María Gil
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cuestionó duramente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al sostener que “deja mucho que desear”, señalando que el organismo no tomó en cuenta la información proporcionada por el gobierno mexicano y llamó a no politizar el tema. El gobierno capitalino calificó de “muy grave” que el documento se base fundamentalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, extrapolando ese periodo a la realidad actual del país, sin reconocer los cambios implementados desde 2019 en materia de seguridad y atención a personas desaparecidas.
El posicionamiento de Brugada se produce en un contexto de franca tensión institucional: el Comité de la ONU determinó que las desapariciones forzadas se cometen como crímenes de lesa humanidad en México y decidió presentar el caso ante la Asamblea General de la ONU, hecho sin precedente desde la creación del organismo. La SRE había argumentado el 2 de abril que las observaciones del organismo no coinciden con la definición de desaparición forzada, calificando el informe de “tendencioso” por no tomar en cuenta las observaciones del gobierno mexicano. Organizaciones como Amnistía Internacional, en contraste, respaldaron la decisión del Comité y exhortaron al Estado mexicano a aceptar la cooperación internacional, advirtiendo que la crisis de desapariciones afecta a más de 132 mil familias en el país.
