¿Todo es culpa del Poder Judicial?



Alonso Quijano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ve envuelto en un patrón de impunidad, reminiscente de administraciones priistas anteriores.

La liberación gradual de presos políticos, una práctica común en regímenes autoritarios, está cobrando fuerza en la era de la 4T.

Recientes casos como el de Rosario Robles y ahora el de Jesús Murillo Karam, acusado por delitos relacionados con las investigaciones del caso Ayotzinapa, exponen la debilidad del sistema judicial mexicano, la improductividad de la fiscalía general de la república y las fisuras en la lucha contra la corrupción.

El gobierno de AMLO, en lugar de asumir responsabilidad, busca evadir culpabilidad, atribuyendo las liberaciones al poder judicial y no a la deficiencia en las investigaciones. Sin embargo, esta táctica no hace más que resaltar la falta de acción efectiva para combatir la corrupción y la simulación del gobierno de de México.

Es importante reconocer que la transición pacífica entre presidentes es una característica fundamental de la democracia mexicana. La sucesión de AMLO tras Peña Nieto siguió este patrón.

Sin embargo, las comparaciones históricas con el gobierno de Benito Juárez y la supuesta alineación de intereses con Estados Unidos al final de su sexenio plantean interrogantes sobre el rumbo de la política exterior y las decisiones estratégicas del gobierno de AMLO. 

La liberación de presos políticos y la percepción de una influencia creciente de Estados Unidos en la política interna de México plantean desafíos y debates que merecen una reflexión profunda sobre el futuro del país y su posición en el ámbito internacional.

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Fotografías del mismo día, cuando entró a la cárcel Murillo Karam y salió Rosario Robles. Ahora los dos ya están en libertad al concluir el sexenio de AMLO.