Julio Gálvez
Ciudad de México, 23 de septiembre de 2026.
Durante seis años, el movimiento que hoy gobierna defendió que la violencia no se combate con castigo sino atendiendo sus causas. "Abrazos, no balazos" fue doctrina de Estado. Ahora el mismo movimiento descubrió la mano dura, pero no la dirigió contra los cárteles. La dirigió contra quien se burla del gobierno.
La iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado prevé sancionar con tres a siete años de cárcel a quienes utilicen la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno para realizar parodias o memes por medios electrónicos o digitales. Para la delincuencia hubo programas sociales y comprensión. Para el ciudadano que juega con un logotipo oficial, el Código Penal.
El oficialismo alega que se trata de combatir fraudes con sellos de Pemex o de la Cancillería. Pero el fraude ya es delito en el Código Penal Federal. No hacía falta inventar un tipo penal para perseguir estafadores. Lo nuevo de esta reforma no es el castigo al engaño, sino la protección carcelaria de la imagen del poder.
El artículo 14 constitucional exige que la ley penal sea exacta: nadie puede ir a prisión por una conducta descrita con términos que cada fiscal interprete a su modo. Esta reforma descansa en dos conceptos elásticos, "escala comercial" e "inducir a error". ¿Un creador de contenido que monetiza su página opera a escala comercial? ¿Una parodia con el escudo de una dependencia engaña a alguien o simplemente exhibe al funcionario? La respuesta quedaría en manos de la misma autoridad que es objeto de la burla.
Los artículos 6 y 7 de la Constitución y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen la libre manifestación de las ideas y prohíben restringirla por vías indirectas. La amenaza de prisión es la vía indirecta por excelencia. No necesita encarcelar a nadie para cumplir su propósito: basta con que el caricaturista, el medio o el usuario lo piensen dos veces antes de publicar. Eso se llama autocensura.
La propia bancada oficialista confirmó el problema. Ante la ola de críticas, el senador Javier Corral anunció que se eliminará la alusión en este artículo a los medios electrónicos y digitales, se bajará la sanción de un máximo de 7 años de cárcel a 5 años. Si el texto nunca apuntó a las redes, sobraba borrar la mención a las redes. La corrección es una confesión, y la rebaja no cambia la esencia: sigue habiendo cárcel.
El frente tampoco se cierra en el Senado. En la Cámara de Diputados avanza una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en la que no se contemplan sanciones a creadores de memes, pero sí disposiciones que obligarían a los proveedores de Internet a retirar dicho contenido. Si no es la celda, será el borrado.
La paradoja salta a la vista. Un gobierno que pidió paciencia frente a la violencia exige ahora castigo inmediato frente a la sátira. La tolerancia se agotó justo donde empieza la crítica.
La parodia, la sátira y la caricatura política no son un exceso de la libertad de expresión. Son su forma más antigua y más incómoda para el poder. De Posada a Rius, de El Ahuizote a las redes sociales, México ha sabido reírse de sus gobernantes, y ningún país se ha debilitado por reírse de quien lo gobierna.
Desde Nuevo Gráfico expresamos nuestra solidaridad con los caricaturistas, los creadores de contenido, los periodistas y los medios digitales que hoy ven en esta reforma una advertencia. Seguiremos publicando, cuestionando y exhibiendo las contradicciones de quienes gobiernan, con o sin su permiso.
Para ellos, quizá, la cárcel. Para nosotros, la palabra. No nos van a callar.
Durante seis años, el movimiento que hoy gobierna defendió que la violencia no se combate con castigo sino atendiendo sus causas. "Abrazos, no balazos" fue doctrina de Estado. Ahora el mismo movimiento descubrió la mano dura, pero no la dirigió contra los cárteles. La dirigió contra quien se burla del gobierno.
La iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado prevé sancionar con tres a siete años de cárcel a quienes utilicen la identidad gráfica institucional de los tres órdenes de gobierno para realizar parodias o memes por medios electrónicos o digitales. Para la delincuencia hubo programas sociales y comprensión. Para el ciudadano que juega con un logotipo oficial, el Código Penal.
El oficialismo alega que se trata de combatir fraudes con sellos de Pemex o de la Cancillería. Pero el fraude ya es delito en el Código Penal Federal. No hacía falta inventar un tipo penal para perseguir estafadores. Lo nuevo de esta reforma no es el castigo al engaño, sino la protección carcelaria de la imagen del poder.
El artículo 14 constitucional exige que la ley penal sea exacta: nadie puede ir a prisión por una conducta descrita con términos que cada fiscal interprete a su modo. Esta reforma descansa en dos conceptos elásticos, "escala comercial" e "inducir a error". ¿Un creador de contenido que monetiza su página opera a escala comercial? ¿Una parodia con el escudo de una dependencia engaña a alguien o simplemente exhibe al funcionario? La respuesta quedaría en manos de la misma autoridad que es objeto de la burla.
Los artículos 6 y 7 de la Constitución y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen la libre manifestación de las ideas y prohíben restringirla por vías indirectas. La amenaza de prisión es la vía indirecta por excelencia. No necesita encarcelar a nadie para cumplir su propósito: basta con que el caricaturista, el medio o el usuario lo piensen dos veces antes de publicar. Eso se llama autocensura.
La propia bancada oficialista confirmó el problema. Ante la ola de críticas, el senador Javier Corral anunció que se eliminará la alusión en este artículo a los medios electrónicos y digitales, se bajará la sanción de un máximo de 7 años de cárcel a 5 años. Si el texto nunca apuntó a las redes, sobraba borrar la mención a las redes. La corrección es una confesión, y la rebaja no cambia la esencia: sigue habiendo cárcel.
El frente tampoco se cierra en el Senado. En la Cámara de Diputados avanza una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en la que no se contemplan sanciones a creadores de memes, pero sí disposiciones que obligarían a los proveedores de Internet a retirar dicho contenido. Si no es la celda, será el borrado.
La paradoja salta a la vista. Un gobierno que pidió paciencia frente a la violencia exige ahora castigo inmediato frente a la sátira. La tolerancia se agotó justo donde empieza la crítica.
La parodia, la sátira y la caricatura política no son un exceso de la libertad de expresión. Son su forma más antigua y más incómoda para el poder. De Posada a Rius, de El Ahuizote a las redes sociales, México ha sabido reírse de sus gobernantes, y ningún país se ha debilitado por reírse de quien lo gobierna.
Desde Nuevo Gráfico expresamos nuestra solidaridad con los caricaturistas, los creadores de contenido, los periodistas y los medios digitales que hoy ven en esta reforma una advertencia. Seguiremos publicando, cuestionando y exhibiendo las contradicciones de quienes gobiernan, con o sin su permiso.
Para ellos, quizá, la cárcel. Para nosotros, la palabra. No nos van a callar.
