El criminal proceder de Andrés Manuel López Obrador en materia de salud, que entre otras nefastas consecuencias provocó cientos de miles de muertes a lo largo de su gobierno, tiene en la actualidad al país sumergido en una severa crisis, cuyos efectos han impactado en mayor medida a los sectores de la población más vulnerables.
Y es que errores costosos como las graves y letales consecuencias de establecer una estrategia equivocada para enfrentar la pandemia del Covid-19, y la irresponsable política que desembocó en un fatal desabasto de medicamentos e insumos médicos, han colocado a millones de mexicanos en un total estado de indefensión, al carecer incluso de servicios básicos de salud.
Tal situación se ha puesto en evidencia durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), encabezados por López Obrador y Claudia Sheinbaum, principalmente con la falta de atención adecuada en clínicas y hospitales del sector público, así como en la incapacidad de cumplir con las campañas de vacunación, que en administraciones federales anteriores se desplegaron por toda la República de manera casi ejemplar.
Como resultado de ese último problema, millones de personas se han quedado sin vacunas, al grado que existe el riesgo de que resurjan enfermedades erradicadas, como es el caso de la poliomielitis o el sarampión.
En ese contexto, el mayor riesgo es para los niños, pues se estima que al menos 800 mil pequeños no han sido inmunizados debido a un desabasto generalizado de fórmulas consideradas básicas, aspecto que afecta especialmente a las regiones más pobres de la nación.
Ante ello, se han alzado voces para hacer un llamado urgente a las autoridades sanitarias, a efecto de que cobren conciencia de que se “juega con fuego” al desestimar el hecho de que hay un número importante de menores de edad que llevan hasta 2 años sin ser vacunados.
Sobre las consecuencias inmediatas de tal problemática, los especialistas reportan ya un aumento del 18 por ciento en casos de tosferina. Además, advierten que hay al menos 12 personas con sarampión, entre ellas un niño de 5 años, y un repunte del 25% en hospitalizaciones infantiles por enfermedades prevenibles.
Sobre el tema específico de la tosferina, el último reporte oficial señala que en 31 entidades había 835 contagios confirmados, 34 de ellos en Hidalgo, lo que ubica al estado en el octavo lugar nacional.
En el territorio gobernado por el morenista Julio Menchaca Salazar, la alarma está encendida porque la aplicación de vacunas disminuyó en un 49.61 por ciento durante el 2024 y en comparación con el 2023, según el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, en el rubro de “salud del niño y del adolescente” y bajo el concepto de “aplicación de biológicos”.
De acuerdo con el documento, el año pasado cayó de manera drástica esta acción de medicina preventiva, pues durante el sexenio anterior (desde el 2018) se refleja un descenso en la aplicación de vacunas, pero ninguno tan bajo como el del 2024, cuando únicamente 512 mil 82 dosis fueron aplicadas en el estado.
Bajo esa premisa, se puede afirmar que Hidalgo enfrenta un desafío alarmante que amenaza la salud y el bienestar de su población: la baja cobertura de vacunación, específicamente en enfermedades prevenibles.
Por tanto, las autoridades de salud estatales deben considerar que males como la tosferina son un tema de suma importancia, que requiere atención inmediata. Esto los obliga a intensificar sus esfuerzos para impulsar campañas de vacunación inclusivas y accesibles, con miras a garantizar que todos los habitantes tengan la oportunidad de disfrutar de una vida saludable y libre de padecimientos prevenibles.
