El poder en manos de la delincuencia.
Por Jorge Montejo.
Todo parece indicar que el gobierno municipal y el crimen organizado actuaron de manera coordinada en el artero asesinato de seis estudiantes normalistas y de la desaparición forzada de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala, Guerrero. En medio del duelo, la indignación y la movilización nacional el país se pregunta sobre las razones que llevaron a un gobierno local dominado por el crimen organizado a ordenar una masacre de estudiantes pertenecientes a uno de los colectivos sociales más antiguos y combativos del país. Si el principal negocio del crimen organizado en México es el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ¿por qué asesinar estudiantes que no tienen ninguna relación con ello?
Para entender los motivos represores del crimen organizado y del gobierno hay que empezar por reconocer uno de los cambios más importantes en la industria criminal de los últimos años: en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, el crimen organizado ya no solo intenta monopolizar el trasiego de la droga sino que ahora ha pasado a una nueva fase en la que uno de sus grandes objetivos es la toma del poder local, es decir, apoderarse de los municipios y sus recursos y extraer la riqueza local a través de la tributación forzada. En zonas del país donde diferentes grupos criminales se disputan el control del tráfico de droga, para sufragar estos conflictos el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales (la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas) y de riqueza humana (la extorsión y el secuestro).
En esta nueva estrategia los grupos criminales encontraron un nuevo y valioso botín: el municipio y sus contribuyentes. Como lo demuestra la terrible experiencia de Michoacán, el crimen organizado se apropio del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local. Pero la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de las arcas públicas municipales donde obtienen información fidedigna que les permite extorsionar con mayor eficacia a los hoteles, restaurantes y pequeños negocios de las ciudades bajo su dominio.
Para apoderarse de los municipios y sus contribuyentes, los grupos criminales empezaron por doblegar a las autoridades locales. Mediante el soborno o la extorsión, fueron subordinando a presidentes municipales, diputados, gobernadores, senadores y políticos a lo largo de todo el territorio nacional, impulsando a sus propios candidatos dentro de todos los partidos políticos como parece haber sido el caso del alcalde de Iguala.
Para lograr la hegemonía local, los grupos del crimen organizado requieren de una sociedad desarticulada y aterrorizada, incapaz de cuestionar y desobedecer los dictados de las autoridades de facto. Por ello los criminales buscan establecerse en zonas con poca organización social. Pero cuando las zonas estratégicas para el trasiego y la producción de droga están en lugares donde operan fuertes movimientos sociales y comunitarios –como Iguala – los grupos criminales intentan doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión selectiva y ejecuciones ejemplares.
La masacre de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una acción estratégica y premeditada para sembrar el terror y doblegar a los grupos de la sociedad civil que en Iguala y en municipios aledaños participaban en distintos procesos de articulación social (incluyendo policías comunitarias) para hacerle frente a las extorsiones, secuestros y asesinatos por parte del crimen organizado y de las autoridades públicas a su servicio. En pocas palabras, la masacre fue un acto de reconstitución del poder local.
Asimismo, es importante mencionarse que estos actos brutales que estamos viviendo a lo largo de todo el territorio nacional son el reflejo de una larga historia de impunidad de la que han gozado los gobernantes del estado desde los años dorados del autoritarismo priista hasta nuestros días. La brutalidad de la guerra sucia de los gobiernos del PRI en contra de grupos guerrilleros y estudiantiles disidentes de los años setentas ha alcanzado niveles equiparables a las guerras sucias de Chile y Argentina. Pero estos actos quedaron impunes y la misma clase política que asesinó a disidentes sociales se ha mantenido en el poder bajo el cobijo del PRI y ahora de la izquierda partidista. Aunque el mundo ha cambiado, en México la impunidad es la constante. Y esa impunidad hace posible las matanzas de Aguas Blancas, el Charco, Tlatlaya y ahora Iguala.
Lo más grave de la situación, es que por todo el territorio nacional han comenzado a surgir grupos guerrilleros que comienzan a organizarse, para luchar en contra del Estado mexicano que se encuentra debilitado por las infiltraciones de la delincuencia organizada, los últimos acontecimientos han puesto en evidencia el grado de descomposición social que vivimos, medios de comunicación, gobiernos, políticos, empresarios, están aliados al crimen. México es un estado fallido.
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