El juicio de lesividad es el medio legal que tienen las autoridades administrativas, incluidas las municipales, para revertir una resolución emitida por ellas mismas en favor de un particular, que considera contraria a la ley y causa perjuicio al estado.
En Hidalgo, podemos encontrar el fundamento de dicho medio en la Ley Orgánica Municipal y se desprende también, a través de la interpretación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, el juicio de lesividad es el medio legal para revocar el acto que suscribió la Presidencia Municipal de Pachuca con la empresa Moviparq (la cual dicen que es empresa fachada de políticos) para colocar parquímetros en la ciudad.
En este orden de ideas, el contrato que celebró Pachuca con Moviparq es completamente lesivo de los intereses de los ciudadanos, vulnera el interés público, ya que más de la mitad de las ganancias por explotar la vía publica, son destinadas para enriquecer políticos y su amigos.
Además, en zonas como San Javier, colocaron parquímetros en lugares donde la Presidencia Municipal de Pachuca carecía de personalidad para celebrar el contrato, ya que los terrenos que ocupan la vía pública fueron donados por la Inmobiliaria San Javier al Gobierno del Estado de Hidalgo (no al municipio), de acuerdo con decreto del Congreso del Estado de Hidalgo (publicado en diario oficial), por lo que, las calles de dicha colonia, incluido su Boulevard, nunca fueron debidamente desincorporados del dominio del estado, para pasar al del municipio.
De acuerdo con lo anterior, ya se verá realmente la voluntad del nuevo presidente municipal de Pachuca para revocar los parquímetros y muchas otras cosas más, en virtud de que a partir de su protesta constitucional, el plazo comenzó a correr para esta administración, y los tiempos tanto en política como en derecho son mortales.
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Julio Alejandro Gálvez Bautista, es Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Civil por la Universidad la Salle; tiene estudios de Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Desde el 2006 se ha desempeñado como profesor de licenciatura y postgrado, así como conferencista en materia de derecho constitucional y derechos humanos fundamentales.
Es apartidista, cuenta con diversas publicaciones en libros, revistas académicas y periódicos, ha enfocado su trabajo en temas sobre derecho constitucional, derechos humanos, derechos sociales, libertad de expresión y reforma gubernamental. Sus aportaciones al campo jurídico a través del tema activismo judicial fueron utilizadas por el Congreso de Argentina para la despenalización de la tenencia para el consumo personal de estupefacientes y psicotrópicos. Es colaborador de la Revista Internacional de Derecho “Garantismo Judicial”, Editorial Porrúa, presidida por el Profesor Luigi Ferrajoli y Dirigida por el Doctor Fernando Silva García. Actualmente es Director General del Semanario Nuevo Gráfico y del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), así como consultor y asesor.
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