17 de septiembre de 2026
La noche del 1 de septiembre de 1982, José López Portillo lloró en la tribuna del Congreso y anunció la nacionalización de la banca y el control de cambios. "Ya nos saquearon", dijo, y remató prometiendo que no volverían a saquearnos. Meses antes había jurado que defendería el peso como un perro; lo devaluó 41.7 por ciento ese mismo año. El aplauso fue enorme. La ovación duró más que la política: antes de que terminara el sexenio siguiente, México negociaba con el Fondo Monetario Internacional, y una década después la banca estaba reprivatizada. Ese acto, el más citado del soberanismo mexicano, no defendió soberanía alguna. Convirtió una catástrofe generada en Los Pinos en una gesta patriótica, y le puso a la ciudadanía un culpable extranjero para que no buscara el nacional.
Ahí está el patrón que este país no ha roto en casi un siglo, sin importar el partido que gobierne. El discurso de la soberanía en México no aparece cuando la soberanía se defiende. Aparece cuando se cede. Su intensidad no es proporcional a la fuerza del Estado, sino a su debilidad. Es un instrumento de contabilidad política: sirve para registrar una pérdida como si fuera una victoria.
Conviene separar dos palabras que el oficialismo, de cualquier color, mantiene deliberadamente revueltas. La soberanía es un atributo jurídico: la capacidad exclusiva del Estado de aplicar su derecho sobre su territorio y sobre quienes lo habitan. El soberanismo es un discurso. La primera se ejerce o no se ejerce, y se puede auditar. El segundo se proclama, y no se puede auditar de ninguna manera, que es justamente su ventaja competitiva.
De esta forma, el soberanismo es la forma más eficaz de populismo en México. El populismo no se trata de repartir dinero ni de hablarle al pueblo, sino de crear un "pueblo" frente a un enemigo. Y el soberanismo ofrece el enemigo perfecto: está afuera, por lo que nadie le pide cuentas; es permanente, así que la amenaza nunca se acaba; no está en las boletas, por lo que jamás puede ser derrotado; y es imposible de comprobar, ya que ningún ciudadano puede revisar en transparencia cuánta soberanía se defendió este trimestre. Un hospital se audita; un discurso patriótico no.
Pero un instrumento sólo funciona si hay quien lo compre, y aquí llegamos a la parte que la clase política no explica y que la academia mexicana documentó hace noventa años. Samuel Ramos planteó en 1934 que el carácter nacional cargaba un complejo de inferioridad nacido de la comparación permanente con Europa. Octavio Paz lo llevó al terreno del trauma fundacional y de la máscara en El laberinto de la soledad. Santiago Ramírez lo tradujo a categorías clínicas en 1959. Ese sentimiento, heredado de generación en generación, nos convirtió en un pueblo dócil ante el poderoso y, al mismo tiempo, ávido de desagravio simbólico.
Y lo más incómodo del asunto es que la herida es verdadera. México perdió más de la mitad de su territorio en 1848, fue invadido en Veracruz en 1914 y vio entrar una expedición militar extranjera en 1916. El agravio no es una invención del discurso oficial. Eso es precisamente lo que hace rentable la manipulación: no se está vendiendo una mentira, se está vendiendo un analgésico para un dolor real. Quien padece una humillación histórica comprobable paga cualquier precio por la reparación simbólica, y la clase política descubrió hace mucho que la reparación simbólica cuesta una bandera y un altavoz, mientras que la reparación material cuesta fiscalías, jueces, presupuesto y décadas.
Sobre ese terreno se construyó todo lo demás. La clase política no corrigió el complejo: lo cultivó. Mediante la educación oficial, el cine, la literatura, las telenovelas, la música y la televisión, fabricó un estereotipo de mexicano nacionalista, machista, fiestero y violento, y a la vez sumiso y desinteresado de los problemas nacionales. Las grandes televisoras completaron la obra: castraron simbólicamente al indígena, al campesino y al proletario, y levantaron versiones de mexicanidad cimentadas en el sentimiento de inferioridad. Roger Bartra lo nombró sin anestesia en La jaula de la melancolía: "el mexicano" es una creación artificial de las redes imaginarias del poder, un axolote incapaz de alcanzar la madurez porque su inmadurez es funcional al sistema que lo describe. Un pueblo así no audita: aplaude.
La historia oficial se fabricó con el mismo propósito. La liturgia que se repite cada septiembre depura las incomodidades del expediente: Hidalgo se levantó en 1810 proclamando lealtad a Fernando VII; la independencia se consumó once años después mediante el Plan de Iguala, pactado por Iturbide, militar realista al que el Congreso acabó fusilando en 1824; y el panteón de héroes se ensambló décadas más tarde, primero por el Estado liberal y luego por el porfiriato, que modificó la historia para legitimar su acceso al poder. De ahí salió el Partido Nacional Revolucionario y de ahí el nacionalismo revolucionario que el PRI convirtió en doctrina de Estado. No inventaron la patria: la administraron.
Con ese instrumental en la mano, la serie se vuelve legible. Y la serie es lo que prueba que aquí no hay partidos, hay un método.
El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera. Fue el único acto genuino de ejercicio de soberanía del siglo mexicano, y conviene subrayar por qué: fue un acto, no un discurso. Se ejecutó, se defendió jurídicamente, se negoció con Washington y Londres y se pagó indemnización durante años. Todo lo que vino después imitó la escenografía de 1938 sin repetir la sustancia.
El PRI usó el nacionalismo revolucionario siete décadas para convertir toda crítica en deslealtad, y en 1994 firmó el tratado comercial que redefinió la economía nacional y el régimen jurídico de la inversión extranjera. El partido que había hecho de la soberanía su doctrina fundacional realizó la mayor cesión de autonomía económica del siglo, y no perdió por ello una sola sílaba de su vocabulario.
El PAN adoptó la Iniciativa Mérida con presencia operativa estadounidense en territorio nacional que después tuvo que explicar a tropezones, y en 2010 montó un Bicentenario de luces y carros alegóricos en uno de los años más violentos registrados hasta entonces.
Morena lo perfeccionó. El 30 de mayo de 2019, Donald Trump amenazó con imponer aranceles crecientes a todos los productos mexicanos si no se frenaba el flujo migratorio. El 7 de junio se firmó la declaración conjunta en Washington y México se comprometió a desplegar a la Guardia Nacional; el 18 de junio ya estaban los 6 mil elementos en la frontera sur. El gobierno que había hecho de la dignidad nacional su marca aceptó convertir a su nuevo cuerpo de seguridad en instrumento de contención migratoria por encargo, y lo presentó como política propia.
Y llegamos a la prueba de 2026, que es la más limpia de la serie.
El 20 de febrero de 2025, un día después de que Washington designara unilateralmente como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos, la Presidencia envió al Congreso la reforma de los artículos 19 y 40 constitucionales. El decreto se publicó en el Diario Oficial el 1 de abril de 2025 y declara que el pueblo de México no aceptará bajo ninguna circunstancia intervenciones ni intromisiones desde el extranjero. En ese mismo periodo, el gobierno trasladó a Estados Unidos a 29 personas el 27 de febrero de 2025, a 26 el 12 de agosto y a 37 el 20 de enero de 2026: 92 en total, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No se agotó el procedimiento del Tratado de Extradición vigente desde 1978; se invocó la Ley de Seguridad Nacional y se asumió ante el Departamento de Justicia estadounidense el compromiso de no solicitar la pena de muerte. El comunicado oficial calificó la operación de "pleno respeto a la soberanía nacional". Sobre los vuelos de drones de la CIA en territorio mexicano revelados por The New York Times, la presidenta respondió que no había nada ilegal y que se realizaban a petición de México.
El lunes 14 de septiembre de este año, el Senado autorizó por unanimidad, bajo procedimiento de urgente resolución solicitado por la Presidencia, el ingreso de 139 militares estadounidenses armados que llegarán el 20 de septiembre a Chihuahua. Veinticuatro horas después de ese permiso, desde el balcón de Palacio Nacional, la presidenta cerró la fiesta con un "¡Viva México libre, independiente y soberano!", y al día siguiente, en el desfile militar, sostuvo que el país no será colonia ni protectorado de ninguna potencia.
Conviene decirlo con precisión, porque de otro modo el argumento se desploma: nada de esto es ilegal. El artículo 76, fracción III de la Constitución faculta al Senado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras. La presión externa tampoco es un invento: en enero de este año Trump declaró que los ataques contra los cárteles podrían ejecutarse en cualquier lugar, incluido México, y el 16 de septiembre exigió exponer, arrestar y procesar a funcionarios mexicanos. Un gobierno acorralado puede concluir, legítimamente, que ceder es la opción menos mala.
El problema no es que se ceda. El problema es que se cobre como victoria. Ahí está exactamente la operación populista: la concesión se firma en el lenguaje técnico de los adultos y se proclama en el lenguaje emocional de los menores de edad, y el ciudadano paga la diferencia en forma de desinformación. Cada vez que el volumen sube, conviene revisar qué se firmó esa misma semana.
Y mientras tanto, la soberanía que sí se puede medir se sigue perdiendo, y no frente a ninguna potencia. El 10 de septiembre, cinco días antes del Grito, el INEGI publicó que de los 33.8 millones de delitos ocurridos en 2025 el 93.4 por ciento no se denunció o no derivó en carpeta de investigación, y que apenas 1.1 por ciento tuvo una resolución positiva para la víctima. Al 30 de junio de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas acumulaba 365,024 registros y 121,631 personas sin localizar. La militarización de la seguridad dejó al país sin una fuerza policial civil de alcance federal, y la ONU-DH advirtió que ese proceso, sostenido desde 2006, no redujo de forma duradera la criminalidad y sí aumentó las denuncias por violaciones graves a derechos humanos. Un Estado que no aplica su ley en 93 de cada 100 casos ya perdió jurisdicción sobre su territorio. No se la quitó Washington. La entregó por incapacidad, y después salió al balcón a defenderla.
El artículo 39 constitucional establece que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público se instituye para su beneficio. Desde la reforma del 10 de junio de 2011, el artículo 1º obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Leídos juntos, dicen algo que ningún gobierno quiere escuchar: la soberanía no es un escudo del Estado frente a otros Estados, sino una facultad del pueblo que existe para que sus derechos se cumplan. Invocarla para blindar al gobierno de la crítica, y no al ciudadano de la violencia, es invertir el artículo 39 completo.
El resultado de noventa años de este método está medido. La Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI registra que 88 por ciento de la población se siente muy orgullosa de ser mexicana; la ENCIG 2025 ubicó a los partidos políticos en el último lugar de confianza institucional, con 23.9 por ciento. Es el retrato del axolote: un pueblo que ama intensamente a su país, desconfía por completo de quienes lo administran, y aun así acepta cada 15 de septiembre que sean esos mismos quienes lo encarnen por una noche.
El 20 de septiembre aterrizan los 139 militares autorizados. La siguiente exigencia de Washington ya está sobre la mesa. Y llegará, como todas las anteriores, envuelta en un discurso más alto que el de este año. Esa es la única regla que este país ha respetado sin interrupción desde 1938: cuando un gobierno mexicano grita soberanía más fuerte que de costumbre, lo que hay que revisar no es el discurso. Es el expediente.
