Alonso Quijano
20 de diciembre de 2025
El Congreso del Estado de Hidalgo decidió retirar —al menos por ahora— las dos iniciativas que buscaban modificar las reglas del juego rumbo a la próxima gubernatura. La llamada “Ley Gobernadora”, que pretendía obligar a que solo mujeres compitieran por el cargo y, además, ampliar el periodo gubernamental a cinco años para empatar elecciones locales con las federales, fue enviada al congelador legislativo bajo el argumento de una necesaria “revisión de constitucionalidad”.
La instrucción vino directamente del gobernador Julio Menchaca Salazar, quien públicamente pidió al Congreso “enfriar” la propuesta para evitar que termine impugnada en tribunales. La explicación formal suena razonable: nadie quiere una reforma que nazca con fecha de caducidad jurídica.
De igual forma, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un llamado a revisar este tipo de reformas locales que, bajo la bandera de la paridad o el ajuste electoral, pueden rozar —o cruzar— los límites constitucionales. El mensaje fue claro: cuidado con legislar a modo, aunque sea con “buenas intenciones”. En Hidalgo, el eco fue inmediato.
Menchaca reconoció precisamente eso: la “buena intención” de quienes impulsaron la iniciativa, principalmente desde Morena, pero dejó entrever que el costo político y jurídico podría ser mayor que el beneficio. Y no es menor el dilema. Por un lado, obligar a que solo mujeres compitan por la gubernatura en 2028 abre un debate legítimo sobre paridad sustantiva versus derechos político-electorales y discriminación. Sin embargo, extender el mandato a cinco años para empatar calendarios, eso podría ser debatible todavía.
Además, hay un riesgo que pocos quieren admitir en público: que la próxima gubernatura termine siendo para una mujer, sí, pero por un periodo de apenas dos años si la reforma se aprueba mal y a destiempo. Un escenario jurídicamente frágil y políticamente incómodo, que dejaría a Hidalgo atrapado entre la narrativa de avance y la realidad de la improvisación.
Por ahora, el Congreso del Estado de Hidalgo no discutirá la reforma en la próxima sesión. Oficialmente está en pausa. Extraoficialmente, está bajo la lupa de Palacio Nacional, de los tribunales y de la propia clase política local, que ya empezó a medir los efectos colaterales.
No es casual que todo esto ocurra justo cuando la agenda federal contra el nepotismo y los caciques dentro de Morena comienza a incomodar a varios oportunistas en los estados que ya habían invertido cantidades estratosféricas de dinero en promover su imagen. En Hidalgo, como en otros rincones del país, la discusión ya no es solo si la ley es buena o mala, sino a quién beneficia y a quién deja fuera.
