
22 de noviembre de 2026
El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, lanzó una advertencia que ningún político mexicano debería tomar a la ligera: la agencia seguirá exponiendo los vínculos entre los cárteles y los políticos corruptos del país. “No vamos a dar marcha atrás”, escribió el pasado 17 de noviembre en su cuenta de X.
Su diagnóstico fue igual de directo: “La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan a nuestras comunidades”. Días antes, al comentar la sentencia de 22 años y medio de prisión contra Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, Cole ya había dejado claro su criterio: “La corrupción y el narcotráfico van de la mano, independientemente de la posición política”.
La advertencia tiene expediente. El 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA hicieron pública una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, hoy con licencia, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos están el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Según la acusación, Los Chapitos habrían ayudado a Rocha a ganar la elección de 2021 secuestrando e intimidando a sus rivales. Rocha e Inzunza rechazaron los señalamientos.
Desde entonces, Cole ha subido el tono. En mayo dijo ante el Senado estadounidense que el caso Rocha era “sólo el comienzo de lo que viene en México”. En julio afirmó que el gobierno mexicano y las redes criminales “son lo mismo”. En agosto sostuvo que hay funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Este mes dijo que quienes han protegido al Cártel Jalisco Nueva Generación están en una lista prioritaria de la agencia.
Del lado mexicano, la respuesta ha sido descalificar. En julio, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó las declaraciones de “desafortunadas”, dijo que eran políticas y que no tenían sustento, y le sugirió a la DEA ocuparse de la venta de drogas y el lavado de dinero en su propio país. En el caso Rocha, el gobierno insiste en que Washington presente pruebas.
Hay un detalle que debilita la idea de un ataque político contra México. El mismo Cole que denuncia la corrupción ha llamado al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, “socio de confianza”, y se reunió con él días antes de su mensaje. Washington no apunta contra el gabinete de seguridad. Apunta contra los políticos.
Cole no dio nombres en su publicación. No hizo falta. Con un gobernador y un senador ya acusados en Nueva York, la pregunta en la política mexicana ya no es si habrá más expedientes, sino quién sigue.