LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS ENFERMOS DE PODER.


Por Julio Gálvez
Twitter: @juliogalvezb

Hoy se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de 1948, decenas de políticos han celebrado dicho acontecimiento en sus redes sociales aunque estos sean los que principalmente carecen de los valores que le dieron sustento a este importante documento.

En efecto, en México, todos los políticos hablan de derechos humanos cuando en realidad no tienen idea de lo que son, ya que cuando surge la necesidad de aplicarlos, el gobierno promueve una Ley de Seguridad Interior que busca la represión de los pueblos, o peor aún, los jueces y magistrados distorsionan constantemente las normas para aplicarlas en favor de la política.

Ante esta gran contradicción, resulta preguntarnos si los derechos humanos en realidad se aplican en nuestro país, ya que al parecer estos son operados al arbitrio del poder. ¿De qué sirve contar con decenas de normas, reformas y pactos internacionales en la materia  cuando estos se aplican en favor de la clase política?

Esa es la realidad de México, contamos con un estado de derecho completamente diluido por el poder político, en las universidades, en los medios, en las instituciones de impartición de justicia, en todos lados nos hablan de derechos humanos, pero en realidad estos se han convertido en un mecanismo para controlar a las masas, ya que mediante  el reconocimiento normativo de algunas conductas morales  (no de su aplicación), el Estado manipula a su arbitrio, a ciertos sectores de la población; por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el gobierno se encuentra legalizando ciertas conductas, pero a la vez, implícitamente violentará a un determinado grupo de personas que le generan problemas a los detentadores del poder, es pocas palabras, esa ley no busca beneficiar a los mexicanos, busca proteger a una autoritaria clase política. 

En este orden de ideas, la problemática actual por la que atraviesa nuestro país en materia de  corrupción, seguridad y justicia, hace necesario que los derechos humanos sean garantizados de forma integral y efectiva por el Estado. Como ha afirmado Norberto Bobbio, en su obra “El Problema de la Guerra y las Vías de la Paz”, los derechos humanos se despliegan en un proceso inacabado del cual la declaración universal debe ser entendida como el punto de partida hacia una meta progresiva. Por lo tanto, el problema no es solamente construir los instrumentos que garanticen esos derechos, sino perfeccionar el sistema jurídico y organizacional de un Estado que permita su efectiva aplicación. 

Conforme a lo anterior, es necesario que abandonemos esa mentalidad decimonónica a la hora de aplicar el derecho, para ubicarnos en un nuevo paradigma  en donde en realidad se garanticen los derechos humanos de las personas. México necesita transformarse en todos sus sectores, necesita modernizarse, los ciudadanos nos topamos día con día con funcionarios públicos que operan bajo la sombra de la legalidad con la intención de satisfacer necesidades personales y políticas, debido a que nuestro sistema jurídico lo permite.

El Estado mexicano debe diseñar nuevos mecanismos de auto-control que dignifiquen el servicio público y califiquen el desempeño ético de nuestros funcionarios, no basta con que los derechos humanos se encuentren positivizados en normas, ya que cada autoridad las aplica a su arbitrio, y ante esta situación, en un país tan corrupto como el nuestro, resulta interesante preguntamos si estos realmente existen o son una creación artificial del gobierno para mantener dominada a la población.

La democracia no contempla solamente el derecho a votar y a ser votado, sino que también la forma como debe limitarse el poder, y para eso justamente sirven los derechos humanos, para limitar al político que con su inteligencia no logra limitar sus instintos y termina envileciéndose y enfermándose de poder, tal y como lo describe David Hume en su obra titulada "Tratado Sobre la Naturaleza Humana.

Sin embargo, mientras el mexicano tenga capacidad económica para comprarse un smartphone, ver fútbol, darle sustento a su familia y divertirse, este tipo de problemáticas pasarán a segundo termino, hasta que, algún día se se conviertan en víctimas de la impunidad, de la cual nadie se salva en este país.  

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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales. 


Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial” presidida honoríficamente por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario El Nuevo Gráfico y Director del Centro de Investigaciones Sociales (CIS).