Alonso Quijano
01/02/25
La reciente liberación masiva de documentos vinculados al caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein volvió a sacudir a las élites políticas y económicas a nivel global. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la apertura de millones de páginas de archivos —correos electrónicos, agendas, registros de contacto y comunicaciones internas— recopilados durante años de investigaciones federales. La difusión, celebrada por sectores que exigen transparencia, también ha sido criticada por sobrevivientes y legisladores debido a la falta de orden, contexto y delimitación clara entre pruebas judiciales y simples referencias documentales.
En ese universo de archivos, diversos medios estadounidenses y latinoamericanos han identificado menciones a figuras mexicanas de alto perfil, lo que ha generado una oleada de interpretaciones, especulación y ruido político. Sin embargo, las propias autoridades federales estadounidenses han sido claras en una advertencia central: la aparición de un nombre en los archivos del caso Epstein no implica, por sí misma, delito, imputación ni responsabilidad penal. Los documentos contienen desde evidencia procesal hasta notas marginales, correos reenviados o referencias hechas por terceros, lo que obliga a un análisis cuidadoso y contextual.
El elemento más concreto relacionado con México es un correo electrónico fechado el 15 de noviembre de 2016, revisado por medios mexicanos a partir de materiales del expediente estadounidense. En ese mensaje, Epstein escribió a David Stern, identificado como ex banquero de JPMorgan Chase, que había conocido al expresidente Carlos Salinas de Gortari durante una “cena de multimillonarios”, junto con el agente literario neoyorquino John Brockman. En el mismo correo, Epstein hace comentarios sobre supuestos proyectos inmobiliarios en Marruecos. El documento no constituye prueba de relación sostenida ni de conducta ilícita; se trata de una afirmación escrita por el propio Epstein, relevante únicamente en tanto muestra cómo se presentaba dentro de círculos de élite internacional.
Además de esa referencia directa, coberturas periodísticas han señalado la aparición documental de otros empresarios mexicanos en los archivos liberados. Entre los nombres mencionados se encuentran Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim Helú y referencias ligadas al entorno familiar de Emilio Azcárraga Milmo, particularmente a su viuda, Paula Cusi. En estos casos, los reportes indican que los nombres figuran en correos electrónicos, listas de invitados o comunicaciones sociales, sin que hasta ahora exista información pública que derive en imputaciones penales o investigaciones judiciales formales en Estados Unidos o en México.
Medios estadounidenses como ABC News, The Guardian y Business Insider han subrayado que el archivo Epstein es profundamente heterogéneo y que el propio financista utilizaba la mención de personajes poderosos como una forma de construir estatus, influencia y protección simbólica. Abogados de víctimas han advertido que muchos nombres aparecen sin contexto suficiente, mientras que posibles facilitadores o encubridores permanecen fuera del escrutinio público, lo que ha alimentado un debate en Washington sobre la forma en que se está liberando la información.
En este escenario, el capítulo mexicano debe leerse con una doble cautela: por un lado, no minimizar la relevancia pública de que figuras influyentes aparezcan mencionadas en documentos de uno de los mayores escándalos de abuso y tráfico sexual del siglo; por otro, no convertir menciones documentales en sentencias mediáticas sin sustento jurídico. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre procesos abiertos contra los mexicanos mencionados a partir de estos archivos.
Lo que los documentos sí revelan —y eso es periodísticamente innegable— es la proximidad estructural entre poder, dinero y opacidad. Epstein no operó en los márgenes del sistema, sino dentro de él, aprovechando la fascinación de las élites por el acceso exclusivo. Que nombres mexicanos aparezcan en ese entramado obliga a exigir explicaciones, contexto y transparencia, pero también a mantener un estándar informativo que distinga con claridad entre hechos comprobables, afirmaciones de terceros y especulación.
El caso Epstein sigue abierto no en los tribunales, sino en la conciencia pública. Y ahí, el periodismo tiene una responsabilidad precisa: nombrar lo que está en los documentos, explicar lo que significan y callar lo que no puede probarse. Todo lo demás pertenece al terreno del escándalo, no de la investigación.
