Jaqueline Sagaón
25 de septiembre de 2026
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 337 periodistas y defensores de derechos humanos en México. Y mientras desde Palacio Nacional se repetía que el gobierno no espiaba a nadie, un centro secreto de inteligencia militar operaba Pegasus contra la prensa. Así lo documentó el Human Rights Center (HRC) de la Universidad de California en Berkeley.
El informe, titulado Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, abarca del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. Fue publicado el jueves 24 de septiembre como parte de un trabajo de varios años sobre violencia, vigilancia, hostigamiento y persecución contra ambos sectores.
De las 337 víctimas, 78 eran periodistas y 259 defensores de derechos humanos. Solo en el caso de la prensa, la cifra rebasa por mucho lo que se conocía: Artículo 19 había registrado entre 46 y 47 periodistas asesinados en ese periodo. Berkeley contabiliza 78.
El primer registro de la base de datos de Berkeley, identificado como V001, es hidalguense. Corresponde a Manuel Martínez Bautista, campesino indígena náhuatl de 60 años y defensor del territorio en la comunidad de Crisolco, municipio de Yahualica, en la Huasteca. Fue hallado sin vida en su milpa la tarde del 24 de diciembre de 2018, con heridas de machete. Habían pasado apenas 23 días desde que López Obrador rindió protesta.
De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), el asesinato podría estar relacionado con un conflicto por despojo de tierras. Según las organizaciones, habitantes de la comunidad vecina de Pachiquitla, en Xochiatipan, habrían conformado un presunto grupo de choque para despojar a Crisolco de 74 hectáreas, con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales. Seis semanas antes del crimen, otro campesino de Crisolco habría sido retenido durante más de 12 horas por pobladores de Pachiquitla junto con policías estatales y municipales, y amenazado de muerte si la comunidad no abandonaba el predio.
Las organizaciones denunciaron que, aunque autoridades municipales y estatales acudieron a la escena, no se llevó a cabo una investigación completa. La denuncia del CODHHSO fue dirigida al presidente López Obrador y al entonces gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses. El registro del caso consigna amenazas previas y un perpetrador desconocido. Nuevo Gráfico no localizó información pública sobre detenidos ni sobre un proceso penal por este homicidio. El caso retrata en pequeño lo que Berkeley documenta a escala nacional: amenazas previas, un conflicto conocido por las autoridades y un crimen sin responsables.
El hallazgo más grave del informe está en el apartado de vigilancia. Según el HRC, una investigación forense digital confirmó que un centro secreto de inteligencia militar dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó el software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group. También usó las herramientas Geomatrix, de Rayzone, y Cellebrite UFED. Todo ello sin autorización judicial ni marco legal que facultara a las fuerzas armadas para interceptar comunicaciones privadas.
Parte de la reconstrucción se basó en documentos internos de los Guacamaya Leaks, derivados de una intrusión al correo de la Sedena en septiembre de 2022 que expuso alrededor de seis terabytes de información.
El informe contradice seis años de discurso oficial. Berkeley sostuvo que la Sedena usó Pegasus y otras herramientas de cibervigilancia para espiar a periodistas pese a las reiteradas declaraciones públicas de López Obrador de que el gobierno no espiaba. Cuando en 2022 la investigación periodística "Ejército Espía" expuso que el sistema seguía activo, López Obrador reconoció que agencias de su gobierno realizaban labores de inteligencia, pero negó que se tratara de espionaje.
La dimensión del problema ya asomaba en otros expedientes. Datos presentados por WhatsApp en su litigio contra NSO Group en Estados Unidos, difundidos en abril de 2025, mostraron que al menos 456 teléfonos en México fueron atacados con Pegasus solo entre abril y mayo de 2019. Esa cifra equivale al 37% de las mil 233 víctimas identificadas a nivel global, la proporción más alta de cualquier país.
La persecución también tuvo micrófono. Con apoyo de inteligencia artificial, el HRC analizó 1,437 mañaneras de López Obrador e identificó 2,827 segmentos con lenguaje que calificó de estigmatizante contra periodistas, con expresiones como "prensa fifí", "chayoteros" y "hampa del periodismo".
El Estado tampoco protegió a quienes ya habían pedido auxilio. De acuerdo con el HRC, muchas de las víctimas habían denunciado amenazas y estaban inscritas en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Los periodistas asesinados cubrían crimen organizado, corrupción y abusos de Estado. Los defensores trabajaban en temas de tierras, medio ambiente, derechos de las mujeres y desapariciones.
Los crímenes, además, quedaron sin castigo. El HRC estimó la impunidad de los delitos contra periodistas y defensores entre 93% y 99 por ciento. Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del centro, resumió el saldo del sexenio: el gobierno "los trató como enemigos del Estado".
El cambio de gobierno no detuvo la violencia. Reporteros Sin Fronteras documentó 17 periodistas asesinados desde que Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia, el 1 de octubre de 2024, hasta el 26 de agosto de 2026.
Hasta el cierre de esta edición, Nuevo Gráfico no localizó una respuesta pública de la Secretaría de la Defensa Nacional ni del expresidente al informe. La pregunta que seis años de mañaneras nunca respondieron sigue abierta: quién ordenó, desde un centro militar sin facultades legales, vigilar a quienes investigaban al poder.
