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El Banco Mundial advirtió que la falta de competitividad está afectando el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. En el caso específico de México, destacó el poder político que ejercen algunas empresas del sector de las telecomunicaciones. Se señala que la concentración y la fijación oligopólica de precios están ampliamente documentadas en este sector.
Según el reporte “Competencia: ¿el ingrediente que falta para crecer?”, inicialmente ni la agencia de competencia ni el regulador sectorial lograron controlar el poder de monopolio. El informe indica que Telmex y otras empresas líderes en la industria de las telecomunicaciones son consideradas “poderes fácticos”, es decir, actores poderosos capaces de influir o evadir controles a través de su interferencia en los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La entidad internacional señala que la “élite de las telecomunicaciones” y los medios han recurrido al lobby sistemático para obtener leyes favorables, y que han utilizado el sistema judicial mexicano para obstaculizar a los reguladores.
Destaca que como resultado de este acuerdo, en ese mismo año se realizaron cambios significativos a la Constitución en términos de competencia. Sin embargo, hasta la fecha, estos cambios no se han traducido en modificaciones estructurales en el sector, el cual sigue estando dominado por las mismas empresas.
El Banco Mundial recuerda que a principios de la década de 2000, el gobierno mexicano reformó el marco regulatorio para la industria de las telecomunicaciones, debido a que la legislación existente, aprobada en 1960, era extremadamente obsoleta. En octubre de 2004, se presentó un proyecto de ley que estableció una nueva legislación para regular la industria, lo que generó grandes expectativas.
No obstante, señala el organismo, la inestabilidad política en torno a las elecciones presidenciales de 2006 provocó el retiro del proyecto de ley. El 1 de diciembre de 2005, se presentó un proyecto de ley completamente diferente, que fue aprobado por la Cámara de Diputados de manera unánime el 21 de marzo de 2006, tras apenas siete minutos de debate.
El Banco Mundial agrega que posteriormente, el Senado aprobó el proyecto de ley sin modificaciones, a pesar de la oposición de una minoría de sus miembros. Se presume que esta rápida aprobación de la nueva legislación, sin importantes modificaciones, fue el resultado de un intenso lobbying.
El Banco Mundial añade que la legislación de 2006 fue considerada como un retroceso para la competencia en el sector de las telecomunicaciones, ya que recibió críticas por favorecer a empresas de relevancia como Televisa y TV Azteca.
La nueva ley benefició de al menos dos maneras a las grandes compañías en comparación con los recién llegados. En primer lugar, otorgó el control de las concesiones del espectro radiofónico por 20 años a las emisoras de radio incumbentes, dándoles prioridad en la renovación. Esto esencialmente garantizó el control perpetuo del espectro radiofónico a empresas como Televisa.
En segundo lugar, amplió el alcance de las emisoras incumbentes. Bajo la nueva ley, aquellas que desearan utilizar las frecuencias radiofónicas para ofrecer servicios de telecomunicaciones adicionales podían hacerlo sin cargo, mientras que a los recién llegados se les exigía participar en una subasta para obtener frecuencias.
En resumen, según el Banco Mundial, la nueva ley dificultó enormemente la entrada al mercado para los recién llegados, lo que resultó en una falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones. Esto, a su vez, se tradujo en una menor calidad del servicio y en una menor fiabilidad de la información transmitida.
