Julio Gálvez
26 de abril de 2026
La detención del contralmirante en retiro Fernando Farías Laguna en Palermo, Buenos Aires, el pasado 23 de abril, no fue un trámite policial ni el cierre rutinario de una ficha roja de Interpol. Fue el primer movimiento visible de una operación geopolítica con dos rutas posibles: una termina en un penal mexicano, donde otros denunciantes de la misma red fueron ejecutados antes de poder declarar; la otra termina en una corte federal de los Estados Unidos, donde el contralmirante podría convertirse en testigo protegido del FBI y nombrar al círculo más íntimo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Todo el andamiaje diplomático y judicial del último mes apunta a la segunda.
Farías Laguna es, según las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República y la información presentada por el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, el presunto líder operativo de una organización conocida internamente en la Marina con el indicativo de “Los Primos”. Junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —detenido en septiembre de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos—, fueron sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Esa relación de sangre con la cúpula naval del sexenio lopezobradorista es, según el expediente, la que les habría permitido consolidar un feudo en las aduanas marítimas, designar a los capitanes de puerto y blindar el ingreso de buques con combustible contrabandeado desde refinerías de Texas y, en algunos casos documentados, desde Vancouver.
La mecánica de la defraudación no es la del huachicol clásico de ordeña a ductos de Pemex. Es contrabando de cuello blanco con precisión contable. Los operadores adquirían cargamentos masivos de gasolina y diésel en el mercado abierto estadounidense, los introducían por Altamira, Tampico, Ensenada o Manzanillo, y manipulaban sistemáticamente los pedimentos de importación para reclasificar el combustible como “aditivos” o “aceites lubricantes” exentos de gravamen. Un caso emblemático: un cargamento de la canadiense Imperial Oil con valor real de 13 millones de dólares fue declarado en aduana mexicana por apenas 1.3 millones. Una décima parte. La reclasificación arancelaria apócrifa eludía íntegramente el IEPS y el IVA correspondientes a los combustibles, y el producto, una vez en territorio nacional, se comercializaba a precio de mercado en estaciones formales.
El daño consolidado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Grisel Galeano, asciende a 600 mil millones de pesos durante el sexenio de la Cuarta Transformación. La cifra empequeñece los 15 mil millones del fraude Segalmex y los 7 mil millones de la Estafa Maestra. No es comparable. Es otro orden de magnitud. Y para que una operación logística de esa escala funcione —reportes de inteligencia documentaron hasta 31 buques mercantes simultáneos, sobornos cercanos a dos millones de pesos por cada arribo ilícito y control absoluto sobre la Agencia Nacional de Aduanas y las capitanías de puerto—, no hay tesis técnica que sostenga que pudo ejecutarse sin el conocimiento del más alto nivel del Poder Ejecutivo. Esa es la pregunta que las denuncias presentadas en la FGR desde agosto de 2025 no han querido responder, y que las autoridades estadounidenses sí están en posición de plantear.
A mediados de abril de este año, agentes del FBI, del Servicio de Impuestos Internos y del Departamento de Seguridad Nacional catearon las oficinas de Ikon Midstream LLC en Houston, Texas. Confiscaron servidores, computadoras y registros aduanales correspondientes a los últimos siete años. La empresa, señalada hace un año por la agencia Reuters como pieza logística vinculada a la mexicana Intanza —presunto frente de lavado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Monterrey—, es identificada en las pesquisas como uno de los principales proveedores del esquema. El objetivo del cateo, según los reportes replicados por TV Azteca, Político MX y la plataforma Código Magenta, es aplicar ingeniería inversa a la cadena: documentar qué volúmenes salieron realmente de los Estados Unidos, cómo se transportaron y cómo fueron declarados al cruzar la aduana mexicana. El expediente apunta a Andrés Manuel López Beltrán —“Andy”, actual integrante de la dirigencia nacional de Morena—, presuntamente articulando la red junto con Daniel Asaf y el exdirectivo de Pemex Marcos Manuel Herrería Alamina, mediante la falsificación de papelería oficial de la paraestatal. El caso testigo es el del buque Torm Agnes, que en marzo de 2025 transportó 120 mil barriles de diésel desde Canadá hasta el puerto de Ensenada con documentación presuntamente alterada.
A ese cerco institucional se suma uno más perturbador: el de los muertos. En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, entonces director general de Recaudación de Aduanas, dejó por escrito una carta-denuncia dirigida al almirante Ojeda Durán, en la que detallaba la red de sobornos y señalaba directamente a los hermanos Farías Laguna. Cinco meses después, el 8 de noviembre, fue ejecutado por sicarios motorizados en Manzanillo. Semanas antes, la fiscal investigadora Magaly Janet Nava Ramos había sido asesinada en Colima bajo idéntico modus operandi: motocicleta, calibre 9 milímetros. La FGR vinculó ambos casos. La defensa de Farías, encabezada por el despacho Mendieta y Asociados, sostiene una tesis incómoda para el gobierno mexicano: que su cliente no era el cabecilla, sino el oficial que descubrió y reportó el saqueo a su superior jerárquico, y que regresarlo a un penal mexicano equivaldría a firmar su sentencia. De ahí la solicitud de asilo político en Argentina y el rechazo frontal a la extradición a México.
De ahí, también, el interés de Washington. La detención de Farías ocurre apenas seis semanas después de la cumbre del 7 de marzo en el hotel Trump Doral de Miami, donde el presidente Donald Trump anunció la creación del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica de seguridad integrada por Argentina, El Salvador, Paraguay, Ecuador y otros ocho países. México, Colombia y Brasil fueron excluidos deliberadamente. La doctrina, articulada por el secretario de Estado Marco Rubio y el titular de Defensa Pete Hegseth, ha enmarcado al gobierno mexicano dentro de la categoría de “narco-dictaduras” que la coalición se propone contener. La captura de Farías Laguna por la Policía Federal Argentina, bajo órdenes de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, es la primera demostración operativa de esa alianza.
La maniobra está fríamente calculada. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó la deportación exprés del contralmirante por uso de pasaporte falso —ingresó a territorio argentino el 1° de abril desde Colombia con identidad guatemalteca apócrifa, bajo el nombre de Luis Lemus Ramos—, las autoridades argentinas le imputaron cargos locales adicionales, incluido el de presunto intento de homicidio contra funcionarios mexicanos. Esos cargos, lejos de ser un trámite, congelan la entrega inmediata a México y abren la ventana procesal que necesita el Departamento de Justicia estadounidense para reclamar jurisdicción propia, sustentada en los hallazgos del cateo a Ikon Midstream y en la presunta vulneración del sistema financiero norteamericano por operaciones de lavado millonarias. Bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o el estatuto RICO, el FBI tiene argumentos sobrados para convertir a Farías Laguna en testigo protegido y trasladar el juicio fuera del alcance de la Fiscalía mexicana.
Si eso ocurre, lo que llegará a una corte federal en Houston o en Nueva York no será solo el testimonio de un excontralmirante. Será la trazabilidad documental del flujo de 600 mil millones de pesos: los buques, los pedimentos, las cuentas bancarias, los nombres, los cobros. Será el expediente que la FGR no ha querido judicializar en seis meses. Y será, sobre todo, una pieza de apalancamiento sin precedentes de cara a la renegociación del T-MEC y a la nueva agenda fronteriza que el equipo de Trump prepara para los próximos doce meses.
Por eso la captura en Palermo no es lo que parece. Por eso el silencio de Palacio Nacional es tan elocuente. Y por eso, mientras la Cancillería redacta notas diplomáticas que probablemente no llegarán a ningún tribunal argentino, en una oficina del FBI alguien revisa los servidores incautados en Houston y prepara, con paciencia, la pregunta que más teme la familia presidencial saliente: ¿quién dio la orden?
Farías Laguna es, según las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República y la información presentada por el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, el presunto líder operativo de una organización conocida internamente en la Marina con el indicativo de “Los Primos”. Junto con su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —detenido en septiembre de 2025 y vinculado a proceso por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos—, fueron sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Esa relación de sangre con la cúpula naval del sexenio lopezobradorista es, según el expediente, la que les habría permitido consolidar un feudo en las aduanas marítimas, designar a los capitanes de puerto y blindar el ingreso de buques con combustible contrabandeado desde refinerías de Texas y, en algunos casos documentados, desde Vancouver.
La mecánica de la defraudación no es la del huachicol clásico de ordeña a ductos de Pemex. Es contrabando de cuello blanco con precisión contable. Los operadores adquirían cargamentos masivos de gasolina y diésel en el mercado abierto estadounidense, los introducían por Altamira, Tampico, Ensenada o Manzanillo, y manipulaban sistemáticamente los pedimentos de importación para reclasificar el combustible como “aditivos” o “aceites lubricantes” exentos de gravamen. Un caso emblemático: un cargamento de la canadiense Imperial Oil con valor real de 13 millones de dólares fue declarado en aduana mexicana por apenas 1.3 millones. Una décima parte. La reclasificación arancelaria apócrifa eludía íntegramente el IEPS y el IVA correspondientes a los combustibles, y el producto, una vez en territorio nacional, se comercializaba a precio de mercado en estaciones formales.
El daño consolidado por la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Grisel Galeano, asciende a 600 mil millones de pesos durante el sexenio de la Cuarta Transformación. La cifra empequeñece los 15 mil millones del fraude Segalmex y los 7 mil millones de la Estafa Maestra. No es comparable. Es otro orden de magnitud. Y para que una operación logística de esa escala funcione —reportes de inteligencia documentaron hasta 31 buques mercantes simultáneos, sobornos cercanos a dos millones de pesos por cada arribo ilícito y control absoluto sobre la Agencia Nacional de Aduanas y las capitanías de puerto—, no hay tesis técnica que sostenga que pudo ejecutarse sin el conocimiento del más alto nivel del Poder Ejecutivo. Esa es la pregunta que las denuncias presentadas en la FGR desde agosto de 2025 no han querido responder, y que las autoridades estadounidenses sí están en posición de plantear.
A mediados de abril de este año, agentes del FBI, del Servicio de Impuestos Internos y del Departamento de Seguridad Nacional catearon las oficinas de Ikon Midstream LLC en Houston, Texas. Confiscaron servidores, computadoras y registros aduanales correspondientes a los últimos siete años. La empresa, señalada hace un año por la agencia Reuters como pieza logística vinculada a la mexicana Intanza —presunto frente de lavado del Cártel Jalisco Nueva Generación en Monterrey—, es identificada en las pesquisas como uno de los principales proveedores del esquema. El objetivo del cateo, según los reportes replicados por TV Azteca, Político MX y la plataforma Código Magenta, es aplicar ingeniería inversa a la cadena: documentar qué volúmenes salieron realmente de los Estados Unidos, cómo se transportaron y cómo fueron declarados al cruzar la aduana mexicana. El expediente apunta a Andrés Manuel López Beltrán —“Andy”, actual integrante de la dirigencia nacional de Morena—, presuntamente articulando la red junto con Daniel Asaf y el exdirectivo de Pemex Marcos Manuel Herrería Alamina, mediante la falsificación de papelería oficial de la paraestatal. El caso testigo es el del buque Torm Agnes, que en marzo de 2025 transportó 120 mil barriles de diésel desde Canadá hasta el puerto de Ensenada con documentación presuntamente alterada.
A ese cerco institucional se suma uno más perturbador: el de los muertos. En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, entonces director general de Recaudación de Aduanas, dejó por escrito una carta-denuncia dirigida al almirante Ojeda Durán, en la que detallaba la red de sobornos y señalaba directamente a los hermanos Farías Laguna. Cinco meses después, el 8 de noviembre, fue ejecutado por sicarios motorizados en Manzanillo. Semanas antes, la fiscal investigadora Magaly Janet Nava Ramos había sido asesinada en Colima bajo idéntico modus operandi: motocicleta, calibre 9 milímetros. La FGR vinculó ambos casos. La defensa de Farías, encabezada por el despacho Mendieta y Asociados, sostiene una tesis incómoda para el gobierno mexicano: que su cliente no era el cabecilla, sino el oficial que descubrió y reportó el saqueo a su superior jerárquico, y que regresarlo a un penal mexicano equivaldría a firmar su sentencia. De ahí la solicitud de asilo político en Argentina y el rechazo frontal a la extradición a México.
De ahí, también, el interés de Washington. La detención de Farías ocurre apenas seis semanas después de la cumbre del 7 de marzo en el hotel Trump Doral de Miami, donde el presidente Donald Trump anunció la creación del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica de seguridad integrada por Argentina, El Salvador, Paraguay, Ecuador y otros ocho países. México, Colombia y Brasil fueron excluidos deliberadamente. La doctrina, articulada por el secretario de Estado Marco Rubio y el titular de Defensa Pete Hegseth, ha enmarcado al gobierno mexicano dentro de la categoría de “narco-dictaduras” que la coalición se propone contener. La captura de Farías Laguna por la Policía Federal Argentina, bajo órdenes de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, es la primera demostración operativa de esa alianza.
La maniobra está fríamente calculada. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó la deportación exprés del contralmirante por uso de pasaporte falso —ingresó a territorio argentino el 1° de abril desde Colombia con identidad guatemalteca apócrifa, bajo el nombre de Luis Lemus Ramos—, las autoridades argentinas le imputaron cargos locales adicionales, incluido el de presunto intento de homicidio contra funcionarios mexicanos. Esos cargos, lejos de ser un trámite, congelan la entrega inmediata a México y abren la ventana procesal que necesita el Departamento de Justicia estadounidense para reclamar jurisdicción propia, sustentada en los hallazgos del cateo a Ikon Midstream y en la presunta vulneración del sistema financiero norteamericano por operaciones de lavado millonarias. Bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o el estatuto RICO, el FBI tiene argumentos sobrados para convertir a Farías Laguna en testigo protegido y trasladar el juicio fuera del alcance de la Fiscalía mexicana.
Si eso ocurre, lo que llegará a una corte federal en Houston o en Nueva York no será solo el testimonio de un excontralmirante. Será la trazabilidad documental del flujo de 600 mil millones de pesos: los buques, los pedimentos, las cuentas bancarias, los nombres, los cobros. Será el expediente que la FGR no ha querido judicializar en seis meses. Y será, sobre todo, una pieza de apalancamiento sin precedentes de cara a la renegociación del T-MEC y a la nueva agenda fronteriza que el equipo de Trump prepara para los próximos doce meses.
Por eso la captura en Palermo no es lo que parece. Por eso el silencio de Palacio Nacional es tan elocuente. Y por eso, mientras la Cancillería redacta notas diplomáticas que probablemente no llegarán a ningún tribunal argentino, en una oficina del FBI alguien revisa los servidores incautados en Houston y prepara, con paciencia, la pregunta que más teme la familia presidencial saliente: ¿quién dio la orden?
