Alonso Quijano
Pachuca, Hidalgo, 5 de junio de 2025 — Diez años después de la noche que marcó una de las heridas más profundas en la historia reciente de México, autoridades federales confirmaron la detención de Juan Pantoja Miranda, alias El Pajarraco, presunto integrante de Guerreros Unidos y señalado como participante directo en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La captura se llevó a cabo en la colonia Centro de Almoloya, Hidalgo, como parte de un operativo conjunto, a través de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, la Sedena, Marina, Guardia Nacional y la FGR. Pantoja, de 37 años, tenía una orden de aprehensión por desaparición forzada y delincuencia organizada, delitos que lo vinculan con la operación de traslado de los jóvenes hacia el basurero de Cocula, pieza central en la “verdad histórica”.
No es la primera vez que Pantoja cae. En 2018 ya había sido detenido porque sabía a dónde llevaron a los estudiantes; sin embargo, fue liberado por fallas procesales. Su nombre apareció en las primeras versiones oficiales como uno de los responsables logísticos del grupo criminal Guerreros Unidos, pero logró escabullirse de la justicia durante años.
Esta nueva detención coincide con un momento crítico en el caso Ayotzinapa: un Tribunal Federal en la Ciudad de México dictaminó recientemente que no hay elementos jurídicos para declarar falsa la “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Aquella versión, hoy nuevamente respaldada por la judicatura, sostenía que los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en Cocula, y sus restos arrojados al Río San Juan.
Murillo Karam, quien actualmente enfrenta proceso penal y permanece bajo prisión domiciliaria, fue durante años señalado por encubrir a funcionarios y manipular pruebas. El fallo más reciente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal sostiene, sin embargo, que no hay prueba de otra versión verificable, lo que ha generado una severa contradicción con lo resuelto en 2018 por el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que desechó la narrativa oficial por viciada de origen.
El caso Ayotzinapa, oficialmente reconocido por el actual gobierno como un “crimen de Estado”, ha derivado en la detención de más de 120 personas, la apertura de al menos 46 causas penales, y la creación de una Comisión para la Verdad. Sin embargo, las recientes resoluciones judiciales revelan una fractura profunda en el sistema legal, ya que algunos jueces invalidan las versiones impulsadas por el GIEI, Alejandro Encinas y el gobierno federal, dándole credibilidad a la tesis de Murillo.
La detención de El Pajarraco puede representar un avance en la investigación.
