Jaqueline Sagaón
Ciudad de México, 4 de febrero de 2026.– Integrantes de la ranchería —hoy comunidad— de Pueblo Nuevo acudieron este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar que el máximo tribunal del país ejerza su facultad de atracción en el juicio relacionado con la falta de indemnización por la construcción de la carretera Real del Monte–Huasca, obra que, aseguran, afectó tierras comunales y forestales de su propiedad colectiva.
La comitiva fue encabezada por Pascual López Ramírez, presidente de la Sociedad Real Zumate, S.A. de C.V., figura jurídica integrada por las propias familias de la comunidad para la defensa de su territorio. Los representantes fueron recibidos por una comitiva enviada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, entre ellos personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Suprema Corte, debido a la naturaleza del asunto, que involucra tierras originarias anteriores al reparto agrario.
Durante el encuentro, Pascual López explicó que las tierras afectadas forman parte de superficies comunales reconocidas por decreto gubernamental de 1924, el cual no sólo dotó nuevas tierras, sino que reconoció expresamente terrenos que la ranchería ya poseía con anterioridad al reparto agrario, sujetándolos a un régimen comunal para su defensa y conservación, particularmente del bosque. Señaló que se trata de tierras históricamente cuidadas por la comunidad y que hoy enfrentan una afectación directa derivada de la obra carretera.
Real Zumate estuvo acompañada por el abogado Julio Gálvez, quien destacó que resulta relevante que la Suprema Corte haya abierto sus puertas a una comunidad rural que no se opone a una obra de interés público, pero que sí exige el respeto al marco constitucional. Subrayó que el propio decreto de dotación establece la obligación de conservar el bosque, mismo que —afirmó— ha sido talado de manera indiscriminada durante la ejecución de la obra, sin que exista una indemnización que permita reparar el daño ambiental. Añadió que es particularmente significativo que el máximo órgano judicial del país escuche directamente a los habitantes afectados, en un contexto donde —dijo— durante años las decisiones sobre el territorio se han tomado lejos de las comunidades y cerca del poder político y económico regional.
Gálvez explicó que, aunque en su momento un juez federal concedió la suspensión de los trabajos, la sociedad decidió no oponerse materialmente a la construcción de la carretera, al considerar que se trataba de una obra necesaria para la región. Sin embargo, advirtió que la culminación de la carretera no extingue la obligación constitucional del Estado de indemnizar la afectación a tierras comunales, máxime cuando el daño forestal es evidente y progresivo.
Pascual López añadió que la indemnización reclamada no tiene un fin privado, sino comunitario, ya que los recursos permitirían invertir en la protección, restauración y vigilancia del bosque, el cual —dijo— además enfrenta invasiones y presiones constantes. Reiteró que la comunidad nunca se negó al proyecto carretero, pero ahora exige que el daño causado sea reparado conforme a la Constitución.
El caso se encuentra actualmente radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, y la comunidad busca que la Suprema Corte fije un criterio sobre la defensa de tierras comunales ancestrales y la posibilidad de que una persona moral represente legítimamente a una comunidad en la protección de su territorio.
