González, fue director de Tecnología del C5 capitalino durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que su contraparte en la firma del contrato, Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, fue su excompañero en esa misma dependencia, hoy coordinada a nivel federal por José Antonio “Pepe” Merino. La empresa, señalan los documentos revisados, no cumplía con los dos años de experiencia exigidos ni con el capital social mínimo al momento de la firma.
Meses después, en septiembre de 2025, el gobierno federal ejecutó 14 órdenes de aprehensión contra una red conocida como “Los Primos”, presuntamente liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, altos mandos navales sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Se les acusa de facilitar el contrabando de millones de litros de combustible por los puertos de Tampico, Altamira y Manzanillo. Fernando permaneció prófugo hasta el 23 de abril de 2026, cuando fue capturado en Buenos Aires portando documentos falsos, con fines de extradición; su hermano permanece preso en el Altiplano.
En paralelo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, bajo la dirigencia de Mario Delgado, usó la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252,901 pagos de “apoyos sociales” mediante un contrato que se mantuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial — una operación que, según los documentos obtenidos por MCCI, nunca fue reportada al Instituto Nacional Electoral.
Y en el origen físico de toda esta cadena está Hidalgo. Según el Observatorio Ciudadano IGAVIM, con datos de Pemex, el estado concentró 731 tomas clandestinas, el 28.52% del total nacional, con el municipio de Cuautepec de Hinojosa a la cabeza.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles en su conferencia matutina. Pidió a Estados Unidos presentar pruebas sobre el señalamiento electoral y afirmó que México no fue informado sobre esa parte del comunicado antes de su publicación. Hasta ahora, ni el Tesoro ni FinCEN han identificado campañas, partidos o candidatos específicos. Con la solicitud de extradición de Fernando Farías Laguna en trámite ante la justicia argentina y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana revisando a los sancionados, el caso apenas comienza.
