#Investigación 🔬 | Julio Gálvez
19 de marzo de 2026
Los contratos tienen firmas, sellos oficiales y números de folio. Las facturas fueron timbradas por el SAT. Las transferencias bancarias salieron de las tesorerías del IMSS, del ISSSTE y de ocho gobiernos estatales hacia cuentas abiertas en instituciones de banca múltiple como HSBC. Todo el circuito administrativo funcionó con la precisión de una operación legítima. Pero los medicamentos, el material de curación, los cubrebocas y los equipos de protección personal que esos 93 contratos amparan por un total de 361.5 millones de pesos nunca llegaron a un solo hospital. Nunca existieron. Lo que sí existió fue una maquinaria de extracción financiera operada desde 26 empresas constituidas ante notario con domicilios ficticios, objetos sociales absurdos y accionistas que viven en zonas de pobreza extrema sin saber que sus nombres amparan fraudes millonarios.
La investigación publicada el 17 de marzo de 2026 por CONNECTAS, e-consulta y EL CEO —firmada por los periodistas René Valencia y Karla Cejudo— documentó la existencia de esta red y trazó su huella en el sistema de salud federal y estatal entre diciembre de 2018 y 2025. Nuevo Gráfico, a partir del cruce exhaustivo de los datos expuestos en esa investigación con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, listados definitivos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, padrones de proveedores estatales, contratos públicos accesibles en repositorios oficiales y reportes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y de entidades fiscalizadoras locales, reconstruye aquí la anatomía completa del esquema: quiénes firmaron, desde dónde operaron las empresas, cómo se blindaron con el secreto fiscal y por qué el sistema anticorrupción no pudo —o no quiso— detenerlas.
Los 314.4 millones de pesos del nivel federal —el 87% del desfalco total— fueron erogados por tres instituciones: el IMSS, el ISSSTE y el entonces Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Solo el IMSS acumuló 297.5 millones en transacciones con proveedores que el propio SAT determinó que carecían de activos, personal, infraestructura y capacidad material para cumplir un solo contrato. La paradoja es aritmética: una empresa sin empleados registrados ante el Seguro Social, sin flotilla de transporte, sin almacenes refrigerados para biológicos y sin un solo activo tangible verificable cobró, solo en el IMSS, casi 300 millones de pesos por insumos médicos especializados. Cuando los periodistas de CONNECTAS, e-consulta y EL CEO pidieron información al Instituto, este reconoció haber sostenido relaciones comerciales con apenas dos de sus diez proveedores fantasma identificados y negó tener registros del resto. La desaparición de expedientes de adquisiciones que amparan salidas millonarias de capital no es un error de archivo.
Los 47 millones restantes se distribuyeron entre ocho gobiernos estatales. El análisis forense de los contratos y los cruces con los repositorios de transparencia locales permiten identificar la penetración del esquema en al menos cuatro entidades de manera explícita y documentada: Hidalgo, el Estado de México, Oaxaca y Jalisco. En el Estado de México, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) celebró el contrato ISEM-ADQ-ADPURE-066-20 con Comercio Estratégico RR, S.A. de C.V. —una empresa registrada en el SAT con el RFC CER170908868 y cuyo domicilio fiscal declarado era el piso 9 de un edificio en la avenida Presidente Masaryk número 61, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, una dirección clásica de oficina virtual donde decenas de razones sociales comparten un escritorio y una recepcionista que desconoce las operaciones de sus supuestos inquilinos—. Ese contrato fue validado y firmado por funcionarios de alto nivel de la administración estatal mexiquense: el Lic. Alfredo Caso Velázquez, la Lic. Guadalupe Anaya Vázquez como directora de Administración, el Lic. Jorge Salceda Ruanova como subdirector de Recursos Materiales y el Lic. Jorge Juan Pablo Elliot Rodríguez como jefe de la Unidad Jurídico Consultiva. Todos ellos estamparon su firma y validaron la solvencia técnica y moral de una empresa cuyo objeto social declarado ante el SAT incluía, simultáneamente, lavanderías y tintorerías, comercio al por mayor de bebidas refrescantes, vinos de mesa y cervezas, alquiler de inmuebles y —de forma sumamente conveniente— comercio al por mayor de productos farmacéuticos. La incongruencia no fue detectada por ningún filtro previo a la contratación.
En Oaxaca, el esquema se diversificó hacia la obra pública. Los registros de inversión pública y los padrones de contratistas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 muestran la adjudicación de contratos de obra, mantenimiento y edificaciones a empresas integradas a la misma red. Construcciones y Servicios Especializados Tunez, S.A. de C.V., con RFC CSE1402177M8, obtuvo el contrato SPLOP/AD/FIII 044/2020 para el municipio de Oaxaca de Juárez por 2,139,914.49 pesos. La investigación de CONNECTAS, e-consulta y EL CEO estableció que esta empresa registró un domicilio fiscal en la capital de Veracruz que estaba ocupado por otro negocio. Alrededor de la misma red oaxaqueña orbitan otras razones sociales como Ecoprojet, S.A. de C.V., Yogaci Construcciones S.A. de C.V. y Grupo Constructor de Operación Regional Vasram S.A. de C.V. La versatilidad de la red para absorber fondos de distintas partidas presupuestales —no solo proveeduría médica sino también obra pública municipal financiada con recursos del Fondo de Infraestructura Social— demuestra que estas empresas operaban como camaleones administrativos: una misma razón social podía facturar hoy material de curación para el ISSSTE, mañana servicios de limpieza para una delegación del IMSS y la próxima semana estudios de preinversión para un municipio.
En Jalisco, la conexión se establece a través de Grupo Produit S de R.L. de C.V., con RFC GPR200716UN7, una empresa que según los reportes de auditoría del Auditor Superior del Estado de Jalisco correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2019 mantenía múltiples cuentas concentradoras y de flujo en HSBC Institución de Banca Múltiple. Su representante legal registrado era Luis Alonso Tavares Castañeda. El IMSS le adjudicó tres contratos por 3.2 millones de pesos en un solo día —el 3 de mayo de 2022— supuestamente por medicamentos que el propio Instituto declaró después no haber recibido jamás. La dinámica financiera de las cuentas de Grupo Produit desafía toda lógica comercial legítima: en cuanto la tesorería depositaba el pago, los fondos permanecían en la cuenta receptora por un periodo que rara vez superaba las 48 horas antes de ser atomizados mediante transferencias SPEI hacia cuentas de segundo y tercer nivel. El experto fiscal Iván Benumea Gómez, coordinador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, explicó a los investigadores que estas empresas se dedican exclusivamente a mover el dinero sin mantener activos ni ingresos disponibles, lo cual hace prácticamente imposible que el SAT recupere lo evadido.
En Hidalgo, la presencia del esquema se confirma por los cruces de datos en la Plataforma Nacional de Transparencia y los registros de adquisiciones locales de los servicios descentralizados de salud del estado. Este dato resulta particularmente relevante para la cobertura de Nuevo Gráfico: la entidad no solo fue terreno de operación de la red, sino que el antecedente del caso Cyber Robotics Solutions —la empresa propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez que en abril de 2020 vendió al IMSS Hidalgo 20 ventiladores a 1.55 millones de pesos cada uno, de los cuales 11 resultaron completamente inservibles según determinó la Secretaría de la Función Pública— ya había demostrado que la infraestructura de salud del estado es vulnerable a proveedores que no cumplen con lo contratado. La repetición del patrón no es coincidencia sino consecuencia de las mismas fallas estructurales.
Lo que distingue a esta red de un fraude convencional es su ingeniería social. Los verdaderos beneficiarios del dinero nunca aparecen en las actas constitutivas. Los accionistas registrados son ciudadanos en condiciones de pobreza y vulnerabilidad extrema cuyos datos personales, firmas electrónicas y credenciales de elector fueron cooptados a cambio de cantidades mínimas o promesas de empleo ficticias. Las verificaciones de campo realizadas por los reporteros de la investigación original conducen a zonas periféricas donde los domicilios de los supuestos empresarios multimillonarios son viviendas de block gris sin revestimiento, con techos de lámina, asentadas en pendientes de cemento agrietado y carentes de servicios urbanos básicos. La red explota la marginación para blindarse del escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Procuraduría Fiscal: cuando la autoridad busca al responsable, encuentra a alguien que no sabe que su nombre ampara contratos por decenas de millones de pesos.
El andamiaje institucional diseñado para impedir exactamente este tipo de operaciones falló en cada uno de sus eslabones. CompraNet, la plataforma electrónica de compras gubernamentales, carece de una interfaz que permita un bloqueo algorítmico en tiempo real alimentado por los listados de inteligencia del SAT y de la UIF. El resultado es una ventana de impunidad temporal que los operadores explotan con eficiencia industrial: las empresas se crean, ganan adjudicaciones millonarias invocando la urgencia médica, vacían los fondos y desaparecen antes de que la burocracia de auditoría emita su primera alerta. Ninguna de las 26 empresas fue incluida en el padrón de proveedores sancionados de la Secretaría de la Función Pública al momento en que los funcionarios firmaron los contratos. Solo cinco fueron sometidas a revisiones posteriores. Quinto Elemento Lab y el Observatorio Ciudadano de Información de la UNAM calcularon en su investigación “Fantasmas del Erario” que el SAT tarda en promedio 8.1 años en identificar a una empresa que factura operaciones simuladas desde su fecha de constitución.
La investigación de CONNECTAS, e-consulta y EL CEO reveló además un patrón de reemplazo perpetuo: cuando una empresa fantasma es desactivada por el SAT, una nueva es creada para sustituirla en la cadena de contrataciones. Sarahí Salvatierra, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas de Fundar, señaló a los investigadores que ninguna regulación vigente obliga a las dependencias a verificar físicamente la existencia de sus proveedores antes de contratarlos. La inhabilitación de una razón social no disuade a la red porque no deposita valor alguno en la marca comercial: las considera instrumentos jurídicos fungibles y desechables. Cuando la razón social A es boletinada tras haber canalizado decenas de millones, las razones sociales B, C y D ya están operativas con actas constitutivas frescas, sellos digitales prístinos emitidos por el propio SAT y un estatus de cumplimiento temporal positivo.
El 73% de los 93 contratos documentados fueron adjudicados mediante adjudicación directa o invitación restringida a tres proveedores. En un sistema donde el 80% de los contratos federales se asignan sin competencia abierta —según los análisis de CompraNet realizados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad—, la excepción legal se ha convertido en norma operativa. El IMSS gastó más de 97 mil millones de pesos en adjudicaciones directas solo en 2023. En ese mismo año, 362 contratos por más de dos mil millones de pesos no tenían un solo documento accesible en CompraNet. Las compras de emergencia durante la pandemia de COVID-19 eliminaron incluso los filtros mínimos de la normativa ordinaria: cinco de las 26 empresas fantasma obtuvieron contratos del IMSS por 133.1 millones de pesos entre 2020 y 2022 para equipos de protección personal y medicamentos que resultaron de calidad inferior o que simplemente nunca llegaron.
Para que una factura de una empresa sin capacidad material supere todos los controles y sea procesada para pago en el IMSS, requiere invariablemente la firma de conformidad de los administradores del contrato, el visto bueno de los jefes de almacén que certifican haber recibido mercancía inexistente, y la autorización final de los encargados de finanzas. Que 93 contratos hayan superado exitosamente todos estos filtros no indica un engaño perpetrado desde el exterior hacia un Estado ingenuo, sino una operación planificada desde el interior de las dependencias públicas utilizando a las empresas fachada como vehículos de extracción. La facturación simulada genera además un daño colateral en la planeación: el sistema centralizado lee el presupuesto como ejercido exitosamente, lo que impide la liberación de fondos de emergencia para cubrir las deficiencias reales. Los almacenes aparecen llenos en los tableros de control mientras los profesionales de salud enfrentan el desabasto con las manos vacías.
El costo humano no es abstracto. Entre 2019 y 2023, las instituciones de salud acumularon más de 82 millones de recetas no surtidas, según el Colectivo Cero Desabasto. El IMSS dejó de surtir 11 millones de recetas en 2024. En 2025, los reportes de desabasto se triplicaron respecto al año anterior. No es posible establecer una relación causal directa y exclusiva entre los 361.5 millones desviados y un número específico de pacientes afectados, pero la coincidencia entre dinero público que sale del presupuesto de salud hacia cuentas privadas y hospitales que reportan carencia crónica de insumos no requiere interpretación especulativa: requiere auditoría forense.
Esa auditoría es precisamente lo que el secreto fiscal impide. Ante las solicitudes de información presentadas vía la Plataforma Nacional de Transparencia para documentar el seguimiento, las multas y las investigaciones contra los funcionarios que firmaron los contratos, el SAT argumentó invariablemente que cualquier dato sobre investigaciones o sanciones derivadas de estas contrataciones es información confidencial amparada por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Lo que fue diseñado para proteger la información comercial legítima de contribuyentes honestos se ha convertido, en el ámbito de las compras públicas, en un escudo de impunidad que impide a la sociedad civil y al periodismo conocer si hubo sanciones reales o denuncias penales contra los funcionarios del IMSS, del ISSSTE o de los gobiernos estatales que hicieron posible que el fraude se consumara.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, acumula más de 3,200 carpetas de investigación de las cuales solo 169 fueron presentadas ante un juez, con siete sentencias obtenidas. El artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación prevé penas de dos a nueve años de prisión por emitir o adquirir comprobantes fiscales que amparen operaciones simuladas, pero entre 2014 y 2023 solo 17 casos de empresas que facturan operaciones simuladas llegaron ante un juez a pesar de 2,343 querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal. El Sistema Nacional Anticorrupción opera con más del 75% de sus órganos clave incompletos según el monitoreo más reciente de Mexiro A.C. La eliminación del INAI en marzo de 2025 suprimió otro pilar del sistema de transparencia.
Seis de los ocho gobiernos estatales señalados en la investigación de CONNECTAS, e-consulta y EL CEO negaron que los contratos existieran, a pesar de que los documentos llevan las firmas de sus funcionarios. El IMSS desconoce a ocho de cada diez proveedores de su propio padrón histórico. Ninguna de las 26 empresas ingresó al padrón de proveedores sancionados. Ningún funcionario firmante ha sido sancionado públicamente. Los 93 expedientes contractuales permanecen sin auditoría pública conocida.
La distancia entre el marco legal —que contempla prisión preventiva oficiosa por facturación de operaciones simuladas cuando el monto excede los 7.8 millones de pesos— y la realidad operativa define el espacio donde prospera este tipo de corrupción. Un espacio que se mide en recetas sin surtir, cirugías pospuestas, tratamientos improvisados y pacientes que esperan medicamentos que ya fueron pagados con sus impuestos pero que nunca llegarán, porque el dinero ya cruzó múltiples fronteras financieras, las oficinas virtuales fueron desocupadas y los representantes legales —los ciudadanos de las zonas marginadas— se encuentran inlocalizables.
Mientras el Estado mexicano siga validando proveedores con el único requisito de un RFC activo y un acta constitutiva, sin verificación presencial obligatoria de domicilio, personal, capacidad logística ni cruce biométrico de accionistas, cada peso destinado a la salud pública será, potencialmente, un peso disponible para quien tenga una razón social desechable y la certeza de que nadie irá a verificar si detrás de la factura hay un almacén o una casa vacía.
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Investigación original de Nuevo Gráfico con base en el cruce de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, registros de CompraNet, listados del artículo 69-B del CFF, padrones de proveedores estatales, contratos públicos del ISEM y del municipio de Oaxaca de Juárez, y reportes de fiscalización de la ASF y el Auditor Superior del Estado de Jalisco. Investigación detonante: “Fantasmas de salud: Gobiernos mexicanos ejecutaron compras con empresas de papel”, de René Valencia y Karla Cejudo (CONNECTAS/e-consulta/EL CEO, 17 de marzo de 2026). Datos complementarios verificados en Quinto Elemento Lab/UNAM OCI, Impunidad Cero, Fundar, MCCI y Colectivo Cero Desabasto.
