Alonso Quijano
04 de noviembre de 2025
El proyecto emblemático del gobierno federal conocido como la Megafarmacia del Bienestar, ubicado en Huehuetoca, Estado de México, ha pasado de ser presentado como “la solución al desabasto” a convertirse en un símbolo de transparencia opaca. Documentos que hasta hace poco figuraban en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) —costos, escrituras, licencias y evaluaciones— han sido retirados.
Hasta mayo de 2025, la ficha del proyecto (clave 2312 NEF0001) indicaba un costo estimado de 15 mil millones de pesos, un aumento de 4 200 millones respecto a 2024 (cuando se reportaron 10 800 millones). Esa cifra, sin embargo, desapareció del portal de la SHCP poco después de que fue difundida.
El archivo eliminado detallaba que la planta ocupa 425 389 m², con dos naves industriales de 94 127 m², y que el costo anual de operación y mantenimiento se había estimado en 304 millones de pesos (sin IVA). Junto a ello, figuraban datos relativos al permiso de funcionamiento de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la licencia de uso de suelo, y la evaluación socioeconómica inicial, orientada a concentrar en una sola bodega la distribución antes fragmentada en cinco almacenes.
En paralelo, Birmex respondió a una solicitud de información en agosto de 2025 declarando que no cuenta con datos actualizados sobre cuántas piezas de medicamentos están almacenadas en dicha planta. En diciembre de 2024 había reportado 1 150 616 piezas, frente a una capacidad de 280 millones de piezas. Además, el dictamen valuatorio (número G-35930-ZNC) del inmueble fue reservado hasta 2029 al argumentar que “pondría en riesgo la infraestructura” del complejo.
Legisladores del Cámara de Diputados, entre ellos el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, han denunciado que el proyecto no aparece en los Presupuestos de Egresos de 2023 ni de 2024, lo que sugiere que “fue un capricho presidencial” sin planeación formal ni registro claro en la Cartera de Inversión.
La contratación masiva y la centralización de compras de medicamentos —otro frente en el que la megafarmacia juega un papel clave— han sido objeto de alertas por irregularidades, aunque esos temas se refieren a procesos más amplios que la mera infraestructura.
El desenlace de este episodio añade leña al fuego de la percepción de que muchos proyectos etiquetados como estratégicos por el gobierno pueden carecer de la rendición de cuentas y la transparencia prometidas. En un país donde el derecho a la salud es constitucionalmente garantizado, la desaparición de datos oficiales plantea una paradoja: ¿cómo se evalúa el éxito o fracaso de una obra cuyo costo, operación y resultados no se hacen públicos? Y más aún: ¿qué tanto riesgo se incurre al clasificar como “seguridad nacional” la información sobre un almacén de medicamentos cuando esa infraestructura debe operar con la máxima apertura pública?
La megafarmacia, con capacidad declarada para 286 millones de piezas en diciembre de 2023, según Birmex, hoy aparece no solo con la transparencia disminuida, sino con un inventario en disputa y una valoración escondida. Es una señal de alerta para quienes exigen que el gasto público estratégico se mida, se fiscalice y se justifique ante la sociedad.
La cuenta regresiva hacia 2029, cuando los datos reservados podrán eventualmente liberarse, deja en el limbo a millones de personas que deberían beneficiarse con medicinas oportunas. Y mientras tanto, el portal borrado y el silencio administrativo ocupan el lugar que antes tenía la ficha pública del proyecto.
