Por Julio Gálvez
Twitter: @juliogalvezb
No solo es triste, sino preocupante la forma en la que han actuado nuestras instituciones públicas en los últimos meses, nuestros gobernantes, bajo la sombra de la legalidad han logrado retener el poder a costa de la degradación del Estado. Es una pena en lo que se han convertido nuestros organismos encargados del control democrático, de haber alcanzado un grado importante de autonomía con las reformas constitucionales de 1994, pasaron a convertirse en instrumentos de simulación política.
México, se encuentra atrapado por una red de corrupción que inhibe un ambiente equitativo de competencia en todos los sectores de la sociedad, las instituciones en lugar de actuar conforme a lo establecido por la Constitución, son operadas por gobernantes corruptos que solo buscan salvaguardar los intereses económicos de los dueños de México.
Hoy en día, las instituciones mexicanas gozan de una calidad moral que en algunos casos está muy por debajo de lo que tienen que soportar ciertos países africanos (dicho con el mayor de los respetos). En México el Estado simplemente garantiza a su conveniencia los derechos fundamentales de los ciudadanos, las leyes son torcidas para favorecer a los detentadores del poder, desgraciadamente las clases vulnerables siempre son arrastradas a la pobreza.
Con el cambio democrático que los mexicanos vivimos en el año 2000, el poder que se acumulaba la figura presidencial se fragmento y el factor democrático se hizo presente en la vida institucional. Hoy en día, con el regreso del PRI, estamos muy alejados de contar con un Estado democrático constitucional de derecho, ya que como en la edad media, aunque nuestra Constitución diga lo contrario, en realidad carecemos de una separación de poderes, el Presidente ha vuelto a fungir como legislador y juzgador al mismo tiempo, su control es ilimitado.
Ante este triste panorama, el caso Monex y la corrupción que envuelve a la Cruzada Contra el Hambre, evidencian que en México, la política se encuentra por encima del estado de derecho, ya que a pesar de que dentro de los procesos judiciales existan pruebas contundentes que demuestran que funcionarios del Estado y los partidos políticos cometen ilícitos, los órganos encargados de administrar justicia, a través del estudio de las formas evaden el fondo de los asuntos; en pocas palabras, las instituciones en nuestro país solo sirven para servirle a los políticos, las leyes son interpretadas a conveniencia de los gobernantes.
Las irregularidades del IFE dentro del caso Monex al absolver al PRI de cualquier responsabilidad respecto a la compra de votos durante la campaña política de Enrique Peña Nieto y ahora la maquillada Cruzada contra el Hambre (que más bien debería de llamarse cruzada por los votos), ponen en estado crítico a nuestras instituciones, ya que estas están demostrando que la justicia en México es una utopía, existe ingobernabilidad.
Es inaceptable que como ciudadanos sigamos permitiendo que nuestros entes públicos solo estén diseñados para simular legalidad, inconscientemente le estamos heredando a las próximas generaciones un país que solo sale adelante por medio de trampas; un país en donde la corrupción se ha convertido en una forma de vida, pero ante los que han vivido siempre del sistema (porque el que ha vivido del sistema no conoce otras realidades), estamos mejor que nunca, vamos rumbo a la modernidad y quién se oponga a la privatización del país es una persona retrograda, un alborotador que debe ser castigado.
La democracia no contempla solamente el derecho a votar y a ser votado, sino que también la forma como debe limitarse el poder, los ciudadanos tenemos derecho a que exista dentro del Estado una separación real de los poderes públicos y fácticos. Si las instituciones encargadas del control democrático, no funcionan correctamente, entonces nos encontramos ante de un estado autoritario estructurado de forma similar a los estados medievales monárquicos. Solo para que podamos valorar lo grave de la situación, el artículo 16 de la “declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789, establece que “toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni garantizada la separación de poderes, carece de Constitución”.
Por Julio Alejandro Gálvez Bautista, Especialista en Derecho Civil, Maestro en Derecho Procesal Constitucional y Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana; ha enfocado su trabajo en temas sobre Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derecho a la Información y Reforma Gubernamental.
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