Jaqueline Sagaón
09-octubre-2026
El Tribunal Electoral ordenó al caricaturista Paco Navarrete publicar durante 15 días una disculpa pública a la diputada local de Morena Itzul Barrera, por un cartón que, según la resolución, incorporó estereotipos de género y constituyó violencia política contra las mujeres en razón de género. La sanción incluye una amonestación pública y la inscripción del dibujante en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, el padrón que el Estado mexicano reserva para quienes agreden a las mujeres en la vida política.
"Mi trabajo es satirizar", respondió Navarrete. En entrevista, el monero dijo no saber de dónde interpretaron eso y aseguró que en su trabajo no utiliza insultos directos, alusiones sexuales ni estereotipos de género.
El origen del caso es una declaración pública. El 31 de enero de 2025, la legisladora, representante del distrito 9 de Guadalajara en el Congreso de Jalisco, publicó en redes sociales un comentario sobre un posible arancel de 70% al aguacate, en el contexto de la política comercial de Donald Trump. El 5 de febrero, el periódico Mural publicó el cartón de Navarrete, que retomaba esa declaración junto con una fotografía de la propia diputada sentada en una silla con forma de aguacate. La imagen no la tomó ni la fabricó el caricaturista: la había difundido ella misma en sus redes, años antes de ocupar el cargo.
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió que el cartón era violencia política de género, y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el fallo el 31 de agosto. De acuerdo con la resolución, la denunciante argumentó que la imagen mostraba sus piernas y que el cartón separaba la palabra "diputada". El tribunal concluyó que la publicación afectó su dignidad y utilizó su cuerpo como elemento del mensaje político.
La violencia política de género existe, y su tipificación responde a agresiones reales contra mujeres a las que se busca expulsar de la vida pública. Pero este caso estira la figura hasta convertirla en escudo. Lo que se satirizó fue la declaración de una legisladora sobre política comercial, y la fotografía la puso en circulación ella misma. Si una imagen que la diputada consideró apropiada para su propia proyección se vuelve violencia cuando la retoma un caricaturista, el criterio ya no es la imagen, sino quién la publica y con qué intención crítica.
Lo más grave no es la amonestación, sino la disculpa dictada. El tribunal no solo obliga a Navarrete a pedir perdón: le redacta la confesión. Durante 15 días deberá reconocer que su cartón estuvo cargado de violencia simbólica, sexual, psicológica, digital y mediática, cinco calificativos que él rechaza. Obligar a una persona a firmar como propia una culpa que niega se parece más a una retractación forzada que a una medida de reparación.
No es un caso aislado. En 2025, el mismo Tribunal Electoral obligó a la ciudadana Karla María Estrella a disculparse durante 30 días con la diputada del PT Diana Karina Barreras, sustituyendo su nombre por la leyenda "dato protegido". Entonces fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien calificó la sanción como un exceso, y diputados de Morena se sumaron a la crítica. En septiembre pasado, Morena acudió al INE para pedir el retiro de contenidos de una sátira política transmitida en TV Azteca, lo que motivó la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa. La lección del "dato protegido" no parece haber llegado a Jalisco.
La caricatura política existe para incomodar al poder, y hacerlo con exageración es parte de su naturaleza. Proteger a las mujeres de la violencia que busca sacarlas de la política es una obligación del Estado; proteger a una legisladora de la burla por lo que dijo en público es un privilegio que ningún cargo debería otorgar.
Cada una de las 15 disculpas que publique Navarrete funcionará, además, como aviso para los moneros del país: antes de dibujar a un legislador, conviene consultar al tribunal.
"Mi trabajo es satirizar", respondió Navarrete. En entrevista, el monero dijo no saber de dónde interpretaron eso y aseguró que en su trabajo no utiliza insultos directos, alusiones sexuales ni estereotipos de género.
El origen del caso es una declaración pública. El 31 de enero de 2025, la legisladora, representante del distrito 9 de Guadalajara en el Congreso de Jalisco, publicó en redes sociales un comentario sobre un posible arancel de 70% al aguacate, en el contexto de la política comercial de Donald Trump. El 5 de febrero, el periódico Mural publicó el cartón de Navarrete, que retomaba esa declaración junto con una fotografía de la propia diputada sentada en una silla con forma de aguacate. La imagen no la tomó ni la fabricó el caricaturista: la había difundido ella misma en sus redes, años antes de ocupar el cargo.
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió que el cartón era violencia política de género, y la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó el fallo el 31 de agosto. De acuerdo con la resolución, la denunciante argumentó que la imagen mostraba sus piernas y que el cartón separaba la palabra "diputada". El tribunal concluyó que la publicación afectó su dignidad y utilizó su cuerpo como elemento del mensaje político.
La violencia política de género existe, y su tipificación responde a agresiones reales contra mujeres a las que se busca expulsar de la vida pública. Pero este caso estira la figura hasta convertirla en escudo. Lo que se satirizó fue la declaración de una legisladora sobre política comercial, y la fotografía la puso en circulación ella misma. Si una imagen que la diputada consideró apropiada para su propia proyección se vuelve violencia cuando la retoma un caricaturista, el criterio ya no es la imagen, sino quién la publica y con qué intención crítica.
Lo más grave no es la amonestación, sino la disculpa dictada. El tribunal no solo obliga a Navarrete a pedir perdón: le redacta la confesión. Durante 15 días deberá reconocer que su cartón estuvo cargado de violencia simbólica, sexual, psicológica, digital y mediática, cinco calificativos que él rechaza. Obligar a una persona a firmar como propia una culpa que niega se parece más a una retractación forzada que a una medida de reparación.
No es un caso aislado. En 2025, el mismo Tribunal Electoral obligó a la ciudadana Karla María Estrella a disculparse durante 30 días con la diputada del PT Diana Karina Barreras, sustituyendo su nombre por la leyenda "dato protegido". Entonces fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien calificó la sanción como un exceso, y diputados de Morena se sumaron a la crítica. En septiembre pasado, Morena acudió al INE para pedir el retiro de contenidos de una sátira política transmitida en TV Azteca, lo que motivó la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa. La lección del "dato protegido" no parece haber llegado a Jalisco.
La caricatura política existe para incomodar al poder, y hacerlo con exageración es parte de su naturaleza. Proteger a las mujeres de la violencia que busca sacarlas de la política es una obligación del Estado; proteger a una legisladora de la burla por lo que dijo en público es un privilegio que ningún cargo debería otorgar.
Cada una de las 15 disculpas que publique Navarrete funcionará, además, como aviso para los moneros del país: antes de dibujar a un legislador, conviene consultar al tribunal.
