Jaqueline Sagaón
13 de agosto de 2026
Pachuca, Hgo.— La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, designó el 11 de agosto de 2026 al senador Adán Augusto López Hernández como coordinador de la cuarta circunscripción electoral rumbo a los comicios de 2027, demarcación que integra a Hidalgo junto con Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. De acuerdo con el anuncio hecho en conferencia de prensa, el legislador tabasqueño tendrá a su cargo la organización política y territorial, el enlace entre la dirigencia nacional y las estructuras estatales y la supervisión de los procesos de operación electoral y de selección de perfiles. Esa última atribución es la que reconfigura el tablero hidalguense: en 2027 el estado renovará los 84 ayuntamientos, el Congreso local y las siete diputaciones federales, y quien supervise la selección de perfiles influirá en el reparto completo.
La designación no llega a un terreno neutral. Desde febrero de este año, cuando López Hernández dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado —relevado por Ignacio Mier Velazco— y anunció que se dedicaría al trabajo territorial, el reacomodo interno del partido en Hidalgo se aceleró. El dirigente estatal Marco Rico ha reconocido públicamente que existen “diferentes opiniones” al interior del partido, aunque sostiene que prevalece la unidad. En paralelo, el grupo político del gobernador Julio Menchaca Salazar busca las candidaturas de 2027 para robustecer su estructura y encaminar su propia sucesión en 2028, una cruzada que genera tensión entre los grupos políticos de la entidad. Un coordinador externo con facultades sobre la selección de perfiles es, por definición, un contrapeso a ese objetivo.
El nombre que aparece de inmediato en esa ecuación es el del senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Electo por mayoría relativa por Hidalgo, exsecretario de Turismo y de Obras Públicas en el gobierno estatal y exsubsecretario de la Semarnat, Ochoa ha levantado la mano públicamente: en una entrevista difundida por este medio declaró abiertamente su intención de gobernar Hidalgo. Su equipo mantiene desde hace meses una estructura de promotores que recorren Pachuca bajo la leyenda “A paso firme, transformando Hidalgo”, recabando datos, y el senador ha realizado giras por el Valle del Mezquital acompañado de legisladores federales y locales. La cercanía con López Hernández es evidente, incluso figuró entre los asistentes al acto que el llamado Grupo Universidad organizó para López Hernández en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente una alianza formal.
Aquí aparece la primera contradicción documental del escenario. Si la aspiración de Ochoa es la gubernatura, el camino está legalmente cerrado por ahora. El artículo 62 de la Constitución Política de Hidalgo, reformado en septiembre de 2021, obliga a los partidos a alternar el género de sus candidaturas al Ejecutivo estatal en cada proceso. Morena, el PT, Nueva Alianza Hidalgo, el PVEM y Movimiento Ciudadano postularon hombres en 2022, por lo que, de no modificarse la legislación, están obligados a postular mujeres en 2028. A ello se suma que, por una reforma publicada el 7 de marzo de 2023 e impulsada por el propio Menchaca, la gubernatura que se elija en 2028 durará apenas dos años —del 5 de septiembre de 2028 al 4 de septiembre de 2030— para homologar el calendario local con el federal. Las dos iniciativas presentadas a finales de 2025 para ampliar ese periodo a cinco años y blindar la candidatura femenina quedaron congeladas en diciembre, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la medida no era necesaria y de que el gobernador pidió al Congreso revisar su constitucionalidad. La consecuencia práctica es que la disputa real de 2027 no es por la gubernatura: es por el Congreso local que eventualmente podría reformar el artículo 62, y por los 84 ayuntamientos que sostienen cualquier estructura territorial.
El segundo frente es institucional y tiene expediente. El 12 de julio de 2023, en un acto proselitista en el Centro Cultural La Garza, dentro del edificio central de la UAEH, el entonces rector Octavio Castillo Acosta agradeció públicamente a López Hernández haber intervenido, cuando era secretario de Gobernación, para modificar la medida cautelar de Gerardo Sosa Castelán y para liberar seis cuentas bancarias de la universidad que habían sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2019. El agradecimiento quedó registrado en video y fue reportado por Proceso. Sosa Castelán, líder del llamado Grupo Universidad, enfrenta la causa penal 263/2020 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, presuntamente triangulados a través de la sociedad Contabilidad del Siglo XXI. El expediente ha tenido un recorrido irregular: fue detenido en agosto de 2020, obtuvo prisión domiciliaria en febrero de 2022, brazalete electrónico en mayo de 2024 y un sobreseimiento parcial en septiembre de ese año, resolución que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación revocó en marzo de 2025 al determinar que el juez de control carecía de competencia. El juzgador que emitió esas resoluciones, Gregorio Salazar Hernández, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal el 30 de abril de 2025 y enfrenta carpetas de investigación por presunta obstrucción de la justicia. En diciembre de 2025 un tribunal negó a Sosa el amparo con el que buscaba evitar el juicio oral. El dato político es que ese mismo grupo controla al PT en Hidalgo y rompió con el gobernador en 2024, tras ser relegado de las candidaturas de Morena. La llegada de López Hernández devuelve interlocución nacional a un bloque que Menchaca desplazó.
Hay un tercer frente menos vistoso, pero más operativo: el mercado de chapulines y la discriminación de las bases de Morena en Hidalgo. En 2027 estarán en juego los 84 ayuntamientos y la reelección seguirá vigente hasta 2030, una combinación que ya movió piezas antes de que existiera convocatoria. En enero de este año, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Marco Antonio Rico Mercado, presumió públicamente la adhesión de cinco alcaldes del Partido del Trabajo a las filas del partido guinda. El presidente del consejo político de Movimiento Ciudadano en Hidalgo, Pablo Gómez, ofreció otra lectura en entrevista con El Universal Hidalgo: esos cambios respondían a “intereses personales vinculados a la reelección”, en un cálculo contra el plazo de marzo para que quien buscara reelegirse por un partido distinto abandonara su militancia original. El dato relevante no es sólo el brinco. El PT en Hidalgo es el instrumento electoral del Grupo Universidad, de modo que la migración de cinco alcaldes hacia Morena vació posiciones del mismo bloque que ahora recupera interlocución nacional con la llegada del coordinador.
La contradicción es interna y está documentada. Mientras la dirigencia nacional de Morena y la propia presidenta Sheinbaum se pronunciaron contra la reelección y el nepotismo rumbo a 2027, la dirigencia hidalguense mantuvo la puerta abierta: en julio, Rico Mercado sostuvo que se respeta el derecho de alcaldes y legisladores a buscar la reelección y que serán la convocatoria y sus filtros los que definan quién pasa, porque “la última palabra la tiene el pueblo”. En otras entidades, militancia de base del propio partido ha exigido públicamente que las candidaturas de 2027 no se entreguen a chapulines provenientes de otras fuerzas políticas.
¿Seguirá impulsando chapulines en Hidalgo? No existe declaración pública de López Hernández sobre ese punto y suponerla sería especular. Lo que sí existe es trayectoria y antecedente. El propio coordinador militó en el PRI y después en el PRD antes de llegar a Morena; Ochoa Fernández fue presidente estatal del PVEM y secretario en gobiernos priistas de Hidalgo antes de llegar al Senado en la fórmula morenista de 2024; y el Grupo Universidad construyó su poder al amparo del PRI antes de operar desde el PT y desde Morena. En Chihuahua, además, López Hernández ya se pronunció por una candidatura específica y recibió una respuesta que en Hidalgo podría repetirse casi textual: el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, replicó que la decisión no la tomará “un senador que ni siquiera vota en Chihuahua”. La pregunta operativa en Pachuca, entonces, no es si habrá chapulines —los hubo en enero, presumidos por la propia dirigencia estatal—, sino quién los certificará.
El cuarto frente es el más delicado y el que exige mayor precisión. Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre diciembre de 2019 y enero de 2024, es decir, durante el gobierno de López Hernández. Las autoridades mexicanas lo identifican como presunto líder fundador de La Barredora, organización relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025, trasladado a México y permanece recluido en el penal federal del Altiplano. En junio de 2026 la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión por asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado; en marzo se le cumplimentó una orden de aprehensión por desaparición forzada y en abril fue vinculado a proceso por peculado, mientras la FGR mantiene otra causa por delincuencia organizada. El propio Bermúdez Requena, en una carta manuscrita fechada el 3 de agosto de 2026 y difundida el 12 de agosto, se declaró inocente, negó ser integrante o líder de esa organización y afirmó ser víctima de una persecución política y mediática. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, recibida el 31 de julio.
Sobre las investigaciones en Estados Unidos conviene distinguir lo documentado de lo atribuido. El periodista Raymundo Riva Palacio publicó en El Financiero, en junio de 2026, que el Departamento de Estado confirmó al gobierno mexicano la revocación de la visa del senador en el marco de indagatorias por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible, y sostuvo que desde septiembre de 2025 el gabinete de seguridad mexicano conocía esas fichas. El New York Times reportó el 27 de julio que gobernadores y legisladores de Morena colaboran de manera discreta con autoridades estadounidenses, sin revelar nombres. Frente a ello, los hechos verificables son otros: el 6 de agosto de 2026 la Embajada de Estados Unidos en México calificó como falsa la supuesta orden de aprehensión atribuida al Departamento de Justicia que circuló en redes sociales; verificadores independientes confirmaron que no existe evidencia de tal documento; el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, sostuvo que no hay pruebas públicas de la cancelación de visa ni de procedimientos judiciales; y no existe acusación formal, imputación pública ni pronunciamiento oficial del Departamento de Justicia contra López Hernández. Consultado por reporteros en el Senado el 12 de agosto, el senador respondió: “no doy declaración de nada”.
Queda la pregunta que circula en el debate público hidalguense: si la estructura criminal señalada en Tabasco puede trasladarse a Hidalgo. Lo que sí está documentado es que Hidalgo encabeza el robo de hidrocarburo en México: 731 tomas clandestinas en el primer trimestre de 2026 según el observatorio ciudadano IGAVIM con datos de Pemex —el 28.52 por ciento del total nacional, una perforación cada tres horas—, y mil 481 carpetas de investigación federales entre enero y mayo, primer lugar del país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuautepec de Hinojosa es el municipio con más ordeñas del país, con 202 casos. El gobernador Menchaca reconoció en febrero la disputa territorial del grupo local “Los H”, y el mando de la 18 Zona Militar ha admitido presencia de organizaciones nacionales en la entidad, junto a células regionales. El riesgo, entonces, no es la importación de una banda: es que el estado con más huachicol del país quede coordinado políticamente por un operador a quien la prensa nacional y una investigación periodística estadounidense vinculan —sin imputación formal— precisamente con contrabando de combustible. Ese es un problema de exposición institucional y binacional, no una acusación penal.
Los siguientes pasos son verificables y tienen fecha. Morena deberá definir el método, la convocatoria y los filtros de selección de candidaturas para 2027, proceso en el que López Hernández tendrá injerencia declarada y en el que se resolverá también qué hace el partido con los alcaldes que cambiaron de siglas. El Congreso de Hidalgo mantiene congeladas las iniciativas sobre el artículo 62 y la duración del mandato de 2028, y el Instituto Estatal Electoral ya solicitó ampliar el plazo de registro de candidaturas ante el aumento de postulaciones. El proceso contra Bermúdez Requena sigue en etapa judicial en dos fueros, y el de Sosa Castelán espera resolución de amparo antes del juicio oral. Ninguno de esos expedientes está cerrado. Y ninguno de ellos, por ahora, ha tocado formalmente al hombre que desde esta semana decide quién compite en Hidalgo.
