22/12/22

Pese a que la vigente Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo, establece en su artículo 19, que los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicio, disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, el actual Secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, de manera arbitraria y sin razón de ser ha nulificado el segundo periodo de este derecho del que deben gozar los trabajadores del estado, argumentando que la dependencia debe estar disponible, lo cual es muy viable para el personal operativo que la conforma, pero no para los cientos de empleados que son administrativos y que año con año habían gozado de este derecho.

Lo anterior violenta no solo la ley antes descrita, sino los mismos Derechos Humanos, que contemplan en el artículo 24 que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Según testimonos de los trabajadores la negativa del Secretario a otorgar vacaciones a los empleados se debe a que quiere cansar y fastidiar al personal, con el fin de que renuncien y así pueda hacer uso de plazas que se comprometieron en campaña cuando fue el cambio de gobierno y partido de PRI a Morena.

Mencionaron que su ritmo de trabajo ha sido extenuante y falto de estrategia desde que tomó posesión del cargo, la jornada laboral se dividió (de 8:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:30) y aumentó de ocho a nueve horas las laboradas, aún y cuando en el artículo 13 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales de Hidalgo, establece que la duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de ocho horas, una vez más, artículo que el Secretario desconoce o que no le importa pasar por alto.

En general, las arduas jornadas de trabajo y la falta de vacaciones, han logrado que a nivel nacional México ocupe el primer lugar del llamado Síndrome del trabajador quemado o Burnout, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 75% de las personas trabajadoras en el país padece los efectos de un estrés laboral crónico, el nivel más alto de todo el mundo. El apartado QD85 Burnout del nuevo listado de la OMS lo define como el “resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo, que no se ha manejado con éxito”. Se caracteriza, dice, por tres estados: sentimientos de agotamiento; distanciamiento mental del trabajo, sentimientos negativos o de cinismo relacionados con las funciones que les tocan hacer, y una sensación de ineficacia y falta de realización. Por lo anterior en enero de 2022, entrará en vigor la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, con ello, el síndrome del agotamiento profesional, también conocido como burnout, estará catalogado como un padecimiento laboral.

Es verdaderamente lamentable que en pleno siglo XXI las largas jornadas de trabajo, muy pocas vacaciones y tener escaso tiempo de vida personal sean normalizados, peor y más triste aún, que el empleado que levanta la voz para exigir sus derechos es considerado problemático y conflictivo, y en el caso de muchos trabajadores de gobierno, de manera sutil se les ha hecho saber que si las nuevas condiciones no les gustan “las puertas están abiertas”.

El desánimo en la Secretaría de Seguridad Pública es muy notorio, hay molestia y sobre todo frustración de tener que aguantar el capricho de su titular sin poder hacer nada al respecto, dicho sea de paso no hay incentivos, por el contrario, en muchas dependencias de gobierno desde hace once años no aumentan el salario aún y cuando la inflación es inminente, nadie hace nada al respecto, nadie dice nada. Ojalá la nueva administración tome por fin cartas en el asunto.