Julio Gálvez – Investigación🔬
Pachuca de Soto, Hidalgo | 29 de diciembre de 2025
En Hidalgo, el negocio de las compras públicas no sólo mueve dinero: mueve poder. Y cuando un puñado de empresas se repite una y otra vez como ganadoras —en movilidad, arrendamientos, telecomunicaciones, obra y hasta alimentación escolar— el tema deja de ser administrativo y se vuelve político: ¿quién controla realmente la llave del presupuesto? Esta investigación documenta un patrón de concentración de contratos en un mismo círculo de proveedores, con representantes legales recurrentes, giros empresariales “multifuncionales” a conveniencia y una estructura de influencia que, en el lenguaje coloquial de la clase política hidalguense, ya se denomina “El Cártel de Hidalgo”.
El corazón de esta historia no es una empresa aislada ni una licitación escandalosa. Es un fenómeno más profundo: la captura del mercado público. En un estado donde la pobreza, el rezago y el subdesarrollo no se explican por falta de dinero, sino por la forma en que se administra, el “capitalismo de cuates” opera como un impuesto silencioso: distorsiona el libre mercado, expulsa a proveedores honestos, encarece servicios y deja a la ciudadanía pagando la factura en forma de transporte deficiente, programas sociales opacos y obras que no transforman la vida cotidiana.
El primer indicio: nombres que se repiten y el “capitalismo de cuates”
El primer indicio es simple y contundente: los nombres que se repiten. Wecom, Green Movi, Alimentos EMHO y Telco aparecen vinculadas por representación legal a Luis Ricardo Guinea Prado, mientras AHUFE figura representada por Felipe Ahumada Arteaga. En un mercado verdaderamente competitivo, los ganadores rotan porque compiten precio, capacidad, cumplimiento y resultados; aquí, en cambio, la rotación ocurre en el papel.
Ese es el sello del capitalismo de cuates: no gana quien ofrece lo mejor, sino quien pertenece al círculo correcto. Lo que cambia es el membrete, la razón social o el giro “adaptado” al contrato del momento; lo que no cambia es el operador, la red y el acceso privilegiado al presupuesto. La consecuencia es devastadora: cuando el Estado se convierte en cliente cautivo de un grupo reducido, el resto del mercado deja de competir porque entiende que compite contra una puerta cerrada. A partir de ahí, el estado queda atrapado en su propia trampa: paga más, recibe menos, y normaliza la mediocridad como si fuera inevitabilidad presupuestal.
Radiografía del dinero: las diez empresas más beneficiadas (corte a octubre de 2025)
Para dimensionar el fenómeno, Nuevo Gráfico analizó el Concentrado de Adjudicaciones del gobierno estatal (corte a octubre de 2025). El resultado exhibe concentración: un grupo mínimo absorbe montos multimillonarios. A continuación, las diez razones sociales con mayores montos acumulados (cifras redondeadas, en pesos), junto con el número de procedimientos registrados en el concentrado:
Wecom S.A. de C.V. y Promotora Satélite S.A. de C.V. – $2,771,000,000 (1 procedimiento)
Broxel – $993,000,000 (23 procedimientos)
AHUFE Materiales para Construcción, S.A. de C.V. – $810,000,000 (5 procedimientos)
Green Movi – $662,000,000 (27 procedimientos)
Grupo Papelero Gutiérrez, S.A. de C.V. – $571,000,000 (10 procedimientos)
Construcciones y Fabricados Metal Mecánicos, S.A. de C.V. – $560,000,000 (4 procedimientos)
Grupo Operador de Alimentos EMHO – $475,000,000 (8 procedimientos)
Distribuidora de Insumos Alimenticios Hidalguenses – $473,000,000 (5 procedimientos)
Soluciones y Servicios Integrales Telco – $389,000,000 (1 procedimiento)
Preslam Concretos, S.A. de C.V. – $378,000,000 (11 procedimientos)
Estos montos no prueban por sí solos corrupción, pero sí prueban algo políticamente explosivo: la concentración del presupuesto en pocos ganadores. Y cuando esa concentración coincide con redes de representación legal, continuidad transexenal y patrones de adjudicación, la historia deja de ser estadística: se vuelve estructura.
El segundo indicio: Rommify y el contrato que resume el sistema
El segundo indicio es la magnitud… y el simbolismo. Rommify Capital S.A. de C.V. aparece en el concentrado con alrededor de $276,000,000 (corte a octubre de 2025) en adjudicaciones registradas. Pero su peso real en el ecosistema de contratos se dispara con un caso que condensa el modelo: la licitación EA-913003989-N879-2025, donde Rommify ganó un contrato por $662,421,775.25 para el arrendamiento, por dos años, de 80 autobuses para el Tuzobús: 38 unidades con capacidad para 50 pasajeros y 42 con capacidad para 80, modelo 2026, especificación Euro VI, con periodos del 1 de febrero de 2026 al 31 de marzo de 2028 (rutas alimentadoras) y del 1 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (ruta troncal).
La cifra por sí sola es noticia. Pero el verdadero foco está en el contexto: en el mismo procedimiento hubo posturas económicas más bajas, incluida una por $431,976,805.17. Aun así, ganó la más alta. En términos de impacto público, se trata de un promedio cercano a $8.2 millones por unidad bajo el esquema seleccionado.
En cualquier gobierno, un fallo así exige una explicación impecable: el Estado no está obligado a elegir “lo más barato” en automático, pero sí está obligado a demostrar —con criterios técnicos verificables, costo-beneficio y evaluación pública— por qué la opción más cara es la mejor para el interés general. Si no lo demuestra, el mensaje al mercado es demoledor: no importa competir, importa pertenecer.
El tercer indicio: el diseño institucional que permite la captura
Cuando se cuestiona la posible existencia de conflictos, la respuesta institucional suele moverse en un terreno cómodo: “la decisión recae en el Comité de Compras y la Oficialía Mayor; si hay irregularidades, que aporten elementos”. Ese tipo de respuesta es legalmente útil, pero políticamente insuficiente: traslada la carga al crítico y evita lo esencial: cómo se diseñan procedimientos que terminan favoreciendo al ganador previsible.
La captura no siempre se consuma con un soborno; muchas veces se consuma con el diseño: requisitos técnicos atípicos, plazos restrictivos, criterios de evaluación opacos, integración de expedientes que excluyen competidores y una narrativa administrativa que siempre encuentra cómo justificar el resultado ya decidido. En ese punto, la institución deja de ser un árbitro y se convierte en un mecanismo de selección interna.
Cuando se cuestiona la posible existencia de conflictos, la respuesta institucional suele moverse en un terreno cómodo: “la decisión recae en el Comité de Compras y la Oficialía Mayor; si hay irregularidades, que aporten elementos”. Ese tipo de respuesta es legalmente útil, pero políticamente insuficiente: traslada la carga al crítico y evita lo esencial: cómo se diseñan procedimientos que terminan favoreciendo al ganador previsible.
La captura no siempre se consuma con un soborno; muchas veces se consuma con el diseño: requisitos técnicos atípicos, plazos restrictivos, criterios de evaluación opacos, integración de expedientes que excluyen competidores y una narrativa administrativa que siempre encuentra cómo justificar el resultado ya decidido. En ese punto, la institución deja de ser un árbitro y se convierte en un mecanismo de selección interna.
El cuarto indicio: el factor humano y el “riesgo objetivo” de conflicto de interés
Aquí aparece el factor humano. La Oficialía Mayor no es una dependencia más; es el corazón del sistema de adquisiciones. En torno a ella gravita el nombre de Edgar Orlando Ángeles Pérez, actual Oficial Mayor. Y en torno a Ángeles, en el debate político local, se ha insistido en una relación de cercanía y trayectoria previa con Juan Carlos Martínez Domínguez, quien hoy ocupa un espacio en el Patronato del DIF Hidalgo.
Este punto debe decirse con precisión jurídica: Nuevo Gráfico no dicta sentencias ni imputa delitos. Lo que señala es que existe un riesgo objetivo de captura cuando perfiles identificados como cercanos —con historial de operación política y administrativa— se encuentran en posiciones desde donde se decide el gasto y, al mismo tiempo, las empresas del mismo círculo resultan favorecidas de forma reiterada. En administración pública, el conflicto de interés no necesita confesión: se configura por la convergencia de poder de decisión, redes personales y beneficios recurrentes.
Y en esta investigación hay un dato que no puede pasarse por alto: Martínez forma parte del entorno institucional del DIF, un área de alta sensibilidad social, mientras su nombre aparece de manera persistente en el mapa político-administrativo donde se mueven proveedores y decisiones. Por eso, el lenguaje correcto no es “culpable” o “inocente”; el lenguaje correcto es: ¿qué controles existen para evitar que la influencia informal capture decisiones formales?
El quinto indicio: el DIF, la alimentación escolar y la continuidad del proveedor
El quinto indicio está donde más duele: en la política social. En el DIF Hidalgo, los contratos de alimentación escolar —desayunos fríos y calientes— no son un rubro menor: son de los más sensibles y de mayor impacto. Documentación pública en repositorios institucionales muestra continuidad de un proveedor: Insumos y Suministros Especializados de Hidalgo, S.A. de C.V., empresa que aparece adjudicada en procedimientos de alimentación escolar modalidad fría y caliente y que, en un documento contractual del propio DIF, aparece representada por Carlos Alberto Barrera Neri en su calidad de administrador único.
El dato político es evidente: pese al cambio de partido en el poder, persisten proveedores que ya operaban en el ecosistema de contrataciones del sexenio anterior. Y eso abre un dilema que Morena prometió resolver y no administrar: si el discurso fue renovación, pero la práctica reproduce contratistas, lo que se instala es gatopardismo: cambia el relato, pero el mecanismo permanece.
Sobre el apellido Barrera han circulado señalamientos públicos relacionados con vínculos y trayectorias del sexenio anterior, incluida la referencia a un familiar que habría ocupado un cargo en el ámbito notarial durante el gobierno priista. En este punto, por presunción de inocencia, corresponde separar planos: por un lado, los hechos verificables (contratos, fallos, representaciones, continuidad del proveedor); por otro, líneas de investigación y señalamientos que deben tratarse como tales. Lo que sí es exigible sin especulación es el estándar institucional: tratándose de alimentación para niñas y niños, el DIF debe operar con máximo blindaje, transparencia de precios unitarios, capacidad logística real, control de calidad y trazabilidad del gasto.
El puente: autobuses y desayunos, una sola ruta del dinero
Y aquí está el puente que conecta el caso DIF con el caso Tuzobús —y con el “Cártel de Hidalgo” en general. Porque pareciera que hablamos de dos mundos distintos —autobuses y desayunos escolares—, pero la ruta es la misma: ambos son contratos de alto impacto; ambos pasan por filtros administrativos donde pesan áreas de compras; y en ambos se observa continuidad de proveedores o redes que no deberían sobrevivir intactas cuando el discurso oficial es “cambio”.
La captura no siempre se nota por un solo contrato escandaloso: se nota por el patrón transversal. Cuando la misma lógica de concentración aparece en movilidad, arrendamientos, tecnología y política social, ya no es un error: es un sistema.
El reacomodo empresarial: cambiar de marca para conservar el negocio
El sexto indicio es el reacomodo. Green Movi fue durante años proveedor constante en arrendamientos y su relevancia no se evaporó con el cambio político: se reconfiguró. Rommify emerge con fuerza en el nuevo ciclo, pero la lectura no puede limitarse a “una empresa ganó”: en Hidalgo lo que se observa es continuidad de redes y sustitución de marcas, no necesariamente de prácticas.
En esa lógica, afirmar “propiedad formal” sin documento mercantil público sería jurídicamente temerario; lo que sí puede sostenerse con seriedad institucional es que determinados actores —por su posición, por su trayectoria, por sus conexiones y por los resultados repetidos— exhiben control, influencia o beneficio estructural en el sistema de adjudicaciones. En política pública, el control no siempre se ejerce con una firma; muchas veces se ejerce con la intermediación, con la llave del acceso y con la capacidad de decidir quién entra al negocio y quién queda fuera.
Fayad, herencias y el intento de condicionar la gobernabilidad
De ese modo, el tema se vuelve abiertamente político: el patrón no sólo erosiona finanzas públicas; puede erosionar gobernabilidad. En Hidalgo se ha extendido una tesis entre actores políticos: que el grupo del exgobernador Omar Fayad habría dejado una estructura diseñada para sobrevivir al cambio de gobierno, conservando poder real mediante operadores en áreas estratégicas, inercias administrativas y control de contratos. En paralelo, se habla de intentos por apropiarse de la marca dominante, absorber liderazgos, sumar cuadros reciclados y desplazar a quienes se asumían como base social original del cambio.
Nuevo Gráfico presenta esta lectura como lo que es: una hipótesis política sustentada en hechos observables (continuidad de beneficiarios, concentración de adquisiciones, permanencia de redes), no como acusación penal. Pero incluso como hipótesis obliga a una conclusión práctica: si el gobierno no rompe con las redes que capturan compras y contratos, esas redes no sólo seguirán cobrando; seguirán condicionando el ejercicio del poder y el crecimiento económico de la entidad.
Por eso, es necesario que el gobernador Julio Menchaca (quien llega a la mitad de su gobierno) tome distancia clara de los operadores que hoy concentran y distorsionan los procesos de contratación pública. Su administración llegó con el compromiso de combatir prácticas del pasado y tiene la oportunidad de impedir que inercias heredadas sigan dañando la vida institucional del estado. Diversos sectores ya identifican a Edgar Ángeles, Juan Carlos Martínez y las empresas a su alrededor como una “organización” por el control que ejercen sobre adjudicaciones estratégicas. Mantenerlos en posiciones clave no sólo erosiona confianza ciudadana; compromete el proyecto de transformación que el propio gobierno ha dicho encabezar, y todo esto quizá esté pensado por Fayad para seguir dominando en Hidalgo.
Ese deslinde no se logra con declaraciones: se logra con auditoría y revisión. Una auditoría integral e independiente a los procesos de adquisición, arrendamiento y contratación —en particular en la Oficialía Mayor y el DIF Hidalgo, así como en licitaciones de mayor monto— permitiría esclarecer criterios, deslindar responsabilidades, corregir inercias y blindar al propio Ejecutivo de un desgaste que no tendría por qué cargar.
Revisar bases, juntas de aclaraciones, evaluaciones técnicas, comparativos de precios, cumplimiento de entregables, penalizaciones, control de calidad y trazabilidad del dinero no es confrontación política: es saneamiento administrativo. En un Estado que dice haber cambiado, el presupuesto no puede seguir obedeciendo a redes que sobreviven a cualquier elección.
Nuevo Gráfico continuará documentando este caso. El “Cártel de Hidalgo” no es una etiqueta vacía: es un patrón. Y mientras no se revise a fondo, seguirá drenando recursos, minando confianza y condicionando la administración pública.
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Mapa del sistema: cómo opera el “Cártel de Hidalgo”
Para entender por qué este esquema ha sobrevivido a cambios de gobierno y de partido, es necesario observar el mapa completo, no contratos aislados. El “Cártel de Hidalgo” no funciona como una sola empresa ni como un acuerdo explícito; funciona como un sistema de reparto, donde cada dependencia, cada rubro y cada procedimiento encaja en una lógica común.
1. Dependencias clave: dónde se decide el dinero
El primer nivel del mapa lo ocupan las dependencias estratégicas, aquellas que concentran el mayor volumen de compras y arrendamientos:
Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo: eje central de las adquisiciones del Poder Ejecutivo. Desde aquí se controlan licitaciones y contratos marco que impactan a múltiples dependencias.
Sistema DIF Hidalgo: clave por el volumen y la sensibilidad social de sus contratos (alimentación, transporte, insumos).
Secretaría de Seguridad Pública: contratos de patrullas, camionetas y arrendamientos.
Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH): movilidad, arrendamiento de autobuses y servicios asociados.
Ayuntamientos metropolitanos (Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula): contratación de flotillas con recursos federales y estatales.
Estas áreas no sólo manejan grandes montos; marcan el estándar. Cuando una empresa logra entrar ahí, su expansión al resto del aparato público se vuelve casi automática.
2. Empresas “especializadas” por rubro… pero conectadas entre sí
El segundo nivel del mapa lo ocupan las empresas que, en apariencia, atienden rubros distintos, pero en la práctica operan como un bloque:
Arrendamiento vehicular y movilidad:
Green Movi → Rommify Capital → AHUFE.
Cambian los nombres, pero el negocio es el mismo: renta de vehículos, patrullas y autobuses.
Tecnología y servicios integrales:
Telco. Contratos amplios, poco desagregados, difíciles de auditar en detalle.
Alimentación institucional y obra pública:
Grupo Operador de Alimentos EMHO y proveedores asociados.
Alimentación escolar (DIF):
Insumos y Suministros Especializados de Hidalgo, con continuidad transexenal.
El patrón se repite: empresas con giros “flexibles”, capaces de adaptarse a lo que el contrato requiera, incluso cuando ese giro no coincide con su objeto original.
3. El mecanismo: cómo se cierra el mercado
El tercer nivel del mapa es el mecanismo operativo, que se repite con variaciones mínimas:
Bases de licitación con requisitos técnicos específicos, plazos restrictivos o condiciones poco comunes que reducen la competencia real.
Invitaciones restringidas o adjudicaciones directas, justificadas por urgencia, especialización o continuidad del servicio.
Empresas comparsa que simulan competencia, pero no representan una amenaza real para el ganador previsto.
Evaluaciones técnicas opacas, donde el criterio de “mejor propuesta” no siempre coincide con el precio más bajo ni con la mayor experiencia comprobable.
El resultado es un mercado público cerrado, donde competir se vuelve irrelevante y pertenecer a la red es la verdadera ventaja competitiva.
4. El factor humano: continuidad más allá del partido
El cuarto nivel del mapa es el factor humano, indispensable para que el sistema funcione:
Funcionarios en áreas de decisión que no necesariamente cambian con el partido, o que mantienen vínculos previos con operadores políticos y empresariales.
Actores con presencia formal en organismos sensibles —como el Patronato del DIF— y, al mismo tiempo, influencia informal en el ecosistema de proveedores.
Relaciones de confianza construidas en administraciones anteriores que sobreviven al relevo electoral.
Aquí no es necesario probar una orden escrita ni una instrucción directa: basta la convergencia entre poder de decisión, cercanía personal y beneficio reiterado para configurar un riesgo estructural de conflicto de interés.
5. El efecto económico: por qué Hidalgo no despega
Este sistema no es neutro. Tiene consecuencias económicas concretas:
Destruye el libre mercado: proveedores competitivos quedan fuera, no por incapacidad, sino por no pertenecer al círculo.
Encarece los servicios públicos: el Estado paga más por menos, como en el caso del Tuzobús.
Desincentiva la inversión privada real: cuando el mensaje es que el presupuesto ya está repartido, la inversión productiva migra a otros estados.
Reproduce el subdesarrollo: los recursos públicos no se convierten en infraestructura transformadora, sino en rentas para unos cuantos.
Ese es el verdadero rostro del capitalismo de cuates: no sólo concentra riqueza, congela el desarrollo.
6. Un sistema que se adapta para sobrevivir
Finalmente, el “Cártel de Hidalgo” no es estático. Se adapta:
Cuando una empresa se vuelve incómoda, otra toma su lugar, pero con los mismos operadores.
Cuando cambia el discurso político, se ajusta la narrativa, no el mecanismo.
Cuando hay presión pública, se dispersan contratos, pero dentro del mismo bloque.
Por eso el sistema ha sobrevivido a alternancias, reformas y promesas de cambio. No depende de un solo nombre ni de un solo gobierno; depende de la ausencia de ruptura institucional real.
