23 de septiembre de 2025
El gobierno de Tabasco decidió reservar por cinco años las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López y actualmente acusado de ser líder del grupo criminal conocido como La Barredora. La medida fue tomada por el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que argumentó que la difusión de estos datos podría poner en riesgo la investigación en curso, afectar la seguridad pública e incluso comprometer la integridad física del propio Bermúdez. Con esta determinación, aprobada por unanimidad, la información permanecerá bajo resguardo hasta agosto de 2030.
El caso resulta especialmente delicado porque Bermúdez no es un funcionario menor: fue uno de los hombres de confianza de Adán Augusto cuando éste gobernó Tabasco, y ahora enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. De acuerdo con las investigaciones federales, habría dirigido a La Barredora, una organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que operaba no sólo en Tabasco sino también en entidades vecinas. Tras meses prófugo, fue capturado el 12 de septiembre en Paraguay y posteriormente trasladado a México, donde permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano.
La decisión del gobierno estatal de blindar su información patrimonial genera más preguntas que certezas. Por un lado, se sustenta en la Ley de Transparencia de Tabasco, que permite reservar información cuando su difusión pueda entorpecer procesos judiciales o poner en peligro a las personas. Sin embargo, también se presta a interpretaciones críticas: ¿se protege la seguridad del investigado o se encubre la dimensión patrimonial de un funcionario acusado de crimen organizado? En un contexto en el que la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas, la medida parece chocar frontalmente con el derecho a conocer la evolución patrimonial de quienes ejercieron cargos de poder.
El vínculo político tampoco es menor. La trayectoria de Bermúdez está ligada directamente al círculo de Adán Augusto López, hoy figura nacional y aspirante a cargos de mayor envergadura en la vida pública del país. Que un colaborador cercano suyo sea procesado por delincuencia organizada y que, al mismo tiempo, su patrimonio quede en secreto hasta 2030, dibuja un escenario incómodo para el discurso oficial de combate a la corrupción.
En los hechos, la ciudadanía queda sin acceso a información clave que podría evidenciar enriquecimiento ilícito o vínculos patrimoniales con el crimen organizado. La promesa de que en cinco años se abrirán los expedientes luce insuficiente ante la urgencia actual de esclarecer responsabilidades y deslindar complicidades. Mientras tanto, Tabasco se coloca en el centro de la polémica, no sólo por el peso político de los involucrados, sino porque vuelve a exhibir la fragilidad de los mecanismos de transparencia en un país donde las reservas informativas suelen convertirse en sinónimo de impunidad.
