29/05/25
Agradezco profundamente al Dr. Julio Gálvez Bautista por la oportunidad de sumarme como columnista semanal a El Nuevo Gráfico, un medio que se distingue por su compromiso con el análisis crítico y el debate informado. Con esta responsabilidad, inicio abordando un tema que golpea el corazón económico y humano de México: la propuesta de imponer un arancel del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, una medida que amenaza con desestabilizar el sustento de millones de familias y tensar la relación bilateral.
En 2024, las remesas alcanzaron un récord de 64,745 millones de dólares, un aumento del 2.25% respecto a 2023, según el Banco de México. Provenientes en un 96% de Estados Unidos, estas transferencias representan el 3.8% del PIB mexicano y superan a la inversión extranjera directa y al turismo como fuente de divisas. Son el sustento de comunidades en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde los envíos anuales superan los 4,000 millones de dólares. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha planteado un arancel del 3.5%, reducido desde un inicial 5% para financiar políticas migratorias y de seguridad fronteriza, según la Casa Blanca. Pendiente de aprobación en el Senado estadounidense, este gravamen elevaría el costo de enviar 350 dólares de 6 a 23.50 dólares, un incremento del 291.7%, según BBVA.
Más allá de las cifras, las remesas son el esfuerzo de millones de migrantes: el padre en Chicago que envía dinero para la escuela de sus hijos en Oaxaca, la madre en Los Ángeles que sostiene a su familia en Guerrero, o el joven en Nueva York que financia un negocio en Zacatecas. Gravarlas no solo encarece la solidaridad, sino que afecta a los más vulnerables. Como señala el economista Raymundo Tenorio, “cobrar impuestos a las remesas es gravar la generosidad”, ignorando que este dinero es privado, no estatal, y que los migrantes ya enfrentan cargas fiscales en los países donde residen.
El impacto económico sería profundo. Las remesas estabilizan el consumo interno, con un efecto multiplicador en sectores como comercio y servicios. Su reciente contracción,10.8% en enero y 4.3% en febrero de 2025 podría agravarse, presionando el tipo de cambio peso-dólar y la inflación, según HR Ratings. Además, el encarecimiento de transferencias formales incentivaría canales informales, aumentando riesgos de lavado de dinero y la intervención del crimen organizado, como advierte BBVA. En Estados Unidos, el arancel reduciría el poder adquisitivo de los migrantes mexicanos, quienes aportan un 1.5% al PIB estadounidense, según el Instituto de Política Migratoria.
La propuesta también plantea conflictos legales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha denunciado que viola el acuerdo de 1994 contra la doble tributación y principios del T-MEC. Históricamente, medidas similares han fracasado: en 2017, Trump propuso un arancel del 2% a las remesas para financiar el muro fronterizo, pero fue rechazado por su impacto económico y moral.
Este debate exige preguntarnos: ¿es justo gravar el sacrificio de quienes sostienen dos economías? ¿no deberíamos fortalecer la integración de Norteamérica, como sugiere HR Ratings, en lugar de imponer barreras? La movilización de senadores mexicanos y el embajador Esteban Moctezuma en Washington refleja la urgencia de negociar soluciones. El futuro fiscal de México no puede construirse sobre las espaldas de sus migrantes. Gravar las remesas no es una política económica: es una traición a su esfuerzo. Desde esta columna, seguiremos exigiendo respuestas basadas en datos y justicia.
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