Negocios al Estilo Hidalgo.


Julio Gálvez | Investigación 🔭

El pasado miércoles 5 de agosto de 2020, pobladores del municipio de Apan se pusieron en contacto con Nuevo Gráfico, para denunciar que la construcción y operación de la planta cervecera de Grupo Modelo, ubicada en Apan, Hidalgo, se realiza al amparo del poder público, en beneficio de intereses particulares y en perjuicio del derecho humano fundamental al agua de los hidalguenses. 

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el consumo anual que acaparará la cervecera es suficiente para abastecer a más de 182 mil habitantes en el mismo periodo, es decir 14 millones de metros cúbicos de agua al año; además la sobreexplotación superará hasta por 12 veces los niveles de recarga de los mantos acuíferos, condición que se duplicará (28 millones de  metros  cúbicos de agua al año) en una segunda etapa de producción.

La afectación dejará sin agua en un mediano plazo a los pobladores de los municipios de Apan, Almoloya, Tepeapulco, Tlanalapa y Emiliano Zapata.

Y es que pese a ser anunciada por Peña Nieto, en la residencia oficial de Los Pinos, como un gran logro para la administración que encabeza Omar Fayad Meneses, está teniendo un efecto negativo para la región.

Si bien hubo una inversión de 14 mil millones de pesos, lo cierto es que el balance muestra que 5 mil empleos directos e indirectos, desde la construcción hasta la operación de la misma, son insuficientes para justificar el grave daño ambiental que provocará a mediano plazo al agotar mantos acuíferos y dejar sin agua a una población que ronda los 44 mil 500 habitantes, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Gobierno de Hidalgo usa Dinero Público en favor de Cervecera. 


Para comenzar con la historia de negocios al amparo del poder, la secretaria de medio ambiente de Hidalgo,  a cargo de Benjamín Pilar Rico Moreno, expidió una autorización de impacto ambiental en favor de la cervecera cuando no tiene facultades para ello, ya que el proyecto de construcción de la cervecera esta sobre un cuerpo de agua correspondiente al acuífero de Apan 1320, el cual es un bien nacional y por lo tanto es facultad de la SEMARNAT otorgar ese tipo de autorizaciones. 

No obstante lo anterior, el permiso de impacto ambiental para la construcción de la cervecera fue otorgado a la brevedad por el gobierno de Omar Fayad, a cargo de una autoridad estatal y no federal, cuando el acuífero Apan 1320 (perteneciente a la cuenca Del Valle de México), está protegido por dos decretos de veda de 1954 y 1956, los cuales establecen que el agua debe destinarse a uso doméstico.


Por su parte, no debe pasar desapercibido que la presidenta municipal de Apan, expidió una licencia temporal de funcionamiento por 13 millones de pesos, sin la existencia de un estudio técnico y bajo la restricción de dos decretos de veda que impedían extraer el agua con fines comerciales del mencionado acuífero por parte de la planta de Grupo Modelo.

Es importante mencionar que la empresa cervecera no tiene concesión para la explotación de los pozos de agua en Apan, ya que el gobierno de Hidalgo adquirió el título y se lo trasmitió a Grupo Modelo sin la debida autorización de CONAGUA, con el fin de beneficiar con dinero público a particulares, los cuales explotan un acuífero con fines comerciales en perjuicio de los hidalguenses.

Gobierno del Estado de Hidalgo, en el afán de seguir apoyando a la cervecera, emitió un avisó a CONAGUA firmado por Simón Vargas Aguilar (Secretario de Gobierno), que va a transferir la autorización para el uso total o parcial de las aguas concesionadas a la empresa por un periodo de 12 meses; sin embargo nunca existió una resolución y continúan explotando ilegalmente el agua, además de que las concesiones otorgadas por el estado sólo las puede transferir la autoridad que las expide. 


En este orden de ideas, Gobierno del Estado de Hidalgo, solamente puede transferir el uso de la concesión para que atienda cuestiones de sequías extraordinarias, explotación grave de acuíferos o estados similares de necesidad o urgencia, tal como lo señala el articulo 29 BIS 3, de la Ley de Aguas Nacionales.

Ante esa sustracción ilegal del agua, CONAGUA realizó visitas de inspección y en la segunda visita, la autoridad resolvió que no hay faltas administrativas en contra de la empresa, ya que en ese momento les exhiben un aviso para el uso de las aguas y lo suscribe el Licenciado Simón Vargas Aguilar.

Los pobladores de APAN realizaron una petición de información a la unidad de transparencia de la CONAGUA y contestan que quien paga los derechos de la concesión de los pozos, es Gobierno del Estado de Hidalgo. De agosto de 2017 a enero de 2020, ha pagado 7 millones 64 mil 485 pesos, usando dinero público en beneficio de Grupo Modelo.

La Directora General de CONAGUA, Blanca Elena Jiménez Cisneros, esta enterada de todas las irregularidades y ha encubierto las corruptelas del Gobierno de Hidalgo. 

LOS POBLADORES DE APAN NO ESTÁN EN CONTRA DE LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS, solo piden que se respete su derecho constitucional al uso del agua de manera racional y prudente.

Esta historia continuará, existen demandas y contratos civiles sobre tierras ejidales al respecto...

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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.

Cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema activismo judicial fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la teenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como activista, consultor y asesor.