Por más que desde la cúpula del poder se ha intentado construir un discurso triunfalista, lo único verdaderamente cierto es que la elección judicial dejó una mancha imborrable en la historia política del país, por su desaseado proceso de organización y rotundo fracaso en la participación ciudadana.
Y es que, a pesar de las estrategias instrumentadas en todo el territorio nacional para “acarrear” gente a las casillas, así como la aberrante elaboración y masivo reparto de acordeones para inducir el voto, analistas comienzan no sólo a cuestionar la representatividad de los resultados, sino la legitimidad de una reforma judicial ya enlodada con graves vicios e irregularidades desde su concepción.
Según cifras preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana se ubicó entre el 12.57 y el 13.32 por ciento, lo que de acuerdo con la presidente Claudia Sheinbaum, significa que emitieron su sufragio alrededor de 13 millones de personas, de un padrón integrado por aproximadamente 100 millones de ciudadanos.
A esa situación se suma otra igual de grave: la enorme cantidad de votos nulos, la mayoría de los cuales fueron invalidados de manera premeditada, como una muestra de contundente rechazo y protesta a este proceso.
Con ello, se calcula que la votación válida real apenas alcanzaría el 8.61 por ciento, cifra que imposibilita aún más los intentos oficiales por legitimar una reforma que afecta directamente la administración de justicia y la confianza en el sistema judicial del país.
Un punto adicional que merece atención es el costo asociado con la organización de estos comicios. Se aprobaron más de 7 mil millones de pesos para el trabajo del INE, cantidad que contrasta con la baja participación ciudadana registrada, pues si acudieron a las urnas 13 millones ciudadanos, cada voto tendría un costo de 538.46 pesos al erario público.
Por tanto, esa situación invita a reflexionar sobre la eficiencia y efectividad del uso de los recursos públicos. Mientras se invierten sumas considerables en elecciones, existen otras áreas prioritarias que demandan atención y recursos urgentes, como el sector salud, donde el gobierno federal podría haber destinado parte de ese dinero a la adquisición de medicamentos esenciales para hospitales y el tratamiento de enfermedades graves, entre ellas el cáncer infantil.
No obstante, desde el punto de vista político, la elección judicial fue considerada como todo un éxito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, pues independientemente del porcentaje de participación, para ellos sus resultados son legales y, por tanto, se constituyen en el conducto idóneo para que el Poder Ejecutivo federal, en manos de la Cuarta Transformación (4T), controle ahora también al Judicial, luego de que ya dominaba al Legislativo.
Sin embargo, en virtud de que la elección judicial puso de manifiesto desafíos significativos en términos de participación ciudadana y eficiencia en el uso de recursos públicos, queda claro que solo a través de un análisis crítico y reflexivo de estos resultados, será posible impulsar cambios que fortalezcan la tan golpeada democracia y la confianza en las instituciones públicas.
De igual forma, obliga a no olvidar que todo este proceso al final se traducirá en tener un Poder Judicial debilitado, sinsuficiente independencia, capacidad y apertura, capturado por intereses políticos y grupos fácticos; con personas juzgadoras no solo de cuestionada honorabilidad e imparcialidad, sino también carentes de preparación, compromiso y experiencia suficientes para cumplir sus funciones de contrapeso dentro de un régimen democrático, que permita aspirar en México a una mejor justicia y un verdadero Estado de derecho.
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