Trabajadores del Poder Judicial salen a marchar por dinero cuando en la práctica desprecian los asuntos de los más pobres.
Julio Gálvez.
En los últimos años, se ha evidenciado una preocupante desconexión entre el Poder Judicial y la justicia para las capas más necesitadas de la sociedad. En lugar de ser el baluarte de la equidad y la protección de los derechos de todos los ciudadanos, el poder judicial parece haber priorizado resolver asuntos judiciales en beneficio de una élite económica y política.
Una de las causas de esta preocupante tendencia es la falta de diversidad ideológica dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su mayoría, los ministros que la componen son considerados conservadores, lo que ha generado críticas sobre su inclinación hacia resolver casos en favor de intereses económicos. La ausencia de un equilibrio entre pensamientos conservadores y liberales, como se observa en la Corte de Estados Unidos, deja a las clases más vulnerables desprotegidas dentro del poder judicial mexicano.
Esta desconexión se vuelve aún más evidente al examinar cómo el Poder Judicial manejó los fideicomisos en el pasado. Estos instrumentos, destinados a diversos fines, se convirtieron en una herramienta para consolidar privilegios y gastos excesivos. Recursos que debían destinarse a causas de interés público se utilizaron para satisfacer las necesidades de la élite como lo son becas en el extranjero, el pago de gastos médicos en instituciones privadas, etc.
Por lo anterior, el Congreso ha tomado medidas para abordar esta problemática. En una sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con un respaldo de 259 votos a favor, una abstención y 205 posicionamientos en contra. Además, se agregó un quinto artículo transitorio a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece la concentración de recursos en la Tesorería de la Federación.
Esta reforma, propuesta por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, busca recuperar alrededor de 15 mil millones de pesos con la extinción de los fideicomisos y destinarlos a otorgar pensiones a personas con discapacidades, en un esfuerzo por beneficiar a quienes menos tienen y fortalecer la justicia en México.
En el debate sobre esta medida, se argumentó la necesidad de redirigir los recursos hacia quienes más los requieren. Sin embargo, también se expresaron preocupaciones acerca del impacto que esta desaparición de fideicomisos podría tener en los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. La discusión arrojó luz sobre la complejidad de encontrar un equilibrio entre la justicia económica y la protección de los empleados de la institución.
La lucha por una justicia equitativa y accesible para todos, especialmente para las clases más vulnerables, es un desafío que requiere atención constante. La reforma del sistema judicial y la redistribución de recursos son pasos cruciales en este camino, y México está en una encrucijada donde debe decidir qué priorizar: los privilegios de unos pocos o la justicia para el conjunto de la sociedad.
