María Gil
En una carta escrita desde prisión, Armando Mera Olguín, ex presidente de Progresó de Obregón, denuncia las condiciones inhumanas a las que ha sido sometido durante su reclusión en una celda de máxima seguridad en Pachuca, Hidalgo. Confinado durante nueve meses sin acceso a luz solar, agua potable ni servicios básicos, Mera describe su situación como una forma de tortura, orquestada para silenciar su voz tras denunciar actos de corrupción en el estado.
Mera, quien fuera funcionario municipal y miembro de Morena, afirma que su detención es consecuencia directa de sus denuncias sobre un “cártel de la obra pública” que, según señala, ha triplicado los costos de los proyectos en Hidalgo bajo el control del partido en el poder. Además, sostiene que su caso refleja la manipulación del poder judicial por intereses políticos, reviviendo prácticas represivas comparables a las de los tiempos del PRI con gobernantes como Sánchez Vite, cuando se utilizaba la cárcel como herramienta de control político.
En su misiva, Mera asegura haber demostrado que nunca sustrajo recursos públicos y que incluso destinó fondos propios para el desarrollo municipal. Sin embargo, acusa que la verdadera razón de su detención es haber utilizado su investidura para exponer prácticas corruptas, lo que lo convirtió en un objetivo político.
El caso de Armando Mera Olguín pone de manifiesto la creciente percepción de represión política en Hidalgo, en un contexto donde los liderazgos sociales y críticos del régimen parecen estar bajo una fuerte presión, evidenciando la fragilidad de los derechos humanos y del estado de derecho en la entidad con un poder judicial sometido a intereses políticos.
CARTA:
