Jaqueline Sagaón
Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó este 19 de mayo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa inhabilitó por 20 años a Frida M.Z., ex secretaria general de la extinta Policía Federal, y por 15 años a Damián C.M., ex titular de la División de Inteligencia, por el desvío de más de 65 millones de dólares destinados al pago de un contrato firmado en diciembre de 2015 con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems LTD. La indemnización económica que ambos deberán cubrir asciende a la misma cifra desviada y el expediente ya se encuentra bajo investigación penal de la Fiscalía General de la República.
Los dos sancionados no son nombres aislados. Forman parte del núcleo que la prensa especializada bautizó como el Grupo Hidalgo, la facción política trasplantada por Miguel Ángel Osorio Chong de la administración estatal hidalguense (2005-2011) a las áreas más sensibles de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Frida M.Z., pasó de ser directora de Recursos Materiales en Hidalgo a manejar las finanzas del CISEN y, posteriormente, la administración general de la Policía Federal; Damian C.M., saltó de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a la cúpula de inteligencia policial federal. Ambos eran, según los expedientes integrados por la Unidad de Combate a la Impunidad, los operadores directos de las adquisiciones tecnológicas amparadas en la opaca Partida 33701 de Seguridad Pública y Nacional.
El contrato con la firma con sede en Tel Aviv tenía un monto total de 133 millones de dólares y contemplaba la implementación de la plataforma “Sistema de Explotación de Información de Inteligencia”, conocida internamente como sistema Rafael. De acuerdo con la investigación administrativa, la Policía Federal liquidó sin demora un anticipo de 39.2 millones de dólares y cuatro facturas iniciales por 26.3 millones más durante 2016 y 2017; sin embargo, F.MZ., habría ordenado omitir el pago de las 16 facturas restantes, equivalentes a 65.1 millones de dólares. Los recursos para cubrirlas ya habían sido autorizados por la Secretaría de Hacienda el 15 de septiembre de 2016, apenas tres días después de que una delegación de 12 funcionarios de la Policía Federal regresara a México de un viaje a Tel Aviv cuyos gastos —transporte, hospedaje y viáticos— fueron sufragados íntegramente por la propia empresa contratante.
El dinero nunca llegó al proveedor. Y la plataforma jamás se instaló. La investigación documenta que el sistema Rafael no fue implementado, capacitado ni operado por la corporación ni por la Guardia Nacional, su sucesora legal. En los hechos, el erario perdió 65 millones de dólares por una tecnología que no existe en los servidores del Estado mexicano.
El caso RADS es apenas una de las vertientes del expediente. Las auditorías practicadas tras el cambio de régimen encontraron en las oficinas centrales de Bucareli una caja fuerte vacía: más de 2,000 millones de pesos retirados bajo el esquema de los llamados “sobres lacrados”, un mecanismo en el que los egresos se justificaban con una hoja manuscrita depositada dentro del propio sobre del que se había extraído el efectivo. A esa cifra se suma una trama paralela de 246 cheques nominativos por más de 2,500 millones de pesos emitidos a favor de la propia F.M.Z. y de Jesús O. M., otro ex secretario general de la corporación, endosados después a subordinados de bajo nivel que los cobraron en ventanilla. Por estos hechos pesa sobre ambos una orden de aprehensión dictada en agosto de 2020 por un juez federal en Almoloya de Juárez y una ficha roja de Interpol vigente en 190 países.
La sanción del TFJA cierra administrativamente un episodio, pero abre otros. Las indagatorias de la FGR siguen activas por delincuencia organizada, uso indebido de recursos públicos y posible adquisición de tecnología con sobreprecio, y según los diagramas de la Unidad de Inteligencia Financiera, los flujos hacia el consorcio panameño Nunvav Inc. —vinculado al ex secretario Genaro García Luna— se dispararon precisamente durante la gestión de Osorio Chong, no durante la de su antecesor. Además de que Estados Unidos buscará resultados del gobierno de México en el combate a la corrupción para la aprobación del T-MEC.
La lectura política, sin embargo, ya circula con fuerza en los corrillos hidalguenses. En el estado se comenta abiertamente que el ex secretario habría tendido puentes con Morena de cara al proceso electoral de 2027/2028 y que inclusive se encuentra moviendo cartas dentro del Partido Verde Ecologista en la entidad, y que en ese marco la inhabilitación a su operadora financiera más cercana funcionaría menos como un cierre judicial y más como un recordatorio de lo que la 4T conserva sobre la mesa. A tres años de las urnas en Hidalgo, el expediente de los 65 millones de dólares no parece haber llegado a su destino final: regresa a la conversación pública en el momento políticamente más útil.
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