Por María Gil.
CIUDAD DE MEXICO.- Desde Ginebra, Suiza, la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México asegurar que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales del país y le urgió a adoptar “medidas urgentes” para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó hoy sus conclusiones sobre la situación en México después de que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el pasado 6 de julio, informó la agencia EFE.
La vicepresidenta del CEDAW, Magalys Arocha Domínguez, informó en rueda de prensa que el diálogo con la delegación mexicana multisectorial ha sido “muy activo y constructivo” en medio de unas “muy complicadas condiciones” en el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres, que es “mala”.
El Comité reconoce los esfuerzos de México para “superar el clima general de violencia y promover los derechos de las mujeres”.
No obstante, lamenta que los “persistentes altos niveles de inseguridad, violencia y del crimen organizado, así como los retos asociados con estrategias públicas de seguridad, afecten negativamente al disfrute de los derechos de las mujeres y niñas”, entre ellas las indígenas y las afromexicanas.
Según dijo Arocha Domínguez, el Comité quiere que se haga a partir de este examen a México un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en el campo de la violencia basada en el género.
En este sentido pide a México que “adopte medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y desapariciones forzosas de mujeres, lo que incluye hacer frente a la raíz del problema como son la violencia, la violencia armada, el crimen organizado, el narcotráfico, estereotipos discriminatorios y la marginalización” de la mujer.
Igualmente piden los expertos de la ONU al Estado mexicano que vele por que “se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente a los autores” de actos de violencia contra la mujer, lo que incluye a los actores estatales además de los no estatales.
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