Julio Gálvez
En una postura inusualmente frontal, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno de Estados Unidos asumir su parte en el combate al robo de combustible y al narcotráfico, al señalar que la red de huachicol es transnacional y opera en complicidad desde ambos lados de la frontera. “Cuando viene de Estados Unidos a México este combustible, pues obviamente alguien de allá tiene que estar involucrado con alguien de acá”, lanzó desde Palacio Nacional. Su declaración no solo es un reclamo directo a Washington, sino también un mensaje hacia dentro: la corrupción en torno al huachicol no solo no ha desaparecido, sino que mutó, y en estados como Hidalgo, se enquistó bajo el cobijo del poder político.
Sheinbaum habló tras la publicación de un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que advierte que el huachicol ya no se limita a la tradicional perforación de ductos. Hoy los grupos criminales operan cerca de instalaciones de Pemex, donde obtienen combustibles mediante amenazas y corrupción a empleados, elevando el grado de sofisticación de este delito. Frente a ello, la presidenta aseguró que México realiza operativos constantes para frenar el fenómeno. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha encabezado varios de estos despliegues, como el realizado recientemente en Hidalgo, donde se decomisaron más de 183 000 litros de hidrocarburo en Atotonilco de Tula y se desmantelaron centros clandestinos de almacenamiento.
Pero el problema no es nuevo. En Hidalgo, la historia del huachicol está marcada por una tragedia que evidenció la hipocresía de su clase política. En enero de 2019, más de 130 personas murieron calcinadas tras una explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan. El entonces gobierno de Omar Fayad no tardó en “llegar primero” al lugar de los hechos para otorgarle una problemática maquillada al presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de los escombros y la indignación. Sin embargo, esa cercanía no trajo soluciones. Por el contrario: el huachicol continuó creciendo entre un grupo de pseudo empresarios y prestanombres en la entidad bajo su gobierno, con una mezcla de omisión y encubrimiento que ha convertido a la entidad en parte del mismo engranaje de impunidad.
Hoy, Hidalgo se mantiene como uno de los estados más afectados por el robo de combustible, con 3 328 tomas clandestinas registradas entre enero de 2024 y abril de 2025, seguido por Jalisco (2 487) y Guanajuato (1 212). Solo entre enero y abril de este año, se abrieron 225 carpetas de investigación por este delito en la entidad, ubicándola en el cuarto lugar nacional. A pesar de los decomisos y detenciones, el fenómeno persiste, en parte porque los gobiernos locales anteriores optaron por mirar hacia otro lado mientras se lucraba con la crisis.
Frente a esto, Sheinbaum dejó en claro que la estrategia debe ser binacional. Así como México apoya que no llegue droga a Estados Unidos —dijo—, también exige que se frene el tráfico de combustible y armas hacia el sur. “¿Quién vende la droga en Estados Unidos? ¿Quién lava el dinero allá?”, cuestionó la presidenta. “Ellos no solamente deben mirar hacia México, deben mirar hacia su propio país y hacer las detenciones que tengan que hacer”.
Con más de 39 millones de litros asegurados en ocho meses de gobierno y operativos en curso como el de Coahuila, donde se incautaron más de 15 millones de litros en una sola acción, el gobierno federal ha querido demostrar que se toma en serio el combate al huachicol. Sin embargo, Sheinbaum insiste: sin cooperación real del vecino del norte, sin que Estados Unidos actúe contra los compradores, lavadores de dinero y traficantes de armas y combustibles en su territorio, el esfuerzo será siempre incompleto.
“Eso lo decimos públicamente y en las reuniones que tiene el Gabinete de Seguridad con Estados Unidos, con el embajador. Lo hemos planteado abierta, pública y en privado. Eso es la colaboración, la coordinación en el marco del respeto a nuestra soberanía”, concluyó.
